Géneros y Sexualidades

BAHÍA BLANCA - IMPUNIDAD

La Policía del gatillo fácil reparte volantes contra la violencia de género

Durante el Jueves 30 de julio en Bahía Blanca el personal de la comisaría cuarta en colaboración con el de la comisaría de la mujer realizó un operativo de concientización respecto a la violencia de género. Consistente en abordar a quienes circulan en vehículos y son frenados por la policía de tránsito para informar sobre medidas de prevención y accionar policial ante las crecientes denuncias.

Melina Ricke

Docente | Delegada de Suteba Bahía Blanca

Domingo 2 de agosto | Edición del día

El eje de la campaña está puesto en hacer llegar a la comunidad bahiense los números de emergencia y los organismos gubernamentales a los que acudir.

Resulta relevante resaltar que la campaña comienza el mismo día que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de personas, una denuncia históricamente levantada por el movimiento de mujeres contra el entramado de corrupción policial responsable de que la explotación sexual de mujeres (principalmente las trans) y niñes sea para el Estado y las fuerzas un negocio millonario.

De esta manera el gobierno de Héctor Gay y sus medios de comunicación amigos siguen lavándole la cara a la Policía, en consonancia con el gobierno provincial y nacional, a la par que fortalecen el aparato represivo.

Desde el inicio de la pandemia vimos cómo van en aumento los casos de violencia de género que deja al desnudo la situación de vulnerabilidad de las mujeres que quedan encerradas en sus hogares junto a sus agresores. La única respuesta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue poner centralidad en los números de ayuda y la flexibilización de la cuarentena para las mujeres y sus hijes que necesiten acercarse a una comisaría para hacer una denuncia. Al mismo tiempo el gobierno de Alberto Fernández viene llevando adelante una política cuya consecuencia es el acrecentamiento de la precarización y el desempleo para millones de mujeres, mientras llena los bolsillos de los empresarios multimillonarios.

En un contexto de ausencia de medidas básicas como refugios, planes para el acceso a las viviendas y el empleo, licencias pagas para todas las víctimas y sus familias, subsidios que garanticen el ingreso igual al costo de la canasta familiar y acompañamiento de equipos interdisciplinarios, esta campaña no es más que el intento de legitimación de la “Policía del cuidado” cuando las fuerzas represivas están bajo la mira. Hoy podemos ver cómo se vuelven a llenar las redes y las calles de denuncias a consecuencia de la desaparición de Facundo Castro a manos de la bonaerense, que carga a sus espaldas un nefasto historial de gatillo fácil, donde Berni y Kicillof son responsables, y por el aumento de casos de brutalidad policial a lo largo y ancho del país con responsabilidad del gobierno nacional con Frederic a la cabeza.

Estas políticas no son una novedad, ya durante el gobierno de Macri, cuyo aval a la doctrina Chocobar se convirtió en una de las políticas fundamentales del Ministerio de Seguridad, la formación de las fuerzas represivas en cuestiones de género se configuró como una lavada de cara explícita a la par que el presupuesto para las víctimas de violencia no superaba los 11 pesos por mujer. En la actualidad, no solamente se dio que el presupuesto per cápita fue ínfimamente aumentado, sin políticas de respaldo que tomen en consideración el mayor estado de vulnerabilidad al que nos arroja la cuarentena, sino que además las vías de legitimación de la policía siguen siendo las mismas.

No podemos dejar de decir que esta misma Policía, que hoy reparte volantes contra la violencia de género, y que los gobiernos nos quieren vender una imagen distorsionada de su rol de cuidado, es parte de todo un aparato represivo que durante esta cuarentena ha reprimido a las mujeres que salieron a trabajar o a defender puestos de trabajo, siendo nosotras las que ocupamos las cifras más grandes de desempleo y precarización, y que el gobierno utiliza cada vez más para poder llevar adelante una política de ajuste a las mayorías.

La misma que actúa en los barrios donde día tras día se suman pibes asesinades. La que ejerce toda la brutalidad policial contra los pueblos originarios y migrantes, además de detenciones seguidas de muerte como el caso de Florencia Morales en San Luis, detenida por la policía provincial por “violar la cuarentena” y que luego fue encontrada sin vida dentro de una celda.

Las mujeres que nos organizamos consecuentemente contra la violencia de género desde hace ya más de cinco años, como quedó demostrado en las masivas movilizaciones del Ni Una Menos y por el aborto legal, no podemos depositar nuestra confianza en un Estado y sus distintos gobiernos que sólo responden a nuestros problemas con la Policía responsable de las redes de trata, del encubrimiento de femicidios y de la brutalidad en las calles. No alcanza con la concientización ni con la formación en problemáticas de género, es necesario poner en cuestión la totalidad del aparato represivo y su impunidad. No queremos que el gobierno nacional de Alberto Fernández, provincial de Axel Kicillof y local de Héctor Gay sigan fortaleciendo a las fuerzas represivas, ni que estos mismos junto a sus medios de comunicación amigos le sigan lavando la cara a esta política de avanzada de la represión, queremos una salida de fondo y que el Estado deje de ser el primero en violentar a las mujeres.







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