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Red Internacional

El 3J las agrupaciones que integran la Asamblea Transfeminista se hicieron presente en la sede gubernamental dirigida por Pablo Petrecca, para exigir información respecto a la situación de mora de la apertura del hogar integral de protección para las mujeres en situación de violencia de género. La respuesta del Estado: pedir $400 para el trámite.

Viernes 4 de junio | 21:04

A seis años del primer grito de Ni Una Menos, las agrupaciones organizadas en la Asamblea Transfeminista de Junín decidieron hacer un pedido de informe en la sede municipal, además de exigir la apertura del hogar integral para mujeres en situación de violencia de género. Meses atrás, funcionarios del municipio hicieron un acto de inauguración para la foto, pero aún hoy el espacio continúa en obra.

"Consideramos que resulta de imperiosa necesidad, más en un contexto como el que nos encontramos transitando en el aspecto sanitario y económico, y siendo que las situaciones de violencia no cesan, tener información sobre la mora en la apertura del hogar integral, información que debería ser pública", afirmaron desde Pan y Rosas.

En ese sentido, explicaron que la respuesta del municipio fue sorpresiva, " en la mesa de entrada de la Municipalidad, la encargada de recibir la presentación exigió el pago de $400 para ingresar la petición y formar un expediente, explicando que si no se abonaba la suma no podía tomar el trámite", relataron.

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La exigencia de pagar para ejercer un derecho constitucional tan fundamental como el de peticionar ante las autoridades constituye un hecho de gravedad que, con claridad, demuestra la posición del Gobierno municipal frente a los derechos de las víctimas de violencia de género y sus familias.

Incluso, el ejercicio de los derechos de peticionar y acceder a la información de carácter público, constituyen un derecho fundamental con expresa consagración en la declaración internacional de los Derechos Humanos, y que es recogido en la Constitución Nacional.

Además, el derecho al acceso a la información está vinculado con el principio de la publicidad de los actos de gobierno, así como de los archivos y los registros públicos. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para la organización frente a los abusos y arbitrariedades del Estado.

En este sentido, el acceso deberá ser gratuito en tanto no se requiera la reproducción y claramente en este caso, en el que se recibe un escrito, no existe ningún costo para el municipio.

"Consideramos que el hecho relatado constituye una flagrante violación de derechos de raigambre constitucional que por si mismo es de suma gravedad y resulta temerario si se piensa que seguramente muchas otras peticiones relacionadas con derechos individuales o de incidencia colectiva puedan verse sometidos al mismo atropello, lo que claramente implica un accionar ilegal por parte de una autoridad pública", explicaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

En ese sentido, afirmaron "exhortamos al Gobierno municipal a pronunciarse públicamente sobre este hecho, haciendo devolución de lo cobrado indebidamente y cumplir con los deberes que le competen respecto a la información de carácter público y concretar la apertura del hogar integral de protección para las mujeres en situación de violencia de género".

Compartimos entrevista a las mujeres de la Asamblea Transfeminista de Junín




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