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Red Internacional

Lucas González salía de entrenar con amigos cuando efectivos de civil, en un auto no identificado, los interceptaron a balazos. La fuerza de Rodríguez Larreta habla de un “enfrentamiento” que no existió. Lucas recibió dos disparos en la cabeza y ahora lucha por su vida. La mano dura y la criminalización de los pobres al desnudo.

Daniel Satur@saturnetroc

Jueves 18 de noviembre | 09:24

La versión oficial, dada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y reproducida por la agencia estatal nacional Télam, dice que este miércoles a la mañana “un adolescente de 17 años fue herido de un balazo en la cabeza y otros tres quedaron detenidos cuando aparentemente se tirotearon con policías que pretendieron identificarlos y protagonizaron una persecución a bordo de un auto por el barrio porteño de Barracas”.

Pero el relato que intentó construir la fuerza represiva que conduce la gestión de Horacio Rodríguez Larreta duró poco. Alcanzó con que la propia familia de Lucas González explicara lo que realmente sucedió para empezar a desmontar la versión policial-periodística oficial.

En primer lugar la familia de Lucas desmiente categóricamente que se haya tratado de una persecución, mucho menos que haya habido algún tipo de enfrentamiento y aseguran con claridad que el joven y sus tres amigos no portaban ningún tipo de armas. “Fueron atacados sin motivos por los policías”, denuncian.

La versión que intenta instalar la Policía dice que el miércoles alrededor de las 9:30 en la calle Luzuriaga del barrio porteño de Barracas policías de la Comisaría Vecinal 4C “irradiaron un alerta por la presencia de varios jóvenes en la zona a bordo de un auto Volkswagen Suran azul que se negaron a ser identificados y huyeron”. Que los jóvenes “habían salido de la villa 21-24” y que “la persecución se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, donde se logró detener a tres de los sospechosos tras un tiroteo, uno de ellos herido de bala en la cabeza, mientras que un cuarto ocupante logró escapar a la carrera”.

Los familiares de los cuatro chicos dicen todo lo contrario. Para ello certifican que los jóvenes no habían hecho otra cosa que salir de un entrenamiento en el club Barracas Central, donde juega Lucas y sus tres amigos habían ido para probarse en las divisiones inferiores.

Los tres amigos de Lucas relataron aún aterrorizados que cuando habían salido del club, a unas pocas cuadras, fueron interceptados por un Nissan Tiida blanco, sin ningún tipo de identificación policial, del que bajaron dos hombres de civil desenfundando armas de fuego. Creyendo ser víctimas de un robo, los jóvenes intentaron zafar del bloqueo y fue en ese momento donde los policías comenzaron a disparar a los ocupantes del Suran.

El padre del adolescente que conducía el auto afirmó que el Volskwagen Suran es suyo y que su hijo lo llamó a las 9:35 para decirle que les habían querido robar y que a Lucas, su amigo, le habían pegado tres tiros. “Ellos fueron a entrenar y cuando salen los intercepta un auto, que no tiene identificación de nada, se bajan tres personas apuntándoles y ellos se escapan, y ellos (los policías) arrancan a los tiros”, relató el hombre.

El padre del chico agregó que su hijo, desesperado por la balacera, detuvo el auto apenas vio a policías uniformados en la calle “para decirles que les querían robar”. Pero lejos de asistirlos en su denuncia, los efectivos terminaron deteniéndolos a ellos. “Mi hijo sólo quería que lo asistan al amiguito que se le estaba muriendo arriba de las rodillas”, dijo el padre del joven ante los medios.

Como suele indicar el “manual” del “gatillo fácil” (no escrito pero aprendido a la perfección por las fuerzas represivas del Estado), luego del crimen se pone en marcha el encubrimiento de sus ejecutores. Lo primero que hizo el juez Alejandro Cilleruelo, titular del Juzgado de Menores 4, fue ordenar la detención de los cuatro jóvenes atacados. A los tres que resultaron ilesos se los trasladó en calidad de detenidos al Instituto Incháusti, donde quedaron retenidos hasta la mañana de este jueves.

En el caso de Lucas González, se lo trasladó al Hospital Penna bajo custodia policial y allí quedó varias horas en calidad de detenido. Sobre la madrugada de este jueves fue trasladado al Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Télam, a su vez, reproduce la versión policial acerca de que “dentro del vehículo en el que circulaban los jóvenes fue secuestrada en el asiento trasero una réplica de plástico de un revólver”. A su vez el Nissan Tiida donde se trasladaban los criminales de civil, siempre según la Policía, quedó con “la puerta del acompañante y la trasera izquierda abiertas y la del conductor doblada hacia adelante”.

Si no hubiera sido por la denuncia inmediata de los familiares de los jóvenes y, probablemente, si Lucas no fuera jugador de Barracas Central, el plan de encubrimiento habría avanzado aún más. Pero el juez Cilleruelo no tuvo otra alternativa que ordenar los peritajes del caso a la Policía Federal, sacando a la Policía de la Ciudad de los trámites investigativos.

También el juez ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los policías y que se les practiquen estudios de dermotest para determinar cuál de ellos efectuó disparos.

“Que esto no quede en la nada”

Cintia López, madre de Lucas, habló este jueves a la mañana con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Allí relató que “Lucas había salido de entrenar con sus amigos del barrio, de Florencio Varela, que iban a probarse a Barracas Central, donde él juega hace años. Cuando salieron de entrenar pararon a comprar un jugo (la señora del quiosco nos dijo que los vio bien, contentos y escuchando música)”.

La mujer agregó que “en el trayecto ya de camino a casa los frenó un auto con policías arriba, cosa que nos enteramos después porque estaban de civil. Los chicos pensaron que los iban a asaltar y entonces aceleraron. En ese trayecto que aceleran les disparan.”

“Lucas está mal, el daño es irreversible, los médicos no pueden hacer más nada, lo único que me lo puede salvar es un milagro”, dijo López, quien contó que su hijo “es una criatura que todos los días se levanta temprano para ir a entrenar, vuelve a dormir una siesta y a la tarde se va a la escuela. Hasta se cambió de horario de colegio, a la noche, para no faltar a clase. Me destrozaron la vida. Quiero que esto circule, que no quede en la nada y que los que hicieron esto la paguen”.

Hoy Lucas lucha por su vida en el Hospital Penna del barrio porteño de Parque Patricios. Su estado sigue siendo reservado.

La doctrina Chocobar no terminó cuando Patricia Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad en diciembre de 2019. Al contrario, sigue más que vigente, impulsada día a día desde las oficinas estatales y las usinas mediáticas que hacen de la mano dura y la criminalización de los pobres un deporte con consecuencias catastróficas (de las que nunca se hacen cargo).

Cuando funcionarios o políticos de la derecha, desde Bullrich hasta el kirchnerista Sergio Berni, pasando por José Luis Espert y Miguel Pichetto, legitiman con impunidad la estigmatización y criminalización de la juventud trabajadora y pobre, la xenofobia y el racismo con “los negros de las villas”, las torturas en comisarías y cárceles y la brutalidad de las ejecuciones sumarias en plena vía pública conocida como “gatillo fácil”, no hacen más que palmear en la espalda a efectivos como los que este miércoles balearon homicidamente a Lucas y sus amigos.

Dicho sea de paso, hasta el momento ni Télam (gerenciada por el Frente de Todos) ni ningún otro medio masivo de comunicación dieron los nombres de los criminales. Todo sea por preservar la gobernabilidad de las fuerzas represivas estatales, que a cambio de impunidad por hechos como éste que se repiten día a día están siempre listas para defender los intereses de los poderosos.




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