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La Perla: centro de detención de obreros y estudiantes

La Perla fue uno de los Centros Clandestinos de Detención, tortura y desaparecidos más grandes del interior del país. Funcionó desde 1975, previo al golpe, hasta fines de 1978.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Domingo 28 de agosto de 2016 | 00:00

Se estima que en ese lapso estuvieron detenidos-desaparecidos alrededor de 3.000 personas, de las cuales solo 200 sobrevivieron. Las víctimas fueron los protagonistas del Cordobazo. Obreros y estudiantes poblaron este Centro Clandestino de Detención bautizado por los genocidas como "la Universidad, por todo lo que allí se aprende".

Los orígenes de La Perla, como Centro Clandestino de Detención (CCD), se remontan a los meses previos al golpe, donde se hallaba las bases del Grupo de Tareas Comando Libertadores de América, integrado por miembros de inteligencia del Ejército y la Policía de la provincia de Córdoba. Desde el mismo día del golpe los integrantes del Comando Libertadores de América se hacen cargo orgánicamente de dirigir el CCD, hasta que a fines de 1978 cierran La Perla y el lugar pasa a manos de un escuadrón de caballería del Tercer Cuerpo del Ejército, hasta que en 2007 fue convertido en Espacio de la Memoria.

Durante los años que funcionó el centro de detención se encontró bajo la responsabilidad del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez. El segundo responsable fue el general Juan Bautista Sasiaiñ, quien fuese jefe de la Policía Federal durante la dictadura, procesado por causas de lesa humanidad, murió en 2006. El Jefe de interrogadores fue el teniente primero Ernesto “Nabo” Barreiro, quien recién recibió su primera condena, el pasado 25 de agosto. Fue condenado entre otros delitos por ser el coautor mediato e inmediato de 548 secuestros, 532 torturas, 264 homicidios.

Antes del golpe

Si bien el golpe militar fue el 24 de marzo de 1976, en la provincia de Córdoba el terrorismo de Estado comenzó a fines de febrero de 1974 con el “navarrazo”. El gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, fue destituido por el jefe de la Policía cordobesa, comisario Antonio Navarro, con el apoyo explícito del ex presidente Juan Perón. Desde entonces las Fuerzas Armadas y de Seguridad armaron un aparato represivo para perseguir y aniquilar a sangre y fuego a la oposición política: obreros, estudiantes y militantes de izquierda.

Desde este golpe en la provincia mediterránea comenzaron a operar bandas armadas de ultraderecha bajo el amparo del Estado, y se instalaron los primeros centros de exterminio como Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía (D2), Penitenciaría de San Martín.

Córdoba no fue la excepción. La Triple A, un grupo parapolicial que actuó bajo las órdenes de Juan Perón, tuvo como objetivo diezmar en todo el país a la vanguardia surgida en el Cordobazo. Como Perón intentó, pero no pudo, desviar el proceso revolucionario abierto con el Cordobazo, organiza la Triple A para aniquilar a la oposición de izquierda al gobierno y a la vanguardia obrera estudiantil que comenzaba a cuestionar al peronismo en el poder.

Del Cordobazo a La Perla

El 29 de mayo de 1969 la clase obrera junto a estudiantes y el pueblo pobre de Córdoba llevaron a cabo una semi insurrección obrera y popular que hirió de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ese día, en que la clase obrera puso en vilo a la burguesía, se abrió un proceso revolucionario que solo pudo ser cerrado con el golpe contrarrevolucionario del 76. Apelaron primero a la Triple A, pero no lograron terminar con las coordinadoras interfabriles y el ascenso obrero estudiantil. El golpe cívico-militar tuvo entre sus principales objetivos concluir lo que había comenzado el peronismo con la Triple A.

Solo desde ahí se puede explicar la ferocidad con que los militares torturaron y aniquilaron a los detenidos en los centros de detención, particularmente de La Perla y Campo la Ribera. A través de los sobrevivientes se conocen, no solo los horrorosos crímenes, sino la mayor crueldad para hacer morir de dolor a sus víctimas.
Llegar a La Perla comenzaba por ser despojado del nombre, a cambio le asignaban un número. El objetivo era comenzar por arrancar a los detenidos-desaparecidos de su identidad. El aislamiento iba acompañado de todo despojo de lo humano.

Los primeros informes sobre los detenidos en La Perla dan cuenta que centenares de jóvenes fueron secuestrados y llevados a dicho centro. Sus edades oscilaban entre los 16 y los 18 años. Eran activistas estudiantiles, delegados de colegios secundarios, muchos del Colegio Manuel Belgrano. Un 60 % de los detenidos eran obreros, y un número considerable de ellos estudiaban en la universidad. Entre los detenidos estuvieron René Salamanca, dirigente del Smata; Tomás Di Toffino, quien fue secretario adjunto de Luz y Fuerza. Los trabajadores detenidos-desaparecidos en La Perla pertenecían a los gremios de Luz y Fuerza, del Smata, Sitrac Sitram, Perkins, UOM, así como trabajadores, docentes, judiciales, de prensa, profesionales, también empleados públicos y municipales, entre otros.

Lo que se probó durante el juicio

Durante el juicio por los crímenes cometido por los genocidas en el centro clandestino La Perla, quedó demostrado que en la provincia mediterránea comenzó el terrorismo de Estado en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón.

También se demostró que hubo un plan sistemático de robo de bebés, por lo cual por primera vez, en las dieciocho condenas que tienen Menéndez, se lo condena por el robo de niños menores de 10 años. Se comprobó la usurpación de una empresa y además se calificó que los crímenes sexuales también forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

El juicio duró tres años y nueve meses. Hubo 350 audiencias con más de 1.000 horas de duración y 600 testigos. No se conoce el número exacto de las víctimas que pasaron por este CCD, por no se abrieron los archivos, pero se calcula que fueron alrededor de 3.000 personas. Pero en esta megacausa solo se juzgaron por 716 casos. Después de cuarenta años se imputó tan solo a 58 represores, diez murieron durante el juicio, otros se los excluyó por falta de mérito y finalmente 43 represores llegaron a juicio. Cuántos de ellos quedaron impune no se sabe, porque todo lo que se conoce de este CCD, como del resto, es por el testimonio de los sobrevivientes, que junto a familiares y organismo de derechos humanos reconstruyeron parte de la historia.

Si estas cifras reflejan el horror vivido durante la dictadura, hay otra que muestra que “juicio y castigo a los culpables de los 30.000 desaparecidos” continúa siendo una bandera de lucha. Más de 10.000 personas se movilizaron hasta los tribunales de Córdoba; entre ellos muchos jóvenes de escuelas secundarias concurrieron a conocer la sentencia y a festejar cada condena a cadena perpetua que recibieron los genocidas.

No solo se festejó la prisión de un puñado de represores, también se condenó el golpe militar que aniquiló la insurgencia obrera.

Estas movilización junto a las que se desarrollan en La Plata contra el fallo a favor de Etchecolatz para concederle la prisión domiciliaria, son un claro mensaje para el gobierno de Macri, que comenzó a “corregirse” de sus dichos, de que no hay espacio para hablar de “guerra sucia”.







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