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Red Internacional

Impunidad clerical.La Justicia entrerriana anuló la condena al cura abusador Marcelino Moya

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, por mayoría, resolvió declarar la prescripción del delito. Marcelino Moya había sido condenado a 17 años de prisión. Un nuevo acto de complicidad judicial que sostiene la impunidad de la Iglesia católica.

Domingo 29 de agosto | 19:41

Una vez más la justicia se rinde a los pies de la jerarquía católica y le da un cachetazo a las víctimas, que luego de años de padecimientos se animan a denunciar abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia católica.

El cura Marcelino Moya, quien fuera condenado a 17 años de prisión en 2019 por “corrupción agravada de menores y abuso sexual simple agravado”, fue absuelto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Entre Ríos.

Condena que, en diciembre de 2020, había sido confirmada por la Cámara de Casación Penal. La defensa del cura había interpuesto una impugnación extraordinaria que fue resuelta el pasado 27 de agosto.

En el fallo, la Sala Penal resolvió declarar la prescripción de los delitos cometidos por Moya, hechos que habían sido calificados como delitos de corrupción agravada reiterada y abuso sexual simple agravado en concurso real entre sí; dictando su sobreseimiento.

El primer voto fue en disidencia. La jueza Claudia Mizawak entendió que hubo responsabilidad y encubrimiento de las autoridades eclesiásticas hacia la conducta abusiva a menores por parte Moya. Se pronunció por el rechazo de la impugnación extraordinaria y la confirmación de la condena.

Para Mizawak, “se acreditó fehacientemente que las autoridades eclesiásticas provinciales de esa época encubrieron y protegieron al acusado, obstaculizando la efectiva posibilidad de que las víctimas acudan a la justicia para instar la acción penal, impidiendo la investigación de los delitos”.

"La Iglesia Apostólica Católica Romana, encubrió y protegió a Moya, omitiendo investigar la conducta de quien se valió de la superioridad y confianza que su cargo clerical le otorgaba frente a los menores, abusando sexualmente de ellos en dependencias pertenecientes a la Iglesia Católica, lesionando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas", fundamentó Mizawak a la vez que sostuvo que "no tuvieron posibilidad de obtener acceso a una protección judicial ante la afectación de sus derechos por su vulnerabilidad” y “la actitud encubridora de la institución comprometieron severamente el derecho a la tutela judicial efectiva”.

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En contraposición, el juez Daniel Carubia fundamentó su voto dando lugar a la prescripción del delito. Señaló que las víctimas tardaron mucho tiempo en denunciar los abusos. "Aunque se insista desde los órganos de la acusación pública en la existencia de supuestos impedimentos para acceder a la justicia y transcurrido el tiempo, ya crecidos aquellos menores, convertidos en adultos y superadas las circunstancias impeditivas que supuestamente habrían existido en la época de los hechos, no es dable encontrar explicación ni razón alguna para que no hayan podido acceder a la justicia antes de transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal, lo cual pudieron hacer y sus denuncias hubieran tenido el adecuado tratamiento”.

El juez señaló que “los denunciantes han dejado transcurrir muchos años antes de brindar la notitia criminis a la justicia desde que habrían padecido los abusos que denuncian; hace, además, demasiado tiempo que dejaron de ser niños y no se tiene en cuenta que crecieron y pudieron recurrir en incontables oportunidades a efectivizar sus denuncias sin que ninguna traba se haya puesto desde el Estado para obstaculizar su acceso”. El vocal Miguel Ángel Giorgio adhirió a los fundamentos desarrollados por Carubia en su voto.

Para los jueces no hay discusión sobre la existencia de delito; cuestionan (y así fundamentan su fallo) el tiempo que tardaron las víctimas en denunciarlos. Fue absuelto por el paso del tiempo, no por inocencia. No solo son silenciadas, despreciadas y hasta criminalizadas por la jerarquía católica (con Bergoglio a la cabeza), al haber decidido denunciar públicamente los abusos y demás torturas cometidas por los hombres de sotana a lo largo de décadas (quizás por siglos), resulta más provocador aún que quien deba impartir justicia sostenga la impunidad de abusadores sexuales.

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Para Pablo Huck fue una dura noticia, colmada de bronca e indignación. En diálogo con este medio, uno de los denunciantes del cura, manifestó que este tipo de resoluciones judiciales "atentan contra la posibilidad de seguir confiando en la justicia y que se estimule la denuncia y la visibilización de estos temas". Sobre la decisión de declarar prescriptos los abusos, (sobre los cuales la defensa del cura nunca presentaron pruebas o testigos que puedan desacreditarlos) manifestó que "pareciera que algunos no tienen la intención de ver a un abusador tras rejas".

Pero la lucha de las víctimas sobrevivientes de los abusos y demás crímenes a manos de curas y obispos no se detendrá. Huck aseguró que se presentarán ante la Corte Suprema, rescatando como un hecho muy valioso "que se lo llevó al banquillo y se demostró que es un delincuente sexual".

Vale recordar que un factor clave que garantiza que la jerarquía eclesiástica se maneje con total hipocresía e impunidad sin pagar un solo costo por ello, es el encarnado vínculo que mantiene la Iglesia católica con el Estado, tanto nacional como de las provincias y municipios. Por lo que el Estado es más que responsable de la impunidad con la que cuentan.

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"Quedará en manos de la Justicia seguir considerando que quede libre como lo está desde el momento de la denuncia. Saben que hay un pedófilo suelto que la Iglesia nunca excomulgó, o sea, los fieles de la Iglesia católica estarían a riesgo de entrar un día a una parroquia y encontrárselo a Moya, condenado por abuso sexual, dando una misa".




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