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Red Internacional

Con un aumento de las muertes en cárceles y comisarías, represión a protestas sociales, casos de gatillo fácil en CABA y provincia de Buenos Aires; femicidios y travesticidios, el organismo denunció la profundización de las políticas represivas del gobierno del Frente de Todos, en un contexto de ajuste marcado por el FMI.

Valeria Jasper@ValeriaMachluk

Viernes 17 de diciembre de 2021 | 23:38
Fotos: @phueza/ Enfoque Rojo

Bajo el lema “La deuda es con el pueblo", en la tarde del viernes se llevó a cabo la presentación del informe anual de Correpi sobre la situación represiva nacional, con la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el Estado durante 2021, en el marco del 30° aniversario de la creación de la organización. La cita fue en Plaza de Mayo, con la presencia de numerosos familiares de víctimas del aparato represivo estatal y organismos de derechos humanos.

“En muy pocos días se va a cumplir un nuevo aniversario de la rebelión popular de diciembre de 2001, que echó un gobierno y demostró que el pueblo en las calles se hace oír. A 20 años de esas jornadas que marcaron nuestra historia reivindicamos la memoria de las 38 personas que cayeron enfrentando la represión y recordamos a nuestro compañero Carlos Petete Almirón”, manifestó María del Carmen Verdú al presentar un resumen sobre los 30 años de Correpi, denunciado cada hecho represivo y “señalar las responsabilidades políticas gobierne quien gobierne”.

El informe, presentado desde 1996, “busca dar a conocer aquello a lo que nos enfrentamos todos los días y que es silenciado sistemáticamente por los medios hegemónicos, relegado al olvido por las políticas públicas en un contexto cada vez más complejo y crítico”.

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En los últimos dos años, bajo la gestión del gobierno del Frente de Todos, queda a las claras las consecuencias de haber incrementado los recursos y las facultades de las fuerzas represivas bajo la excusa del control de la pandemia.

“Muy lejos quedaron algunas medidas auspiciosas como la derogación de los protocolos Bullrich, la saturación represiva en los barrios continúa en alza y con una proyección mayor hacia el futuro como lo reflejan los presupuestos de Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Los dos gobiernos, a un lado y otro de la grieta planean destinar más fondos a la infraestructura represiva que a la educativa o la de salud”, aseguraron desde Correpi.

Casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención son las dos modalidades que predominan en los casos registrados en el informe presentado. Elías Garay, Alejandro Martínez, Lucas González, Luciano Olivera son algunos de los jóvenes asesinados en los últimos días, mientras la policía de Chubut reprime desde hace dos días al pueblo que se levantó contra la megaminería.

Datos

Desde la vuelta de la democracia Correpi lleva registrado el número de 8. 172 casos registrados. En los primeros once meses de 2021 se registraron 417 personas muertas en lugares de detención, por gatillo fácil u otras modalidades. Cifras marcadas por las decisiones tomadas por los gobiernos nacional y provinciales en el marco de la pandemia con el fortalecimiento de las fuerzas represivas.

En el acumulado histórico, las muertes bajo custodia representan el 51% del total y el gatillo fácil alrededor del 35%. Según el informe, hace 20 años los números no eran tan dispares entre sí, sin embargo, con el crecimiento de la población carcelaria por el endurecimiento del sistema penal y el abuso de la prisión preventiva, aumentaron las muertes en lugares de detención.

De las 981 muertes registradas en los últimos dos años, 671 eran personas presas en cárceles, comisarías y otros lugares de detención. En las comisarías, la mayoría de las personas fallecidas estaban detenidas por averiguación de antecedentes, faltas o contravenciones como el caso de Alejandro Martínez en San Clemente. En referencia a los casos de gatillo fácil, la organización registró 209 casos entre 2020 y 2021.

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Caminar por el barrio o estar preso es la primera causa de muerte a manos del Estado. El 90 % de las personas asesinadas estaban en un calabozo o caminaban por el barrio.

Sigue habiendo desapariciones a manos de las fuerzas represivas del Estado como el caso de Lautaro Rose en Corrientes.

Los femicidios son la primera causa de muerte de mujeres y disidencias sexuales a manos del aparato represivo. Hay registrados 423 casos.

Desde 1983, 92 personas murieron en contextos de represión a protestas. El gobierno de De La Rúa lleva la delantera con 45 asesinatos, luego le sigue Cristina Fernández con 20 personas asesinadas, Macri con 4; Menem, Duhalde y Néstor Kirchner con 2 casos cada uno. En 2021, Elías Garay fue la primera persona asesinada de la actual gestión, en la represión a una comunidad mapuche en Río Negro.

Sobre la Policía de la Ciudad, se destaca que, la fuerza que dirige Horacio Rodríguez Larreta, multiplicó por cuatro su intervención en casos de muertes. Pasó del 1, 2% al 5, 2%, convirtiéndose en una fuerza más letal que la Bonaerense.

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La juventud sigue siendo el blanco sobre el cual se descarga la política represiva y a quienes hay que “disciplinar”. El 40% de las personas asesinadas tenían 25 años o menos. Y el territorio que lleva la delantera es la tierra bonaerense de Kicillof y Berni, seguida, lejos, por Santa Fe, Córdoba, CABA y Mendoza.

En un contexto de crisis socioeconómica con perspectiva de mayor profundización frente al acuerdo que el gobierno de los Fernández busca concretar con el FMI para pagar una deuda ilegal e ilegítima, a costa del pueblo trabajador y los sectores más pobres, "la respuesta a las necesidades del pueblo no puede ser la represión", denunció Correpi, rechazando cualquier acuerdo con el Fondo.




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