Política

Justicia e intendente de Neuquén, juntos contra la izquierda y los trabajadores

La jueza Mara Suste formuló los cargos contra Patricia Jure, exconcejal y diputada electa del Frente de Izquierda y contra los trabajadores municipales, Juan Carlos González y Marisol Vázquez.

Domingo 23 de junio | 10:51

La Jueza Maras Suste hizo lugar a la fiscalía y la querella y acusó a Patricia Jure, Juan Carlos González y Marisol Vázquez por “perturbación al orden en sesiones legislativas de orden nacional, provincial y municipal, en las audiencias en los tribunales de justicia o donde quiera que este ejerciendo una autoridad sus funciones” (art. 241 inc. 1) que incluyen penas de quince días a seis meses de prisión.

Gisella Moreira, abogada de Patricia Jure denunció la “animosidad y el carácter persecutorio de la causa” y señaló el grave antecedente que se está generando, “penalizando el legítimo ejercicio de la protesta, con una notoria falta de imparcialidad de la fiscalía y el carácter absolutamente arbitrario de la imputación”.

Los hechos por los cuales se les acusa son el levantamiento de la sesión del 27 de septiembre del Concejo Deliberante que iba a tratar la reforma jubilatoria regresiva que establece el aumento de los aportes obreros al Instituto Municipal de Previsión Social, en el marco de una represión feroz a los trabajadores y trabajadoras municipales.

Patricia Jure afirmó que ese 27 de septiembre el Ejecutivo Municipal “quiso imponer una reforma antijubilatoria con el Concejo Deliberante vallado, militarizado y que por primera vez los trabajadores municipales no pudieron presenciar una sesión pública”.

Explicó que la defensa de la banca del Frente de Izquierda fue para que los trabajadores y trabajadoras municipales pudiesen ingresar a la sesión donde se debatía el futuro de su caja jubilatoria “lo hicimos con insistencia, los hicimos con vehemencia, repudiamos y rechazamos que estemos en una sesión bajo represión”, dijo la exconcejala.

La diputada electa del Frente de Izquierda denunció que “hay una presión sobre el Ministerio Público Fiscal para que ejecute una acción aleccionadora contra todos los trabajadores” y aseguró que van a defender el “método de los trabajadores la manifestación, el derecho a protesta como lo hicimos ese día”.

Marisol Vázquez, una de las trabajadoras municipales judicializada afirmó que en aquella sesión se pretendía votar a espalda de los trabajadores. Denunció la criminalización de la protesta que para los trabajadores municipales tiene un antecedente en la condena contra el Secretario General de Sitramune, Santiago Baudino. “Es un avance coartarnos la libertad de reclamar por nuestros derechos”, afirmó.

La judicialización y persecución a los trabajadores y la izquierda fue repudiada por organizaciones gremiales, políticas y de derechos humanos que acompañaron la audiencia.







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