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Red Internacional

Los trabajadores y familias del ingenio San Juan denuncian la complicidad de la jueza que lleva la causa. El intento de sacar la cisterna de la fábrica destapó la olla de un vaciamiento que cuenta con el acompañamiento de la Justicia y el Gobierno.

Martes 3 de agosto | 11:00

La situación de abandono que denuncian los trabajadores del Ingenio San Juan se hizo pública la semana pasada, cuando los propios obreros detuvieron un camión que se llevaba una de las bombas de agua del ingenio. El administrador, puesto desde el Grupo Omil, tenía la indicación de llevársela. Las intenciones del empresario son claras: ir llevándose materiales y usar las tierras, mientras se mantiene paralizada la producción.

Los mas de 360 trabajadores que forman parte de la planta están buscando otro asesoramiento legal al ver “la convivencia de la empresa con la jueza”. Denuncian que desde el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la VII nominación, a cargo de la jueza Mirta Estela Casares, hay una convivencia explícita con la empresa Constructora S. A. de Omil, partiendo de que directamente la hermana de la jueza está como responsable de planta, puesta por la empresa.

Los trabajadores exigen el cese de la administración del Grupo Omil, actual arrendatario, basándose en la situación de los últimos tres años en los que el empresario adeuda salarios, no paga servicios y la fábrica muestras claros signos de deterioro, producto de “no poner un solo peso en inversión”.

La deuda sobre los trabajadores ronda los 18 millones de pesos. Los obreros denuncian, que la empresa aprovecha la convivencia con la justicia, no solo para llevarse cosas, sino para sus negocios privados. “En 500 hectáreas sembró soja en el terreno del Ingenio, cosechó la soja y no pagó un peso. En otras 333 hectáreas no cultivadas, la empresa cosechó la caña y la vendió a otro ingenio”, denuncian. Por lo ganado en estas cosechas, Omil no rindió cuenta ante la Justicia, quedándose con toda la ganancia. Por otro lado, la jueza, en un claro acuerdo con la empresa, falló para que se quede con el 40% del de un arriendo pagado por un cañero. En el marco de la deuda millonaria que afrenta, es una provocación a los trabajadores.

La empresa, frente a los cuestionamientos obreros, asevera haber perdido los libros contables, por lo que no se puede hacer una contraposición. Toda una declaración de lo turbio de los manejos de este empresario, amigo de Manzur y ya implicado en el desfalco del Grupo Altamiranda.

En la interna del PJ, si hay algo de lo que no se habla es del San Juan. Manzur habla de cuidar el trabajo y ni referencia hace a la situación del Ingenio. Jaldo, aliado de Darío Monteros en la zona de la Banda del Río Salí, tampoco hace referencia a la critica situación de 366 familias que hoy viven de changas y ayudas de la comunidad.

Desde la izquierda, la referente y precandidata a diputada Alejandra Arreguez, salió al cruce de los vaciadores, poniendo en el centro la defensa de los puestos de trabajo. “El círculo de pasa manos no va más, proponemos terminar con eso. El estado provincial tiene que condonar la deuda que recae sobre el ingenio y que la paguen los que realmente se quedaron con la plata, los Jorge, los Omil, no los trabajadores. El Ingenio debe ser estatizado, con un plan de inversión pública para ponerse a punto, controlado por los trabajadores”, afirmó.

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