Pasado el mediodía del lunes 9 de enero, desalojaron a 400 familias de un predio abandonado ubicado en Ruta 21 y Carlos Casares. Balas de goma y policías de civil es la respuesta del gobierno a las familias que necesitan vivienda. Vecinos convocan a organizaciones y exigen la libertad de los detenidos.
Escuchá esta nota
Lunes 9 de enero | 16:53
En la localidad de Laferrere a pocas cuadras Ruta 21 y Carlos Casares, más de 400 familias del fueron desalojadas durante la tarde del lunes 9 de enero en un predio abandonado que oficia de basural a cielo abierto. Pasadas las 17, desde los móviles de la Policía Bonaerense, tiraron balas de goma contra los vecinos. Además se vio claramente el accionar de civiles al lado de los patrulleros tirando directamente sobre los vecinos.
Hay dos vecinos detenidos en la Comisaría 2° Altos de Laferrere. Organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales son convocadas por los vecinos para exigir la urgente libertad.
Repudiamos la represión a las familias q luchan por tierra en LaMatanza. Se ve claramente el accionar d la policia de Espinoza-Kicillof junto a civiles contra 400 familias con niñxs y ancianos q pelean por viviendas.
¡Lxs vecinxs denuncian que hay detenidxs, libertad inmediata! pic.twitter.com/chaUxmHKEu
— David Ezequiel Maidana ❤💚✊ (@DavidEzMaidana) January 9, 2023
"Necesitamos un lugar para criar a nuestros hijos" cuenta de una de las vecinas, que en reiteradas oportunidad sufrió desalojos. Las consecuencias de la crisis económica y social que cada día expulsa a más familias de los alquileres golpea directamente sobre estas familias trabajadoras que ya fueron reprimidas por en reiteradas oportunidades.
Repudio a la Represión de la Bonaerense y civiles no identificados en #lamatanza contra 400 familias. Se encontraban muchas niñeces y ancianos.
Los vecinos denuncian heridos y detenidos. Libertad inmediata.
#tierraparavivir pic.twitter.com/Br9RB5qV8h— Naty Hernandez (@Hernand_nati) January 9, 2023
Desde el gobierno nacional, provincial y municipal la única respuesta a la necesidad de una tierra para vivir de más de 3.800.000 familias en el país, que sufren estigmatización, represión y el desalojo. Lejos de priorizar los intereses de "los últimos" tal como propusieron en sus campañas electorales, el gobierno peronista ajusta para garantizar los pagos al Fondo Monetario Internacional.
Temas
