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La Corte Suprema de Brasil se reacomoda después del golpe

La jueza de la Corte Suprema de Brasil Carmen Lucia asumió en la tarde del lunes 12 la presidencia de esa casa (STF), en lugar de Ricardo Lewandowski.

Miércoles 14 de septiembre de 2016 | Edición del día

Su mandato será de dos años. En la ceremonia, el juez Dias Toffoli asumió la vicepresidencia de la casa. Carmen Lucia, de 62 años, es la segunda mujer en la presidencia del STF.

Su nombramiento tuvo lugar en un momento clave, tras el golpe institucional en el que el poder judicial también fue protagonista. En su discurso de asunción ya es posible vislumbrar algunas tendencias de su mandato y de los objetivos de esa institución.

En primer lugar, el mismo hecho de que sea mujer ya es un factor fundamental y cumple un doble objetivo: por un lado, el de represtigiar el conjunto del régimen, desgastado por un gobierno golpista sin mujeres ni negros, por otro lado y principalmente busca darle una imagen más democrática a la Corte Suprema y alejarla de su perfil golpista.

Los medios destacaron este hecho, apoyándose en el progresivo sentido de querer combatir la opresión de las mujeres. Transforman el hecho de que una mujer presida la Corte Suprema en un avance de las mujeres por ocupar puestos de poder y en la supuesta democratización por aumentar la representación femenina, independientemente de la política que defienda. Así, el nombramiento de una mujer le da al STF un cariz más “democrático” y permite a los medios hacerle coro a un femimismo aclasista, donde el hecho de ser mujer está por encima de las posiciones políticas.

Así lo declaró Celso de Mello: “Se consolidó una clara e irresistible transición hacia un modelo social que repudia la discriminación de género, al mismo tiempo que confiere primacía a la práctica republicana de la igualdad [...] No creo que palabras puedan describir lo que este momento histórico representa para el país y para la historia de las mujeres brasileras”.

El discurso

Carmen rompió el primer protocolo: no saludó primero al presidente Michel Temer sino al “ciudadano brasilero”. Fue una señal de que el STF, siendo protagonista en las sombras del golpe institucional, está intentando deshacerse de las figuras golpistas, y al mismo tiempo quiere mostrar una supuesta imparcialidad, una Corte que juzga para la población “y no para los políticos” o para sí mismo y los sujetos e intereses ocultos que lo mueven.

Ante los enormes cuestionamientos a los privilegios de los políticos y jueces, este saludo a los ciudadanos vino con la adenda de una hipócrita autoidentificación como “funcionaria pública”. Solo se le olvidó decir cuál es la situación de los verdaderos funcionarios públicos en el país, muchos sin salarios o con atrasos como en Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, mientras el poder judicial goza de salarios que rondan los 30.000 reales, siempre en fecha.

La nueva presidenta también buscó dialogar con la insatisfacción de la población con el poder judicial, el descreimiento con la leyes y el descarado compromiso de esa institución principalmente con la defensa de la derecha, sea del PSDB, cuyos partidarios “casualmente” nunca son investigados por la operación Lava Jato, sea por la actuación en el golpe.

“Lo que en el Poder Judicial no resultó habrá que cambiar para hacerlo en la forma constitucionalmente prevista [...] Mi responsabilidad es hacer que ocurran las soluciones. El poder judicial brasilero relama cambios. Estamos haciendo cambios y es necesario que sigan y cada vez con más apuro”, dijo.

Esta preocupación es notoria: el propio poder judicial reconoce que no es ajeno a la crisis de prestigio de las instituciones del régimen político. Aunque siga siendo la institución más preservada, su papel en impeachment lo vinculó con la defensa de la derecha y la protección selectiva de corruptos. La orden –vocalizada agresivamente por el decano Celso de Mello- es un poder judicial más “exento” y aparentemente más alejado de la política, ahora que el golpe se consolidó en el Senado (con la presidencia de Lewandowski). Limpiar esa imagen es fundamental para que el poder judicial se mantenga como institución más autoritaria e incontrolable, siendo árbitro de la política nacional.

El discurso de Celso fue incendiario contra la corrupción, bajo las miradas de los políticos investigados por la operación Lava Jato, como Renan Calheiros, José Sarney y el propio Temer. Caracterizó la crisis en el país como multidimensional, siendo “ética, jurídica, política y económica” y en todas ellas el poder judicial está de alguna forma inserto, “fuente de esperanzas de nuestra sociedad y salvaguarda insustituible de la estabilidad para el mantenimiento de los valores más caros de nuestra República”.

Así, Celso de Mello también indicó que deben avanzar con la operación Lava Jato, hablando duro contra la corrupción, en presencia de políticos implicados en la operación, Renan Calheiros, Lula y el senador Edison Lobao (PMDB de Maranhão). “El derecho al gobierno honesto constituye una insuprimible prerrogativa de la propia ciudadanía. Y que de este tribunal, señora ministra presidente, parta la advertencia severa e impersonal de que aquellos que transgredan tales mandamientos se expondrán sin perjuicio de otros tipos de responsabilización, sin importar su posición estamental, si patricios o plebeyos […] debiendo ser castigados ejemplarmente en la forma de la ley esos infieles de la causa pública, esos indignos del poder”, dijo.

La advertencia “romana” contra los infieles es un guiño hacia la operación Lava Jato y a los fiscales con los que la Corte vino enfrentándose recurrentemente en las últimas semanas en el personaje de Gilmar Mendes, otro juez del Supremo. Sería Carmen Lucia un nuevo marco en las relaciones entre la Corte y la Fiscalía (MP)? En todo caso, la primera presentación pública emitió la señal de una figura para armonizar todo lo posible los actuales desentendimientos en el poder judicial.

El procurador Janot y el Mani Pulite: hacia dónde puede ir el poder judicial

El poder judicial no es un todo homogéneo. La hipótesis de que Carmen sea también una apuesta de unificación de la institución para responder a la crisis de representatividad de la población con los partidos indica que el poder judicial está abierto a salidas de reforma del régimen político.

Tal vez la señal más importante haya sido dada por la cercanía con las declaraciones de Rodrigo Janot, fiscal general de la República. Janot representa un ala del poder judicial partidaria de sacrificar, si fuere necesario, algunas piezas del juego golpista, para preservar la obra de conjunto. En eso, difiere de Mendes, partidario de la más amplia impunidad de los golpistas. En su discurso, Janot usó las expresiones “nuevo arreglo democrático” y “autodepuración del sistema político-jurídico”, esta vez demostrando interés en superar los resultados del Mani Pulite de Italia y lograr un cambio en el sistema político que erradicase la corrupción.

Para eso, amenazó nuevamente a todos los que buscan todavía “macular el trabajo serio y exento devuelto en las investigaciones de la Lava Jato, con el trabajo deshonesto de desconstrucción de la imagen de investigaciones y de jueces”. La mención a Mendes –que pidió que se investiguen los fiscales de la Lava Jato, calificándolos de cretinos luego de la filtración del nombre de Dias Toffoli en el testimonio de la constructora OAS- es clara. Es también referencia a la reciente crisis en el gobierno con el despido del presidente de Abogacía General de la Unión (AGU, órgano de asesoramiento judicial del Estado), quien declaró haber sido despedido porque el gobierno busca poner paños fríos en la operación Lava Jato.

En resumen, Carmen Lucia parece ser una figura de armonía entre la Corte y la Fiscalía, más próxima a la línea de Janot y de los fiscales de la Lava Jato, que sin invertir aun contra el núcleo de gobernabilidad del gobierno golpista, busca preservarse como institución “incuestionable y exenta”, alejándose de las figuras del golpe para seguir arbitrando sobre el país. Incluso para Carmen Lucia va a ser difícil poder contener los juegos de poder del poder judicial, frente a la crisis orgánica, dejando en abierto los escenarios para el próximo período.

El contenido de lo que sería un “nuevo arreglo democrático” todavía lo estamos por ver, sin embargo ya se señala un poder judicial más “Bonaparte”, represivo y arbitrario, que junto con la operación Lava Jato y las propuestas de restricción del régimen, como la cláusula de barrera que fue puesta a votación el lunes, deja abierta la posibilidad de cambios más estructurales en el régimen y en sus tradicionales representaciones. Sin embargo, al contrario de democrático, son medidas que buscan callar a la izquierda y la voz de la juventud y de los trabajadores.







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