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Red Internacional
La Izquierda Diario

La Comunidad Diaguita Los Chuschagasta exige cárcel común, ya que los asesinos siguen en libertad.

Juan Lobo@CanisLupus1917

Martes 12 de enero | 16:56

Tras casi doce años desde el brutal ataque en el que perdió la vida la autoridad tradicional Javier Chocobar y otros dos comuneros referentes de la comunidad de resultaran heridos de gravedad, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la provincia, dejó firme la sentencia contra Amin, Gómez y Valdivieso Sassi, autores del crímen.

Foto: Amín, Gómez y Valdivieso Sassi

En un comunicado difundido a fines de diciembre, la Comunidad Diaguita Los Chuschagasta remarca que esta confirmación de la sentencia es producto de una lucha incansable de más de una década. Donde sufrieron la impunidad con que el poder político y judicial protegieron a los perpetradores del brutal ataque, que fue registrado en video por los propios asesinos.

CÁRCEL COMÚN PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSE VALDIVIESO SASSI

Chuschagasta, Valle de Choromoro -...

Publicado por Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar en Miércoles, 30 de diciembre de 2020

Una Justicia colonial y terrateniente

Dos magistrados de ese tribunal colegiado entendieron "que el asesinato fue un hecho sin intención... que no hubo planificación por parte de los asesinos". Se trata de Daniel Leiva, quién cobró notoriedad por las denuncias y audios donde presiona por orden del gobierno provincial a otro juez para “manejar la intensidad” de una causa donde se acusa a Ricardo Bussi de violación, en su propio despacho de la Legislatura. El otro Juez que favoreció a Amin, Gómez y Valdivieso Sassi (la patota empresario/policia), fue Antonio Estofán -también acusado de acoso sexual- . Sobre este magistrado, Los Chuschagasta denunciaron que su propio relator es un conocido terrateniente, de apellido López Zabalía, “quién es uno de los más populares terratenientes, conocido por usurpar territorio de la Comunidad Pueblo de Tolombón entre otras comunidades.”

Salieron a la luz también ciertos rumores donde se mencionaba la complicidad desde la propia Casa de Gobierno para proteger a uno de los propios ejecutores del ataque contra Chocobar, del que también resultaron víctimas Emilio y Andrés Mamaní, con lesiones graves cuyas secuelas sufren hoy. No es algo para nada sorpresivo, ya que Gómez y Valdivieso Sassi son ex-policias miembros del grupo Atila, del que formaba parte el conocido personaje “Malevo” Ferreira.

"Pesos pesados", policías retirados con vínculos con el poder político y empresarial de la provincia, muchos de ellos recauchutados como jefes de agencias de seguridad privada, empresarios, jefes de seguridad en la industria y mano de obra presta para, en este caso, defender a tiros los intereses de la familia Amín.

Las Condenas

A pesar del avance que significa que la Corte provincial haya confirmado las condenas dictadas por la Sala IV el 24 de octubre de 2018, a veintidós años, dieciocho años y diez años de prisión para los asesinos Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi; en su comunicado, Los Chuschagasta exigen la cárcel común para los asesinos, ya que al tener la posibilidad de apelar la sentencia siguen en libertad, con el riesgo concomitante de entorpecer la investigación u hostigar a los miembros de la comunidad.

Sin contar lo agraviante que resulta para los comuneros que ya pasaron más de diez años donde se demostró como en otros puntos del país las arbitrariedades de los Estados y una justicia racista, xenófoba y patronal. Diez años donde se mantuvieron movilizados y soportaron desde amenazas, hasta agresiones, quema de casas, persecución incluso judicial a uno de sus referentes, Ismael Chocobar, nada menos que por “usurpar” el territorio que habitan desde hace milenios, a quien entrevistamos durante el acampe que realizaron frente al palacio de Tribunales el año pasado.

La lucha de los pueblos originarios por sus derechos ancestrales enfrenta cotidianamente a empresas nacionales e internacionales y terratenientes que atacan e intentar saquear sus tierras, amparados por la Justicia y los gobiernos provinciales tanto oficialistas, como de la oposición.

Los tres poderes del Estado, avalan ataques contra distintas comunidades originarias en todo el país, con numerosos casos en Tucumán, Salta y Jujuy, se encubren sus crímenes mientras se reprime a familias trabajadoras sin techo. Los trabajadadores y la juventud debemos tomar como propias las demandas históricas de los pueblos originarios, para luchar contra los verdaderos usurpadores: los empresarios inmobiliarios o del agronegocio, quienes en pos de sus ganancias avasallan a las comunidades originarias y saquean sus recursos.




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