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DERECHOS HUMANOS

La Corte avaló crimen de lesa humanidad en Techint

Lo hizo mediante un fallo, con votación dividida, que rechazó un reclamo de la familia de Enrique Ingeniero, desaparecido en 1977, en la planta Dálmine de Campana.

Viernes 10 de mayo | 12:38

La Corte Suprema de la Nación emitió un fallo, en el que favorece a Techint, en el que rechaza un reclamo indemnizatorio contra la empresa presentado por parte de los familiares de Enrique Ingeniero, desaparecido en 1977 (durante la última dictadura cívico militar) en la planta Dálmine de Campana, propiedad del grupo empresario.

La resolución judicial, que decreta que los reclamos patrimoniales vinculados a delitos de lesa humanidad prescriben, contó con los votos de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, mientras que Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia.

El caso data de 20018 y se inició a raíz de una demanda presentada por María Gimena Ingeniero, hija de Enrique Ingeniero e Irma María Pompa, que también se encuentra desparecida. Ambos fueron detenidos el mismo día, el 5 de mayo de 1977, pero en distintos lugares. Mientras que Pompa, que estaba embarazada de tres meses, fue detenida por un grupo de tareas en su casa, Ingeniero fue secuestrado en la obra de ampliación Dálmine en Campana del grupo Rocca.

La familia de Ingeniero había obtenido un fallo favorable en 2012, en la Cámara Nacional de Trabajo que estableció que tenía derecho a percibir una indemnización por parte de la empresa por considerarla responsable de la desaparición. Sin embargo, la empresa apeló, cuestión por la que terminó resolviendo la Corte.

Techint y su rol durante la dictadura

El emporio Rocca surgió en Italia en 1945, cuando Agostino Rocca, abuelo de Paolo Rocca, creó la Compagnia Tecnica Internazionale, alias Techint. Desde sus comienzos el grupo empresarial se dedicó a hacer grandes negociados con los Estados de Argentina y Brasil, cuestión que le reportó millonarias ganancias, y por supuesto también denuncias por corrupción.

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Junto a los grupos Roggio y Macri, fue uno de los sectores empresariales más beneficiados política y económicamente por la última dictadura cívico militar iniciada con el golpe del ’76. Por esta razón, este fallo constituye un claro mensaje de impunidad hacia uno de los miembros de la clase empresaria que jugó un rol sumamente activo en la planificación y consumación del golpe. Empresarios y genocidas tenían un mismo objetivo: combatir mediante una brutal represión, la oposición obrera, que incluso comenzó antes de marzo del 76, que desafiaban los planes económicos y políticos y se oponían a la burocracia sindical.

Prueba de esto es que fueron muchismos los trabajadores que, señalados por la burocracia sindical y sus patrones, fueron secuestrados por grupos de tareas en sus mismos lugares de trabajo, como el caso de Ingeniero. Y una prueba aún más contundente son los centros clandestinos de detención montados en empresas, como fue el caso del denominado "Quincho" de la automotriz Ford.

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En el grupo Techint, en total unos 80 trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado de distintas maneras, entre desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros. En particular, en Dálmine-Siderca, 39 trabajadores permanecen aún desaparecidos, 7 fueron asesinados y 34 son sobrevivientes.







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