Política Chile

MEDIDA CONTRA MOVILIZACIONES DE TRABAJADORES/AS

Indignante: Diputados aprueban ley que tipifica como delito la paralización en servicios como salud, transportes, electricidad

Un polémico proyecto de ley fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados y ahora será despachado al Senado. Tipifica como delito "paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad (...) servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones", y también la ocupación de "bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados". ¿Pretenden penalizar métodos de lucha de trabajadores/as como paralizaciones u ocupaciones de fábricas y empresas?

Miércoles 4 de diciembre de 2019 | 16:15

Este miércoles 04 de diciembre fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados un proyecto presentado el 25 de noviembre por los parlamentarios de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat, y de la Democracia Cristiana Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker, que busca tipificar como delito "siete situaciones que serán consideradas como desorden público para efectos de esta ley", según indica un artículo publicado en la página web de Diputados.

El proyecto- que será despachado al Senado, y que fue ratificado en general por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones- establece "que el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años".

Pero, ¿qué situaciones podrían catalogarse como "desorden público" y, según este proyecto, ser constitutivas de delito? De acuerdo a la polémica medida serían las siguientes:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

La medida además señala que "se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados".

El proyecto presentado por parlamentarios de derecha y de la DC es bastante controvertido porque, al mismo tiempo que establece como "delito" incendiar objetos o destruir establecimientos comerciales o industriales, por mencionar algunos ejemplos; integra como delito las paralizaciones o interrupciones en ciertos servicios estratégicos y claves- como transporte, electricidad, comunicaciones, salud-, abriendo la la puerta a sancionar con penas métodos de lucha de sectores de trabajadores, o situaciones como ocupaciones de fábricas y empresas.

Este tipo de iniciativa- que tuvo apoyo de prácticamente todos los sectores, incluyendo a parlamentarios/as del Frente Amplio como Boric, Castillo, Jackson, Crispi, Yeomans, Winter; mientras otros votaron en contra como Florcita Alarcón, Pamela Jiles, Hugo Gutiérrez; y otras abstenciones de diputados/as del PC y del FA- busca establecer como ley medidas represivas y coercitivas que podrían atentar directamente contra formas de lucha de sectores de trabajadores/as, y ser usadas para criminalizar la organización obrera, especialmente de aquellos rubros estratégicos en la sociedad que tienen mucha más fuerza para exigir demandas y poner en jaque a las autoridades.

No es casual que iniciativas como esta lleguen en un momento de profunda debilidad y deslegitimidad del gobierno de Piñera- que tiene menos del 10% de aprobación-, y en un contexto de movilizaciones sociales y cuestionamientos al Chile capitalista y neoliberal heredado de la dictadura, donde diversos sectores de trabajadores se han movilizado contra las precarias condiciones de trabajo, contra despidos y otro tipo de ataques empresariales.

Aunque este proyecto lo camuflen con apartados que hablan de quema de edificios o destrucción de inmuebles, lo de fondo y central son los puntos que contienen medidas represivas totalmente antitrabajadores y antimovilizaciones. ¿Y si trabajadores/as de un mall o centro comercial deciden paralizar por mejoras en sus condiciones laborales y movilizarse al interior de las tiendas? ¿Será catalogado como "delito" cuando trabajadores/as de la salud paralicen sus funciones en pos de luchar por mejorar la salud pública y sus condiciones de trabajo? ¿Será estipulado como "delito" si trabajadores/as deciden cortar una calle en protesta?

Es realmente escandaloso que parlamentarios/as de Convergencia Social y de Revolución Democrática- ambas organizaciones que pertenecen al Frente Amplio- aprueben proyectos de este tipo, que son directamente contra la paralización y movilización de trabajadores/as, y voten a favor junto a la derecha defensora de este modelo capitalista y neoliberal cuya base es la precarización del trabajo y la persecución contra la organización de la clase trabajadora.

Ni qué decir aquellas y aquellos parlamentarios que se abstienen de votaciones de este tipo, como Karol Cariola del Partido Comunista u otros diputados/as del Frente Amplio, como Camila Rojas o Claudia Mix, que no toman posición en contra de una medida antitrabajadores de este tipo y persecutoria.

No se puede tolerar que avancen proyectos antitrabajadores, que solo buscan amarrar y golpear la organización y movilización de millones de trabajadores/as que despertaron y fueron parte de la rebelión en el país, que dijeron basta a los 30 años de abusos y miseria producto de las herencias de la dictadura.

Es urgente que las principales centrales sindicales y organizaciones de trabajadores, y movimientos sociales, rechacen de manera categórica este proyecto y toda medida que ataque la organización y movilización de la clase trabajadora, que es uno de los objetivos principales de este gobierno derechista y defensor de toda la herencia de la dictadura.







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