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Red Internacional

Se fortalece el rol de la provincia como proveedor de materia prima a los centros de fabricación de baterías y componentes tecnológicos. El avance del litio y el retroceso de la minería metalífera. ¿Un nuevo consenso de los commodities?

Miércoles 29 de enero de 2020 | 00:14

La semana pasada el diario El Cronista anunció que la minera Orocobre que opera en Jujuy, firmó un contrato con China para exportar 10.200 toneladas de litio durante tres años.

“Nuestra producción aporta un importante valor agregado a la extracción de litio, ya que se integra directamente a una de las cadenas de valor más dinámicas de la actualidad: la fabricación de baterías para autos eléctricos” sostuvo el Managing Director y CEO de la empresa, Martín Pérez de Solay.

Si bien la fabricación de autos eléctricos se presenta auspiciosa, aún se encuentra por debajo del 10% del total de autos producidos en el mundo. No obstante, el negocio de Orocobre está en la exportación de litio hacia China, el principal fabricante de baterías de Li-Ion que concentra la mayor capacidad instalada de la industria manufacturera de este producto.

“Allí se localizan las principales empresas electrónicas (Samsung, Panasonic/Sanyo, LG, Sony) y las automotrices que lideran la innovación tecnológica para EVs (Toyota, Nissan) y, en menor medida, EEUU (Tesla-fabricante de autos eléctricos)”, sostiene un Informe de Cadenas de Valor del Ministerio de Hacienda de la Nación (abril 2018).

Esta fuerte concentración de la producción de baterías y componentes, tiene también “aguas abajo”, una fuerte concentración de la extracción de los minerales.
El 75% del mercado mundial del litio está en manos de cuatro multinacionales: las estadounidenses Albemarle/Rockwood y FMC, la chilena SQM y la australiana Talison (propiedad de Albemarle y la china Tianqi). Sobre ellas, influye la necesidad de las automotrices por establecer sociedades en pos de garantizar el acceso al mineral utilizado en la fabricación de las baterías.

Es el caso de Estados Unidos y China, cada uno con el 13% de las reservas mundiales de litio, sin embargo, son los principales promotores de sociedades con multinacionales mineras para importar el mineral y luego industrializarlo fronteras adentro. En 2017 el principal destino de las exportaciones de litio fue Japón (38%), seguido de Estados Unidos (24%), China (20%) y Corea del Sur (11%), entre otros.

Con este esquema de extracción e industrialización del litio surge la sociedad de Toyota con Orocobre en “Sales de Jujuy” o de Mitsubishi con Minera Exar (proyecto Olaroz-Cauchari) una compañía que surge de un joint venture entre la canadiense Lithium Americas y de Ganfeng Lithium de capitales chinos. En ambos proyectos el Estado provincial es socio de las mineras a través de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) con un 8,5% de las acciones.

¿Hacia una provincia monoextractivista?

En Jujuy la minería de litio comienza a tener una participación creciente en sus exportaciones totales pasando del 26,5% en 2016 al 47,13% en 2018. Mientras tanto, la minería tradicional de plomo, plata y zinc expone una situación declinante.

Según un informe de la Secretaría de Política Minera de la Nación (noviembre 2019) Minera Aguilar, “a fines de 2017 publicó que le quedaban tres años de vida útil, los cuales, se podrían prorrogar a cuatro o cinco más, mediante campañas de exploraciones que ya inició”, y en el caso de Chichillas (Puna Operations) “comenzó a operar en diciembre de 2018 y le quedan ocho años de vida útil, que podrían extenderse con nuevas exploraciones”. En 2018 ambas compañías representan el 50% de las exportaciones de minerales de la provincia.

El contraste entre la minería de litio y la tradicional se observa en las inversiones proyectadas entre 2019 y 2023 que de acuerdo a este mismo informe se estiman en un 90% destinada al litio, el cual de esta manera pasaría a representar el 63% de las exportaciones mineras totales hacia 2025.

La ilusión del litio

Considerando el lugar subordinado que ocupan las provincias que poseen reservas de litio dentro de la “cadena de valor global”, el relato de los gobiernos que apuestan a la fabricación local de baterías y sus componentes, está más cerca de la ficción que de la realidad.

Las automotrices y empresas tecnológicas que se asocian con mineras tienen en claro el lugar de sus negocios en provincias como Jujuy, en un país que desde la Ley Minera N° 24.196 menemista, les permite hacer tierra arrasada en los territorios a donde acceden a la extracción de recursos del suelo y el subsuelo (sobre este último las mineras pasan a ser propietarias gracias a los cambios efectuados en 1997 sobre el Código de Minería de la Nación, en "Geopolítica del Litio", pág. 100-), cuentan con enormes beneficios fiscales que les permiten por ejemplo, en el caso del litio, según el Informe de la Secretaría de política minera de la Nación apenas tributar en la provincia el equivalente al 6% de la recaudación provincial de impuestos -que solo llega al 12% de la recaudación total-, o sea, el aporte es de 0,72% del total de los ingresos impositivos del fisco provincial.

Como también en su estructura de costos reconocen las ventajas de los bajos salarios en dólares de esta región; pero también cuenta en sus cálculos la cercanía geográfica de los centros de producción de las baterías respecto de las casas matrices de las automotrices.

Pero tal vez, el factor más decisivo, está en las automotrices que guardan celosamente las patentes y avances tecnológicos dentro de su competencia global, con el trasfondo de la guerra entre Estados Unidos y China por el control de las últimas tecnologías (5G, robótica, inteligencia artificial), por lo cual nunca lo transferirían a otras empresas, salvo que esa tecnología haya quedado obsoleta. Según el economista e investigador, Julián Zicari, en su artículo publicado en el libro “Geopolítica del Litio” (Ed. El Colectivo, 2015), sostiene que en el caso de que Argentina se dispusiese a fabricar baterías de litio, “hacerlo hoy sería meramente cumplir un papel de ensamblaje ya que el 80% de los componentes necesarios de la batería deberían producirse afuera.” (pág. 36).

Sin embargo, el gobernador Gerardo Morales no pierde la esperanza de presentar ante la sociedad, “los avances del Litio” y su esfuerzo por fabricar baterías en la provincia, como si el mineral fuera una propiedad estatal; cuando en realidad no solo los dueños son las mineras, sino que JEMSE, en su sociedad con “Sales de Jujuy” no puede ejercer siquiera sus derechos como accionista porque al asociarse sin capital, accedió a un préstamo que ahora la minera se lo cobra con su parte de los dividendos. (pág. 97, “Geopolítica del Litio”). Para el Gobernador, todo vale con tal de alimentar el mito del “cambio de la matriz productiva” de la provincia.

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¿Un nuevo consenso de los commodities?

En un marco más general, pese al fin del boom de precios de los commodities, el propio gobierno nacional, pareciera estar dispuesto a editar un nuevo “consenso de los commodities”, un término con el cual distintos investigadores como la socióloga Maristella Svampa, cuestionaron el modelo económico extractivista con eje en la megaminería, el petróleo no convencional (Vaca Muerta), el avance de la frontera agrícola con el boom sojero y la concentración de tierras, recursos y territorios ocurridos en el país y Latinoamérica durante gran parte de los años 2000.

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“El éxito de Alberto Fernández depende de que las exportaciones crezcan rápido. Dada la estructura productiva actual, el 80% de ese incremento tiene que provenir de la expansión de la producción agrícola, Vaca Muerta y la minería (incluyendo el litio). A eso se pueden sumar las carnes de vaca y cerdo, que tienen una gran oportunidad.”, sostienen los investigadores Daniel Schteinghart y Andrés Tavosnonska en un artículo sobre estrategias de desarrollo productivo publicado en Le Monde Diplomatique de enero.

Pero si cuando el precio de la soja y los minerales estaban por las nubes, los gobiernos posneoliberales en Latinoamérica prometían que los costos del festival sojero, el impacto ambiental del “paquete tecnológico RR”, de la megaminería y los desmontes, se compensaba con una política distribucionista desde el Estado con políticas sociales y de ingresos hacia los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Ahora bajo la política de profundizar el extractivismo de las multinacionales y terratenientes sobre los recursos naturales vendrá guionada por la necesidad de conseguir dólares para pagar la deuda externa a los especuladores y el FMI, a la par, de un ajuste fiscal que comenzó con los jubilados para generar un excedente fiscal que ayude al cumplir con los acreedores.

El visto bueno de Alberto Fernández a los gobernadores y multinacionales en diciembre, se cobró en la derogación de la Ley 7722 habilitando así el uso de cianuro por parte de las mineras. Sin embargo, el pueblo de Mendoza reaccionó y con multitudinarias movilizaciones obligó al Gobernador a retroceder. Sin duda, este es un adelanto de lo que hay que hacer en todo el país frente al intento de un nuevo consenso de los commodities. Se trata de preparar una salida política propia de las mayorías trabajadoras junto a los pueblos originarios, estudiantes y profesionales, ante el chantaje que impone el capital y su Estado, cuando su desarrollo solo puede venir de legalizar la depredación y el saqueo de los recursos y bienes naturales como el agua, tal como denuncian profesionales y las propias comunidades en el caso del litio.

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