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Imputan a dirigentes sindicales aplicando el artículo 194 del Código Penal

Raquel Blas y Roberto Macho de ATE y Federico Lorite de SITEA fueron notificados este jueves de la imputación de violar el artículo 194 del Código Penal por la movilización del 24F.

Enrique Jasid

@EnriqueJasid

Viernes 26 de febrero de 2016 | 23:13

La importante movilización del 24 de Febrero en Mendoza en el marco del paro de ATE mostró no solo la resistencia frente al plan de ajuste del gobierno, sino que desafió el protocolo macrista al cortar las calles de la ciudad de Mendoza.
Todos los medios provinciales, incluso los oficialistas, tuvieron que reconocer que no había podido aplicarse el protocolo contra la protesta social dada la masividad de la protesta en la que participaron estatales de toda la provincia, municipales despedidos de la tercerizada Samusa de Las Heras, los despedidos del Casino, Centros de Estudiantes y organizaciones sindicales.

Sin embargo como respuesta a su fracaso, el gobierno provincial impulsa ahora procesamiento a dirigentes sindicales aplicando el artículo 194 del código penal, aquél que habilita el protocolo basado en la ley antiterrorista y tiene su origen en la dictadura de Onganía.

Los gremios ya han anunciado que no se dejarán amedrentar por estas imputaciones. Noelia Barbeito, referente provincial del Frente de Izquierda que viene de impulsar una audiencia pública contra el protocolo Bulrich anunció que tomarán nuevas medidas frente a estos atropellos a las libertades democráticas y el derecho a manifestarse.
La fiscal que pidió la imputación es Daniela Chaler quien según el Secretario del Ministerio de Seguridad estuvo presente en la movilización y de forma completamente escandalosa fue acompañada de policial de civil a modo de infiltrados para tomar registro fotográfico de las personas participantes.

De esta forma, los gobernadores radicales Morales en Jujuy y Cornejo en Mendoza, que ahora se encuentra como parte de la comitiva oficial en el Vaticano, pretenden mostrarse como buenos alumnos del gobierno de Mauricio Macri aplicando sus políticas de ajuste y criminalización de la protesta social.







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