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La Comisión Nacional de DDHH en defensa de la democracia bárbara

En recientes días se pretende renovar la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestionada por su acción frente a los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. El próximo jueves se dará a conocer el nuevo titular.

Andrés Aullet

Abogado y maestro en Derechos Humanos

Jueves 13 de noviembre de 2014 | Edición del día

Aunque ya quedó fuera de la terna de candidatos, Raúl Plascencia, el actual presidente, en las semanas pasadas compareció al Senado para explicar el porqué de su reelección, envuelto en el escándalo de la construcción de un inmueble en una zona lujosa al sur de la Cd. México por 20 millones de pesos y los fusilamientos por parte del Ejército en Tlatlaya y el caso de Ayotzinapa.

Estos dos crímenes deben de ser observados bajo la lupa de ser delitos tipificados como genocidio o de lesa humanidad, graves agresiones contra las víctimas en las que se involucran los tres niveles de gobierno y diversas instituciones como las policías municipales, estatales, federales y el ejército, ya sea por su acción, omisión o aquiescencia. Estos crímenes se realizaron en contra de grupos de personas determinadas y sus deudos, lo que abiertamente muestra su contenido de clase. Sin embargo, de eso la CNDH no dice ni una sola palabra.

Hoy la CNDH es cuestionada por las mexicanas y los mexicanos que luchan por la defensa de los derechos humanos. Incluso el presidente actual de la comisión fue retirado de la terna de candidatos a sucesor para el próximo periodo debido a las presiones. Y es que el panista Raúl Plascencia, como todos los involucrados con los partidos políticos en el poder –PRI, PAN y PRD– representan para la población la cara del Estado involucrado en los crímenes recientes de Ayotzinapa y Tlatlaya.

La consigna que hoy se grita en las calles es: ¡Que se vayan todos!, planteando la necesidad de construir un organismo nacional de derechos humanos que sea independiente de estos partidos –PRI,PAN,PRD–, que realmente pelee por los derechos y el bienestar de las mayorías.

La masacre de Tlatlaya

En la recomendación 51/2014 por delitos cometidos el 30 de junio de cuadrilla “Nueva comunidad de San Pedro Limón”, se plantea sobre la ejecución de 22 personas a manos de elementos del batallón 102 de infantería, el uso de la fuerza y armas letales de manera desproporcionada pese a la rendición de las víctimas y sin que mediara agresión de éstas, tortura, violación de mujeres, modificación de la escena del crimen, entre otros, así como la violación a los derechos a los familiares de víctimas y testigos sobrevivientes que lograron escapar. La CNDH emitió la recomendación al titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, para que tomen las medidas necesarias contra los autores materiales de este crimen.

La CNDH realiza una narración y documentación detallada de la investigación y constantemente se refieren a la participación de elementos del ejército, lo que muestra deliberadamente una intención de la CNDH de omitir la referencia a que tales delitos fueron en cumplimiento de órdenes superiores, lo cual involucraría precisamente al ejército como institución y no sólo a los elementos militares.

Contradictoriamente Murillo Karam, Procurador General de la República–que el día 7 de noviembre en conferencia de prensa diera a conocer los supuestos “resultados de la investigación en el caso de Ayotzinapa” a los familiares– señalaría que “afortunadamente el ejército se rige por órdenes”.

Los militares y policías en Tlatlaya y Ayotzinapa no actuaron sólo por voluntad propia sino por órdenes expresas. No es un puñado de “malos elementos”, es toda la institución que actúa como en los años de la Guerra sucia, lo que nos remite a los ‘70 y la operación Cóndor en el cono sur.

El cinismo de estos personajes, así como la completa indiferencia de Enrique Peña Nieto, muestran que esta democracia está podrida y que efectivamente es un crimen de Estado.

Las mismas investigaciones realizadas por la CNDH o la Procuraduría a partir de los testimonios de las víctimas sobrevivientes revelan que los crímenes fueron perpetrados por órdenes expresas de los altos mandos militares y policiacos.

No es una manzana podrida, son todas las instituciones

De esa manera la manipulación de las pruebas tiene como propósito minimizar y limpiar la imagen e intervención del ejército y las policías en ambos casos, para que los crímenes queden como un actuar por cuenta propia de los elementos.

Lo que se busca es precisamente evitar la profundización del desprestigio del ejército y las policías que como instituciones hoy son cuestionadas por su complicidad con el crimen organizado, el narcotráfico, los paramilitares, y por ser actores de primer orden en la ejecución de jóvenes, mujeres, líderes campesinos o comunitarios, luchadores sociales, etcétera.

No es casual este encubrimiento: responde a la necesidad de que la crisis que enfrenta el gobierno y los principales partidos PRI-PAN-PRD y su democracia bárbara no se profundice. Al mismo tiempo responde a encubrir el hecho de que los militares que participaron en la desaparición y muerte de normalistas de Ayotzinapa son parte del batallón 27 en Iguala, creado ex profeso para acabar con las guerrillas y las protestas sociales en los ‘70 en el estado de Guerrero.

Las recomendaciones de la CNDHen Tlatlaya se reducen a indemnizaciones, capacitaciones en DDHH, etc. La burla es del tamaño del crimen: del Estado.







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