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Red Internacional

El precio de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 95 % en los últimos doce meses. Hay productos como ciertas hortalizas, el limón o el azúcar que registraron un incremento mayor al 200 %. Comer es cada vez más un lujo para la clase trabajadora, mientras grandes empresas alimenticias y los agroexportadores tienen ganancias extraordinarias.

Jueves 12 de enero | 17:59
El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 95 % en 2022. Foto: Telam.

La inflación mensual de diciembre fue de 5,1 % y en los últimos doce meses la suba de precios alcanzó 94,8 %, según informó el Indec este jueves. Se trata del ritmo de suba promedio de precios más elevado de los últimos 32 años, superando la marca de 1991.

En el caso de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, si bien la variación mensual estuvo por debajo del nivel general con una suba de 4,7 % en relación a noviembre, no deja de ser una tasa alta y persistente que deteriora fuertemente los ingresos de las mayorías populares.

Tal es así que en el conjunto del año los precios de dichos productos acumularon un 95 % de aumento, apenas por encima del nivel general, marcando así una pauta de deterioro que coincide y determina a su vez el nivel promedio de precios.

A mediados de noviembre empezó a regir el programa Precios Justos, que congeló el precio de alrededor de 1.500 productos y con un techo de 4% de aumento mensual para el resto de los bienes que venden los supermercados. El Gobierno prometió a las empresas que ingresaron al acuerdo que tendrían garantizado el acceso a dólares a precio oficial para importar insumos clave en su producción. Otro beneficio a las patronales que se mostró con magros resultados.

Ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, apunta a sellar un acuerdo con la central sindical CGT para limitar los salarios. La información, confirmada a diversos medios desde fuentes oficiales, indica que la implementación se haría por medio de dos acuerdos semestrales, con subas del 30 %. Al mismo tiempo, habría una cláusula destinada a reabrir la discusión salarial si la suba de precios supera el umbral del 60 %.

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Es decir, a la pérdida de 5 puntos de los asalariados registrados en 2022 (dato interanual a octubre), y a la falta de recuperación de los 20 puntos perdidos con el macrismo, el Gobierno ahora busca sumarle una (en el mejor de los casos) cristalización de la distribución regresiva del ingreso. O incluso un nuevo deterioro, con la complicidad de las burocracias sindicales. Es una farsa la explicación de que la suba de precios es ocasionada por los aumentos salariales: la experiencia reciente demuestra que son precisamente los salarios los que corren por detrás de la inflación.

En una selección de alimentos y bebidas para el Gran Buenos Aires (GBA) que elabora el Indec, los diez productos que más aumentaron en los últimos doce meses fueron: lechuga (401%), cebolla (337%), batata (293%), papa (293%), limón (222%), azúcar (208 %), zapallo anco (178%), aceite de girasol (162%), manzana deliciosa (158 %), y huevos de gallina (158 %).

La inflación destroza el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Para que los salarios no sigan perdiendo contra la inflación, la pelea es por un aumento de emergencia y actualización mensual según el índice de costo de vida.

El Gobierno no ataca los problemas de fondo que ocasionan la inflación, como la escasez de divisas por los pagos de deuda publica y privada, el ciclo de altas ganancias empresariales o el atraso productivo. Los acuerdos de precios que propone, como el programa Precios Justos anunciado por el ministro Sergio Massa son un parche. Este actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación.

Tampoco enfrenta al poder concentrado que tienen las grandes alimenticias, que llega al punto de que dos o tres firmas pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar -controlando el 40 % de esta rama.

En este contexto, es urgente una suba de emergencia del salario, las jubilaciones y de los programas sociales para recuperar lo perdido. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta de pobreza, en la actualidad en $ 145.948 (noviembre), en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $ 227.392(noviembre).

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