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Red Internacional

Abogadas del CeProDH pidieron la revocatoria del fallo que dispuso que los trabajadores del citrus detenidos de forma ilegal debieran pagar los gastos del proceso. Destacaron que se trata de sentar un peligroso precedente contra quienes reclaman por sus derechos en el marco de las violaciones a derechos por parte de la Policía provincial.

Martes 27 de abril | 21:30

En el día de ayer Maia Hirsch y Mariana Arreguez, abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) realizaron una presentación judicial contra uno de los puntos de la sentencia emitida por el Dr. Eduardo Martin González, juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, que implica que los trabajadores del citrus detenidos de forma ilegal debieran afrontar los gastos del Habeas Corpus que se presentaron.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de abril, cuando 5 trabajadores del limón fueron detenidos en una garita de colectivo y trasladados a la comisaría de El Chañar, donde permanecieron detenidos por más de 6 horas. Se trató de arrestos dispuestos sin dar intervención a la fiscalía de turno, ni juez alguno, ordenados por el Jefe de la Regional Este, Fabio Ferreyra, quien tiene denuncias por abuso sexual, torturas y maltratos.

La noticia de esta detención ilegal se empezó a visibilizar en distintos medios de comunicación y generó un amplio repudio, por lo que al momento de emitirse la sentencia, los obreros detenidos ya habían sido liberados.

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Es necesario destacar que dicha presentación legal se encuentra prevista para casos en los que se lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos en la Constitución Nacional o la Constitución Provincial, estableciendo específicamente que procede cuando se trate de privación de derechos sin orden escrita de Juez competente.

Desde el organismo consideran que la condena en costas no solo no debe proceder contra los trabajadores, sino que deben recaer sobre los policías que fueron parte de los hechos denunciados. A la vez que plantearon que representa un precedente muy grave para quienes intentan ejercer su derecho de defensa, máxime cuando los responsables de las violaciones a los derechos humanos sean el Estado provincial a través de cualquiera de sus agentes en las fuerzas represivas.

Las abogadas del CeProDH sostuvieron que las detenciones forman parte del intento de amedrentamiento por parte del gobierno de Manzur que busca frenar los reclamos que vienen llevando adelante las y los trabajadores del citrus a lo largo de toda en la provincia. Así como la continuidad de los operativos policiales ubicados en las rutas desde el viernes y que en el día de hoy golpeó a trabajadores autoconvocados del citrus que se encontraban en el puente Castro Barros.

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La respuesta del Ministerio de Seguridad del Gobierno provincial que defendió las detenciones ilegales se da en medio de las crecientes luchas que se vienen desarrollando en la pandemia por salarios y contra las brutales condiciones de trabajo que incluyó protestas de trabajadores de la salud, docentes, trabajadores de comercio, de la UTA y más sectores.

El fallo judicial cuestionado implica un peligroso precedente contra quienes reclaman por sus derechos en el marco de las violaciones a derechos por parte de la policía provincial, la misma que es responsable de las muertes de Luis Espinoza, Ceferino Nadal y de los casos de “gatillo fácil” como el de Facundo Ferreyra.




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