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Red Internacional

Con un informe conjunto, el organismo de derechos humanos y la universidad que realiza el “mapa mundial” de la pandemia detallan hechos y circunstancias que configuran una política “abusiva” e “insalubre” del gobierno provincial hacia la población.

Viernes 26 de marzo | 13:01
Foto Formosa Express

“El gobierno de la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19”, señalaron este viernes la organización Human Rights Watch junto a los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, que desde el inicio de la pandemia realiza actualiza cada día un “mapa” con la situación del coronavirus a nivel mundial.

En un informe ambas instituciones (con sedes en Estados Unidos) agregan que el gobierno de Gildo Insfrán restringe el trabajo “de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia”, al tiempo que las autoridades provinciales “habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban” por las medidas restrictivas “y durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

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Según el relevamiento realizado por Human Rights Watch, “desde abril de 2020 más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. En muchos casos “bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”.

También destacan algo que ya se viene denunciando desde hace meses, que Insfrán mantuvo “a algunas personas con resultados positivos de covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”.

Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, afirma que “los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al covid-19”.

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Entre enero y marzo de este año Human Rights Watch entrevistó telefónicamente “a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos”.

Algunas de esas personas son empleadas públicas provinciales o municipales y temen perder el trabajo, dicen las instituciones al tiempo que aclaran que el informe también se basa “en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”.

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Sobre el rol del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, el informe dice que es insuficiente frente a la situación detectada en la provincia. Por ejemplo, cuando a fines de enero el funcionario viajó a la provincia “solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos”. Y “después de las protestas del 5 de marzo” Pietragalla “condenó la ‘violencia ejercida por integrantes de la policía’”, pero “también se refirió a la “permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial”.

En ese marco, dijeron, “la respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”. De allí que lo cuestionan duramente, siendo “el principal funcionario de derechos humanos en todo el país”.
El informe detalla un gran número de situaciones, con fechas y lugares precisos, en las que pudo determinarse el nivel de represión y desatención del Gobierno de Insfrán hacia la población en general y de quienes están en situación de riesgo en particular.

Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins recomiendan al gobierno del Presidente Alberto Fernández trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país”, finaliza el informe.

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