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Red Internacional

El cuestionamiento realizado por el organismo internacional ocurrió semanas después del incendio ocurrido en la Brigada Femenina de Concepción tras el cual 4 mujeres detenidas murieron incineradas luego de que la policía las abandonara dejar avanzar el incendio.

Maia HirschAbogada del CeProDH Tucumán

David DanCeProDH Tucumán

Miércoles 29 de septiembre | 00:53

El pasado 23 de septiembre a través de un comunicado de prensa desde la página oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se hizo público el cuestionamiento hecho desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino por un conjunto de violaciones a los derechos humanos que se vienen sucediendo en la provincia gobernada por Juan Manzur.

El cuestionamiento realizado por el organismo internacional ocurrió semanas después del incendio ocurrido en la Brigada Femenina de Concepción tras el cual 4 mujeres allí detenidas murieron: María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán. Sus familias fueron quienes denunciaron que la policía las abandonó y dejó avanzar el incendio.

Si bien luego de conocerse los hechos se dispuso el pase a disponibilidad de la jefa de la Brigada y 3 policías más que estaban a cargo del lugar de detención, lo que nuevamente quedó evidenciado son las brutales condiciones en las que se encontraban detenidas, en situación de hacinamiento y sin cumplir medida de salubridad alguna. Una situación que se extiende a todas las comisarías y lugares de encierro de la provincia.

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El comunicado de la CIDH subido a la página oficial de la OEA comienza señalando que “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte por incendio de cuatro mujeres privadas de libertad en una comisaría de Tucumán, en Argentina; además urge al Estado a investigar los hechos con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente.”

También destaca que “A través de sus distintos mecanismos, la Comisión Interamericana ha manifestado su especial preocupación por la situación en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías. En particular, advirtió que estas personas permanecen alojadas en dichos establecimientos durante meses, pese a que están destinados a detenciones transitorias, caracterizados también por falta de infraestructura y servicios básicos para garantizar condiciones de detención respetuosas de la dignidad humana”.

En el comunicado también plantea la reiteración “... al Estado de Argentina la necesidad de implementar acciones urgentes y efectivas para que cese la utilización de dependencias policiales o comisarías como lugares de alojamiento permanente de personas privadas de libertad…”, dato por demás relevante dado que en la provincia de Tucumán se encuentran detenidas en comisarías 1.300 personas, superando ampliamente la capacidad para poco más de 490. Lo que resulta más grave es que tan sólo 300 de ellas tienen condenas, violando el principio de inocencia y del debido proceso en más de 800 casos.

Como deja en evidencia el comunicado, no es la primera vez que el Estado argentino es señalado por las condiciones inhumanas de confinamiento a las que son sometidas las personas detenidas en comisarías. Varias cautelares fueron emitidas a favor de las personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires, y ya hubo otros comunicados por sucesos similares.

En Tucumán, en 2015, luego de un incendio ocurrido en una comisaría de Yerba Buena, la Corte Suprema Provincial exhortó al Poder Ejecutivo a realizar obras edilicias y prohibió el alojamiento de personas en sitios que no reúnan las condiciones mínimas. Nada de esto fue cumplido por el gobierno de Juan Manzur.

Es necesario destacar que la provincia no tiene ni siquiera un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, cuya finalidad es controlar los lugares de detención y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, a pesar de que la ley mediante la cual se creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes fue sancionada en el 2012 y reglamentada en el 2016.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H) acompañamos a las familias que reclaman justicia frente a las muertes ocurridas en la Brigada de Concepción y exigimos el esclarecimiento de los hechos al gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de Claudio Maley.

En la provincia donde en plena pandemia desapareció Luis Espinoza y fue asesinado Ceferino Nadal, donde las denuncias de casos de gatillo fácil tienen que atravesar tortuosos procesos y esperar años para llegar a juicio como demuestra el caso de Facundo Ferreyra, es necesario redoblar la organización para enfrentar en las calles y con la más amplia movilización la criminalización de los sectores populares y el hostigamiento en los barrios, así como también los tratos inhumanos y degradantes que se viven día a día en comisarías y cárceles de la provincia.




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