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Red Internacional

CRISIS HABITACIONAL. Kicillof miente: el Gobierno provincial puede negarse a desalojar en Guernica

La abogada de las familias de Guernica ya había desmentido el argumento de que el Gobierno provincial debe obedecer la decisión judicial. Los derechos de niños y niñas están por encima de los negocios inmobiliarios.

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 08:53

Esta mañana Axel Kicillof en diálogo con Radio con Vos, aseguró que desde su gobierno hicieron todo lo posible para llegar a una negociación con las familias de Guernica, que están en lucha por un derecho tan elemental como la vivienda.

Kicillof aseguró: “Ahí hay una ocupación de un terreno que tiene dueños, que hicieron una denuncia ante un juez. El juez, el fiscal, el sistema judicial, resolvió que tenga que haber un desalojo. La Policía de la provincia, las fuerzas de seguridad son auxiliares de la Justicia. El que resuelve las condiciones de desalojo es el juez. Y es una resolución judicial. Nosotros no podemos, si la voluntad del juez es contraria, hacer otra cosa que esa”.

Según el gobernador, no tiene otra opción que llevar adelante la resolución judicial para el desalojo del predio, sin embargo como publicamos en este diario, una de las abogadas de las familias, desmiente este argumento.

Laura Taffetani, quien además es letrada del registro de abogados de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires, considera que el desalojo es ilegal, porque uno de los presupuestos que se tienen que dar para la acción de usurpación, es probar la titularidad de esas tierras, cuestión que aún no fue acreditada en el expediente.

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A pesar de que Kicillof asegura en cuanta oportunidad tiene que todo está en manos de la justicia y que su gobierno no tiene más opción que llevar adelante el desalojo, Taffetani explica por que este es un argumento falso.

La abogada explica que: "El Estado provincial podría negarse a cumplir la orden del juez si considera que es ilegal o, como dice la ley nacional de niñez 26.061 en sus artículos 2 y 3, cuando establece que es obligatoria la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto su Interés Superior. Esto significa que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Por eso el Estado provincial podría no prestar su fuerza pública argumentando que la Justicia los está obligando a incumplir la ley de infancia. Pero está claro que esto no lo hizo, dejando clara su complicidad con lo que está sucediendo. Hay que erradicar esa idea de que el Poder Ejecutivo no puede hacer otra cosa, porque sí puede hacerlo, porque como además tiene la fuerza pública y el fiscal o el juez no cuenta con esa fuerza pública, no pueden llevar adelante el desalojo si ella, entonces en ese sentido también tiene una responsabilidad muy grande.

Entonces fíjense cómo actúa el Estado provincial cuando asegura que no tiene otro remedio si se lo dice el juez. Pero el Estado podría pararse en otro lugar y decir que no es legal. Lo que está pasando es que hay derechos muchos más importantes. En la audiencia yo les decía que todos sabíamos los perjuicios que traería resolver este conflicto con represión para los niños y niñas y les preguntaba. ¿Cuál sería el perjuicio para los supuestos propietarios si dan el tiempo para que se tenga una solución negociada?".

El intento del gobernador bonaerense de justificar la represión ante un reclamo tan elemental como el derecho a un lugar donde vivir, cae por su propio peso. Lejos de estar obligado a cumplir la orden del juez, como bien señala Taffetani debería hacer todo lo contrario. Su obligación es que los niños, niñas y las familias de Guernica y quienes padezcan la falta de vivienda en la provincia, puedan tener acceso a este derecho.

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Como denunció Laura Taffetani, la mayoría de las tierras que están abandonadas, o que han sido herencias vacantes o que por alguna razón no tienen la titularidad clara, o son fiscales en la provincia de Buenos Aires, todos estos años han quedado en manos de grandes negocios inmobiliarios ligados a las municipalidades. Planes de viviendas, bien gracias.

Lejos de "detrás de cada necesidad hay un derecho", parece que para Kicillof y su gobierno la respuesta estatal debe ser la represión.




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