Política México

GUERRA CONTRA EL NARCO

Justifica Peña Ley de Seguridad Interior por “lucha” contra crimen organizado

Este sexenio resultó un baño de sangre para las mayorías. Mientras se dieron a conocer numerosos casos de funcionarios vinculados con el narcotráfico, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2017, se iniciaron 95,882 averiguaciones y carpetas de investigación por homicidios dolosos.

Lunes 15 de enero de 2018 | 21:59

Durante la inauguración de las instalaciones del 79 Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional Militar, ubicadas en Tecalitlán, Jalisco, Peña Nieto hizo de nuevo gala de cinismo. Fue en compañía de los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallar a las sociedad y traicionar a México”, afirmó, en clara alusión a las declaraciones de López Obrador, líder nacional del Morena, quien planteó como parte de su estrategia de seguridad el posible indulto a los cárteles.

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Peña se congratula de que desde que asumió, “hemos hecho la parte que nos corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas, y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión”.

Explicó que “frente a la debilidad institucional de muchas corporaciones policiales locales a nivel nacional, desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior”. Así argumentó la aprobación de la reaccionaria Ley de Seguridad Interior, resaltando “la importancia de regular su actuación (la de las Fuerzas Armadas) en estas tareas”.

Pretenden así legalizar la presencia de los militares en las calles, mientras avanza la criminalización de la juventud y también de la protesta social.

El presidente Peña Nieto hace estas declaraciones cuando se avivó el fuego en el conflicto que mantiene con el gobernador panista Javier Corral, quien se dice castigado por pedir la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Pero ninguno de los partidos del régimen está libre de vínculos con el crimen organizado. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene varios exgobernadores acusados de desvíos millonarios de fondos y de asociarse con líderes de los cárteles, como el caso de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit.

El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, ha evidenciado sus nexos con el narcotráfico recientemente en el caso del crimen de la periodista Miroslava Breach, en Chihuahua.

Y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se ha quedado atrás. En 2014, con la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, salió a luz la relación del exgobernador Ángel Aguirre con los cárteles del narcotráfico que operan en el estado de Guerrero.

Ésa es la podredumbre de los partidos que gobiernan al servicio de los empresarios.

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Con información de Notimex







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