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Red Internacional

Policías comandados por el terrateniente Javier Critto y la jueza de Paz Leticia Mamaní destruyeron la vivienda de un anciano de la Comunidad Tolombon. Hasta instalaron una capilla con un cura que predica contra los comuneros.

Juan Lobo@CanisLupus1917

Jueves 26 de agosto | 16:00

Desde la Izquierda Diario conversamos con Ismael Chocobar, quien estuvo presente cuando tiraron abajo la vivienda de Román Ríos. Denunció el accionar ilegal de las fuerzas represivas en connivencia con el poder judicial. Hechos que se están intensificando en la zona norte de Tucumán con distintos ataques y avances de empresarios y terratenientes contra los derechos y territorios ancestrales de las Comunidades que son miembros del Pueblo Nación Diaguita.

Estos empresarios y terratenientes cuentan con la venia del poder judicial y político, que no tienen ninguna grieta a la hora de avasallar los derechos de los pueblos y permitir graves atropellos como los que sufrió ahora Ríos. La orden ilegal de desalojo fue firmada por la jueza Cecilia Wayar.

La familia Critto es conocida en la zona por los amedrentamientos y amenazas, dirigidos por Javier Critto en el mismo momento. Hubo diferentes ataques como cortes de luz, de agua, quema de quincho comunitario. Su familia puso una capilla en la localidad de Gonzalo para llevar a un cura, quien llego a decir a los pobladores que "a Dios no le gusta que se pongan en contra de Critto". Hasta mandaron una nota repudiando el intento de "adoctrinar" a los niñes de la zona por un curso que dieron desde el INAI sobre derecho indígena.

"Las mismas practicas coloniales de siempre", nos cuenta Nancy Chocobar, que también resalta las aceitadas conexiones judiciales de esta familia. "Siempre manifestaron que la cuestión de nuestros derechos es un invento", manifestó.

La sobrina del comunero denunció que las fuerzas represivas que destrozaron la vivienda se aquerenciaron en la propia finca de la familia Critto, donde no faltaron fardos de bebidas y comida para repartir a los efectivos que también golpearon a las mujeres y hasta efectuaron disparos al aire.

"Un operativo enorme para desalojar de forma ilegal a una persona mayor de edad. A mi tío lo apretaron para que firme un contrato, una especie de arriendo. Como el nunca hizo eso y es parte de la Comunidad, éstas son las consecuencias. Son prácticas que justamente lo que buscan es darle una lección al resto: si sos de la Comunidad, te va pasar esto", denunció.

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