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Red Internacional

Con tres días de diferencia, dos casos que conmueven y alarman. Pamela, de 12 años, víctima de femicidio. Aldana, de 18, falleció embarazada en un hospital. Ambas eran wichí, al igual que dos bebés muertos por desnutrición en las últimas horas. Terribles ejemplos de una población relegada y de un Estado que actúa en favor de la muerte.

Julia PeñalbaTrabajadora judicial

Jueves 20 de enero | 20:40

El femicidio de Pamela

Se llamaba Julia Flores pero era conocida como Pamela, tenía 12 años y era parte de la comunidad wichí asentada a 2 kilómetros de la localidad de Pluma del Pato, en Salta.

Desde el miércoles 12 de enero su familia la buscaba desesperadamente. El sábado 15 a la mañana tuvieron la más temible noticia: su cuerpo fue hallado sin vida, escondido entre arbustos al costado de la ruta nacional 81, en una zona conocida por la comercialización de estupefacientes y la prostitución a cambio de comida, conforme comentó Manuel, presidente de la comunidad originaria Misión Kilómetro Dos. Vecinos del lugar la encontraron, porque fueron quienes verdaderamente la buscaron.

Aún no hay certezas sobre las causas de la muerte, pero familiares de Pamela denunciaron a medios locales que el cuerpo fue hallado con signos de violencia (con heridas de arma blanca) y de un posible abuso sexual.

Por el brutal crimen, hasta ahora se encuentra detenido un adolescente, aunque los familiares de la víctima insisten en que en el hecho participaron otras personas.

El pasado martes, entre el dolor más profundo y la precariedad, se desarrolló el entierro de Pamela. Las sentidas palabras de su padre dicen mucho: “Pido justicia, que se esclarezca todo y que haya una investigación a fondo. Necesito justicia por mi hija Pamela y que esto no quede impune. Los culpables tienen que pagar”.

Aldana murió buscando asistencia médica

El 12 de enero, el mismo día en que desaparecía Pamela pero a 300 kilómetros de allí, Aldana Quico de 18 años de edad partió de su comunidad wichí en La Puntana de Santa Victoria con fuertes dolores de parto. Recorrió más de dos horas para llegar a atenderse al Hospital de Tartagal. Pero encontró la muerte.

Tanto en el caso de Pamela como en el de Aldana, las familias y las comunidades a las que pertenecen, se elevan sobre el terrible dolor y van por más. Claman justicia, acuden a los medios que los escuchan, se organizan. Saben que sus muertes podrían haberse evitado, y que hay responsables.

El primer crimen

Ambas noticias llenan de bronca y dolor. E indagando sobre ellas, sobre las historias de vida de Pamela y Aldana, y las de sus comunidades, claramente se puede concluir en que hay un primer crimen, que actúa como una cadena de violencias asociadas a estos hechos condenables. Y ese primer crimen lo comete el Estado.

En distintas ocasiones se ha reflejado esta realidad en La Izquierda Diario. Comunidades saqueadas, donde el hambre y la falta de acceso a la cobertura de necesidades más básicas son moneda corriente. Poblaciones sin posibilidad de contar con las más básicas atenciones, dependiendo la mayoría de las veces de organizaciones solidarias para acceder a la educación y a la recreación, como sucedía en el caso de Pamela. Debiendo cruzar kilómetros para atender su salud, como se refleja en el padecimiento de Aldana, sin respeto a su lengua, a sus costumbres, a su identidad. Así es como viven las comunidades wichí en Salta y tantas otras a lo largo del país.

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Se suele decir que en casos como estos el Estado está “ausente”. Pero no es así. A estas zonas el estado sí llega, sobre todo con discursos y gestos, pero con ninguna política de fondo. El gobierno firma convenios, habla de inclusión. Se llenan la boca con palabras que destacan el respeto a la interculturalidad. Y los funcionarios se sacan fotos con personajes reconocidos. Sin embargo, mueren niños y niñas por hambre, por femicidios, o por prácticas aberrantes en instituciones públicas. En todos los casos se trata de decisiones políticas.

Es ese mismo Estado el que permite que avance el desmonte para llenar de riquezas a grandes empresas, perjudicando a las comunidades de la zona y a todo el territorio nacional, dando rienda suelta al negocio inmobiliario, de la soja, el maderero y el de la ganadería. Ya está vista la gran avanzada del cambio climático, derivado de estas prácticas.

Es el mismo Estado que permite que el escudo de la objeción de conciencia justifique prácticas terribles en niñas y adolescentes, convirtiendo sus vidas en una ruleta rusa, como fue el caso de Aldana y tantos más.

Se siguen negando derechos elementales. El gobernador Saenz y el Ejecutivo nacional son responsables directos de ello. Pamela y Aldana lo sufrieron. Este terrible sistema carga con especial crueldad contra niñas y mujeres, a la vez que sostiene los negocios capitalistas.

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Sin embargo, hay toda una comunidad detrás de ello, que dice basta, organizándose a pesar de la persecución, denunciando a los gobiernos de turno y uniéndose a otras luchas con el mismo rumbo y contra los mismos intereses mezquinos.

En su Instagram, la ONG que conocía a Pamela y desarrollaba un trabajo en la zona, dejo unas emotivas palabras, y un mensaje: “Aunque por estos lados la vida parece no tener valor, no nos vamos a acostumbrar nunca”. Efectivamente, las vidas de Pamela y Aldana y todas las que pasaron y vendrán, valen, y deben ser bandera para luchar contra las sucias ganancias y el Estado que las condenan




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