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Red Internacional

El gobernador dio una entrevista a C5N. Buscó despegar su política de “seguridad” del accionar de la Policía en la cancha de Gimnasia. Escupe para arriba mientras elogia y sostiene a Berni, experto en mentir, encubrir y defender a la fuerza represiva en decenas de casos de torturas, muertes y hasta desapariciones forzadas.

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Lunes 10 de octubre de 2022 | 14:00
Foto Prensa Policía de la Provincia de Buenos Aires

Tres días después de los hechos ocurridos en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata (tras los que se había limitado a difundir un bochornoso comunicado oficial), el gobernador bonaerense Axel Kicillof dio una entrevista este domingo a la noche en el canal oficialista C5N.

Durante casi 40 minutos el mandatario provincial se dedicó a hablar de los hechos, de la política del Frente de Todos hacia la Policía Bonaerense y de sus “deseos” de que esto no vuelva a ocurrir. Un Kicillof que, extraño para su estilo, cuidó cada palabra que dijo, incluso ante periodistas que no lo incomodaron con sus preguntas.

Jamás usó la palabra “represión”. Mucho menos asumió su fracaso en el intento de evitar los múltiples delitos y crímenes que comete la fuerza. Y menos aún reconoció lo que todo el mundo sabe, que los miembros de la Policía actúan bajo órdenes emanadas de la autoridad superior, que a su vez tiene como principio básico informar sus acciones y decisiones a la jerarquía institucional y política. Algo de lo que incluso se jacta desde hace tres años el ministro Sergio Berni.

En tono grieta, no podía faltar su “diferenciación” de la gestión de la “seguridad” pública de su predecesora María Eugenia Vidal, algo casi imposible de hacerle creer a cualquier bonaerense. Pareciera que Kicillof quiere convencernos de que, por una excepción del “destino”, la noche del jueves 6 los más de trescientos uniformados que tiraron gases y balas (como nunca) en un espectáculo deportivo “se cortaron solos” e hicieron lo que se les cantó a espaldas del resto de la institución y sus conducciones. ¿Nos toma el pelo?

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¿El Poder Judicial garantiza la justicia?

En la entrevista Kicillof repitió como un loro que “hay que esperar a ver qué dice la investigación judicial” sobre los hechos. Pero en el mismo acto adoptó la versión de la propia Policía y de Berni acerca de que la decisión de cerrar las puertas del estadio se debió a que “era peligroso que siguiera entrando gente”, lo que fue desmentido por decenas de hinchas del Lobo que hablaron en todos los medios.

No es cierto que la cancha estaba rebalsada ni mucho menos. Y si lo estaba, la decisión de cerrar las puertas fue, de todos modos, criminal. “Ahí se cierra la puerta y se desencadena esta locura”, dice el gobernador. Ni siquiera registra que en verdad se cerraron las cinco puertas de acceso, no una. Y además se niega a reconocer que la decisión de cerrar las puertas fue de la propia fuerza policial.

“La Justicia deberá determinar varias cosas”, dice Kicillof, en referencia a “si efectivamente hubo sobreventa de entradas”, a “quién tomó cada una de las decisiones, cómo se diseñó el operativo, si era adecuado a la situación, si fue una decisión y una orden hacer lo que pasó, de quién fue, por qué duró tanto”. Sentencia que “acá hay un hecho a investigar y a castigar a los responsables”, pero se ataja al decir que él no es quien “puede tener los elementos objetivos” (¿?). “Siempre piden que actúe la Justicia, la Justicia está actuando. El fiscal hizo detenciones, secuestró muchísima información. Van a investigar. Y Asuntos Internos también”, asegura.

“Hay muchos interrogantes y hay muchas posiciones contrapuestas”, afirma el Gobernador, como si fuera un mero comentarista de la realidad que se produce a su alrededor y no fuera la máxima autoridad política de la provincia. Eso sí, ante la evidencia de los hechos, ante la inocultable responsabilidad estatal en la muerte de César “Lolo” Regueiro y, sobre todo, ante los rechazos de sectores del propio Frente de Todos, Kicillof intenta mostrarse “humano” e hizo lo que nunca hace frente a casos de la llamada “violencia institucional”: llamó a la familia para ponerse a disposición. Una medida guiada por el cálculo político.

Berni, un gran “trabajador”

Obviamente una de las preguntas obligadas para Kicillof refiere al rol cumplido en este tema por el excarapintada y autodenominado derechista Sergio Berni. “El ministro inmediatamente acompañó mi decisión, se puso a disposición de la Justicia y dijo que la Policía actuó mal. No es que dijo ‘fue un operativo impecable’”, respondió en defensa del jefe político de la Bonaerense. Y hasta aseguró que “está abierta una investigación” interna en la fuerza y que el mismo Berni “la está conduciendo”.

Tergiversando los hechos, Kicillof dice que Berni “ha sido el primero en señalar que el operativo estuvo mal hecho”. En verdad, el ministro lo primero que intentó fue culpar al club de La Plata por una hipotética “sobreventa” de entradas (que no puede descartarse, por supuesto), lo que habría justificado al menos inicialmente el accionar represivo.

Pero dando un paso más en su defensa de Berni, el mandatario dijo que su ministro “es un hombre que no está acusado en ningún hecho de corrupción, en ningún hecho de recaudación y, por otro lado, trabaja con muchísima dedicación. Duerme en la central de Policía. Pone el cuerpo. Ese compromiso lo tiene”.

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Más allá de la ausencia de preguntas incisivas de los periodistas, la respuesta de Kicillof no pareció convencer a nadie. Menos aún cuando a esa defensa de Berni le suma una definición que chorrea cinismo en cada letra: “Quiero dejar muy en claro que mi gobierno, nuestro gobierno, no promueve la violencia institucional, no la protege, no la encubre, no la oculta y no la tolera”. Y buscando graficar esa definición, agregó: “Esa noche inmediatamente tomé la decisión de apartar de la Policía al jefe del operativo, esa persona es la que hoy está detenida”.

Miente, que algo quedará

¿Con qué fundamentos y hechos concretos puede sostener Kicillof esa afirmación? ¿Cree el Gobernador que sus palabras no llegarán a los oídos de las decenas de familias de víctimas de gatillo fácil, torturas en comisarías, causas armadas contra “perejiles” para encubrir a criminales de uniforme, secuestros, asesinatos en falsos “suicidios” de personas detenidas y hasta desapariciones forzadas ocurridas desde el 10 de diciembre de 2020 a esta parte?

Kicillof sabe muy bien que su Gobierno, a través de diversos ministerios, secretarías, subsecretarías (incluyendo la de “Derechos Humanos”) y direcciones se ha encargado de crear “relatos” mentirosos sobre muchos hechos, de retacear información a las familias querellantes contra la Policía y el Servicio Penitenciario, de obstaculizar el acceso a la justicia y hasta de poner personal y recursos económicos en función de desviar investigaciones judiciales.

Las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro (Villarino), Francisco Cruz y Carlos Ibáñez (ambos en Florencio Varela); las balaceras contra Brandon Romero (Mar del Plata), Lucas Verón (La Matanza), Jonathan Morales (Garín), Alan Maidana (Berazategui), Fernando Leguizamón (Quilmes), Luciano Olivera (Miramar); las muertes por torturas en comisarías de Franco Cardoso (Tigre), Alejandro Martínez (San Clemente), Germán López García (San Pedro), Daiana Abregú (Laprida); los falsos “accidentes” de Lito Costilla (La Plata), Esteban Vella Bosarelli (Chivilcoy), Agustín Méndez (General Rodríguez)... y un larguísimo etcétera son la muestra veraz y contundente del accionar del Gobierno del Frente de Todos ante la llamada “violencia institucional”, que no es otra cosa que el extremo más cruel de la violencia estatal a través de sus brazos armados.

En esos casos mencionados (y tantos otros que escapan a esta crónica), la gestión de Axel Kicillof tuvo una participación activa en pos de tolerar, ocultar, encubrir y proteger a los criminales de uniforme. Ese accionar va desde la negación consciente de los hechos hasta la colocación de abogados pagos por la Gobernación en defensa de los asesinos. Pasando por infinidad de maniobras distractivas para desviar investigaciones judiciales.

Alcanza con escribir algunas pocas palabras clave en el buscador de este diario (“gatillo fácil”, “desaparición forzada”, “Policía Bonaerense”, “Sergio Berni”, etc.) para hallar información documentada al respecto. Claro, la búsqueda se complica un poco en otros medios, tanto oficialistas como opositores, siempre prestos a levantar acríticamente las versiones “oficiales”.

Dos ejemplos ayudan a comprender lo que se dice más arriba. En el caso de Facundo Astudillo Castro, el oficialismo financió y difundió (con propaganda personal a cargo de Kicillof, Berni, Victoria Tolosa Paz y otros funcionarios) el libro Operación Facundo del servidor mediático de Bahía Blanca Germán Sasso. Esa “obra” es un cúmulo de lugares comunes, datos fraguados y partes del expediente armadas por la Policía Bonaerense con ayuda del fiscal fascista Ulpiano Martínez y la jueza más fascista aún María Gabriela Marrón. De hecho el prólogo del libro está a cargo de Miguel Ángel Pierri, asesor del ministro Berni y abogado especializado en todo tipo de impunidades.

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El otro ejemplo es el del crimen de Daiana Abregú, ocurrido hace cuatro meses en Laprida. La Policía afirmó que la joven (de un 1,65 metros de altura) se ahorcó con una campera atada a una reja de… ¡un metro de altura! Apenas ocurrido el hecho, Berni envió a un funcionario suyo a instalarse en Laprida a intentar desviar la investigación y “pegarse” a la familia de Daiana para que no denuncien a la fuerza. Cuando la familia empezó a marchar denunciando un asesinato camuflado de “suicidio”, ese funcionario se volvió sin éxito a La Plata. Entonces el Ministerio de Seguridad puso un equipo de abogados a defender a parte de los policías mientras otro abogado (y expolicía) asumió la defensa de uno de los oficiales y logró interferir en parte de las pericias del caso.

Y no se puede soslayar la brutalidad, filmada por el periodismo, de la Bonaerense contra miles de familias que en casillas hiperprecarias (arrasadas por las topadoras del Gobierno) reclamaban el elemental derecho a la vivienda en un predio de Guernica.

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Kicillof no sólo sabe todo eso sino que lo avaló y lo sigue avalando. Incluso, probablemente sea parte de la planificación de esas maniobras. Y cuando los hechos se hacen insostenibles, como en el caso de la represión en la cancha de Gimnasia, manda a sus funcionarios de “Derechos Humanos” (conducidos por un hijo de desaparecidos) a palmear los hombros de los familiares de las víctimas y prometer un compromiso tan hipócrita como cómplice.

El huevo de la serpiente

El jueves a la noche el Gobernador tomó la “osada” decisión de apartar de la Policía al jefe del operativo criminal que, sólo por casualidad, mató sólo a una persona e hirió a decenas. También apartó al oficial que fue filmado por su víctima (camarógrafo de TyC Sports) en el momento en que dispara al menos tres veces contra su cuerpo. ¿Pretende convencer con eso a la población de que él no oculta, no avala ni encubre la “violencia institucional”? Suena a poco. Sobre todo porque lo hizo presionado por las circunstancias, mientras acordaba con Berni su continuidad al frente del Ministerio y mientras su teléfono “estallaba” de mensajes inquisidores de “compañeros y compañeras”.

“Nosotros estamos llevando adelante cambios muy profundos en la Policía”, dice el Gobernador desde la pantalla de C5N. “Estamos dando clases de derechos humanos en los centros de formación”, agrega. “Hay un plan de inversión y recuperación salarial que por primera vez equipara el salario de la Bonaerense con el de las fuerzas federales; un plan de inversión grandísimo en nuevos móviles y chalecos”, insiste.

Al mismo tiempo recuerda, como si nada, que en septiembre de 2020 (en plena pandemia y ante la imposibilidad de recaudar con el narco, la piratería del asfalto, el cuatrerismo y otros delitos, habría que recordarle), “algunos policías rodearon la residencia” donde vive con su familia” exigiendo mejoras en los ingresos de la “familia policial”. Pone aquel hecho como ejemplo del nivel de “conflictividad” que rodea a la fuerza.

Lo que calla Kicillof es que producto de aquella extorsión a punta de pistola tomó la decisión (junto a Alberto Fernández) de complacer todos los pedidos de los “manifestantes” y, en una virtual paritaria represiva, empoderó aún más a la misma fuerza que violaba sistemáticamente los derechos humanos de miles de bonaerenses en plena cuarentena.

“Es una fuerza de cien mil hombres, es la fuerza armada, si no me equivoco, más grande del continente”, describe el Gobernador. Y con eso se justifica. “Nosotros asumimos hace tres años, no es que yo pueda decir ‘vos dirigís la Policía’ y listo, no lo puedo hacer, porque hay una carrera policial. Sobre eso hay una conducción política. Hay que hacer cambios, que llevan tiempo, no se puede hacer en dos minutos ni es sencillo. El ministro está a cargo hoy de esa fuerza, con todas esas condiciones y esas limitaciones”, comenta sentado en un estudio televisivo.

Es el mismo gobernador que desde que asumió no hizo más que elogiar a la fuerza, engordarla, pertrecharla con partidas presupuestarias que se le niegan a áreas como Salud, Educación o Vivienda, darle todo lo que pide y mirar para otro lado cuando esa fuerza mata, tortura y comete infinidad de crímenes cotidianos.

¿Algo que envidiarle a Duhalde, Ruckauff, Solá, Scioli o Vidal?


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