Política

#DONDEESTAMIGUEL

Hoy cumpliría 50 años Miguel Bru, desaparecido bajo los Gobiernos de Duhalde y Alak

Nació en La Plata el 16 de julio de 1970. El 17 de agosto de 1993, en plena década neoliberal, una patota de la Policía Bonaerense lo secuestró, torturó, mató e hizo desaparecer. Su familia lo busca desde hace 27 años.

Daniel Satur

@saturnetroc

Jueves 16 de julio | 11:36

Desde el 30 de abril la sociedad se pregunta #DondeEstaFacundo, el joven de 22 años desaparecido en Mayor Buratovich luego de que fuera visto en la ruta 3 cuando era subido a un patrullero de la Policía Bonaerense por parte de dos policías. Pero la combinación de “desaparición” y “bonaerense” no es algo novedoso ni muchos menos.

Además de los crímenes cometidos entre 1976 y 1983, la fuerza represiva provincial tiene un historial nefasto de crímenes, gatillo fácil, torturas y, también, desapariciones en “democracia”. El caso de Miguel Bru, el joven desaparecido a los 23 años y que hoy cumpliría 50, es uno de los más emblemáticos.

Miguel estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. También era músico y había formado con amigos la banda de punk-rock Chempes 69. Y encima vivía con algunos de ellos en una casa ocupada frente al Hospital San Martín de la capital bonaerense. Demasiados “méritos” en plenos años 90 como para no llevarse bien con la Policía.

Eran los tiempos de Carlos Menem gobernando Argentina a pura privatización y represión. Eduardo Duhalde hacía lo propio en territorio bonaerense junto a su comisario de confianza Pedro Klodczik al frente de la Policía provincial. El “capo” de la maldita Bonaerense sería eyectado años después tras el crimen atroz del reportero José Luis Cabezas.

En aquellos años la fuerza estaba compuesta en un altísimo porcentaje por hombres y mujeres que habían participado directamente de la dictadura cívico-militar-eclesiástica al mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, secuestrando, torturando, robando, violando, matando y haciendo desaparecer a miles de personas.

En La Plata la correa de transmisión de esas políticas reaccionarias era el intendente Julio César Alak. Paradojas (o parajodas) de la política, hoy Alak es ministro de, nada menos, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires (y ocupó el mismo cargo a nivel nacional durante la presidencia de Cristina Fernández).

Seguí toda la cobertura del caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro

Desaparición forzada

En 1993 Miguel Bru había denunciado a un grupo de efectivos de la Comisaría Novena (ubicada en la esquina de 5 y 59) por un allanamiento ilegal, es decir sin orden judicial ni nada por el estilo, en su casa. Luego vendrían constantes hostigamientos policiales contra él, en los que los policías lo presionaban para retirase la denuncia.

Hasta que el 17 de agosto de ese año, se presume entre las 19 y pasada la medianoche, una patota de la Novena al mando del subcomisario Walter Abrigo y del sargento Justo López lo “levantaron”, lo llevaron a la comisaría y, según testigos que estaban detenidos ese día allí, lo golpearon hasta matarlo. Se lo llevaron en un auto con rumbo desconocido y su cuerpo nunca fue encontrado.

La “investigación” judicial inicialmente estuvo a cargo del juez Amílcar Vara, otro nefasto personaje de la época. Después de dar muchos servicios al poder económico y político, sería destituido por innumerables irregularidades en al menos 27 casos que involucraban a policías bonaerenses, entre ellos el de Miguel y el del albañil platense Andrés Núñez.

La lucha incansable de Rosa Schoenfeld, la madre de Miguel, de su familia, sus amigos, sus compañeros de Periodismo, los organismos de derechos humanos y la izquierda logró que el caso escalara en repercusión social. Las masivas movilizaciones en las calles de La Plata y la presencia constante en los medios obligaron al Estado a dar algún tipo de “respuesta”.

Así, finalmente, en 1999 los policías Abrigo y López fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales del crimen. En el mismo juicio (plagado de maniobras de las defensas ante el “dejar hacer” de jueces, fiscales y autoridades políticas) recibieron penas de apenas tres años el comisario Juan Ojeda y el suboficial Ramón Cerecetto. Tras el juicio, tres policías más fueron imputados por el crimen, pero en 2004 esa causa se archivó sin avanzar.

Juicio y (poco) castigo

Abrigo murió en 2003 de un infarto en el penal de Florencio Varela. López había salido del penal de Sierra Chica en 2014, beneficiado con el 2x1, pero la familia de Bru apeló y en 2017 el asesino debió volver a prisión. Tanto él como sus secuaces hasta el día de hoy siguen sin decir qué hicieron con Miguel y dónde lo llevaron. Obviamente sus miles de cómplices de la Policía jamás dijeron nada tampoco.

Uno de esos cómplices es nada menos que Fabián Perroni, el exjefe de la Bonaerense en tiempos de María Eugenia Vidal y pasado a retiro (es decir jubilado con sueldo jugoso y honores) por la actual gestión de Axel Kicillof.

Como denunciaron oportunamente desde la Asociación Miguel Bru, en los años 90 Perroni integró el mismo “grupo de tareas” liderado por el subcomisario Abrigo. De hecho en 1997 fue detenido junto a un par de sus camaradas por cometer torturas y otros apremios en operativos. Finalmente quedó libre de culpa y cargo y siguió su carrera.

Cuando en 2017 Perroni fue nombrado por Vidal jefe de la Bonaerense (en reemplazo de otro comisario involucrado en el narcotráfico), Rosa Schoenfeld dijo a este diario: “lo primero que se me cruzó es que tal vez este señor sabe dónde está Miguel ¿no?. Yo siempre hago hincapié en los oficiales, ellos no eran ajenos a todo lo que pasó. En su momento cuando había una pista yo por ahí decía no, porque ellos no tenían la jerarquía. Pero cualquiera que conoce cómo procede la Policía sabe que ellos no son ajenos, que entre ellos todo se sabe”. Obviamente Perroni nunca “batió” a nadie, como dicta la escuela de Camps y Echecolatz.

La lucha siempre continúa

En estos 27 años Rosa, su familia y las organizaciones solidarias con su lucha fueron engañadas muchas veces por el régimen político y judicial. Muestra de ello son los innumerables “allanamientos” y “rastrillajes” para buscar a Miguel en lugares diversos, a partir de llamados “anónimos” al 911. Nunca un resultado positivo. Nunca una pista firme. Como con Jorge Julio López, desaparecido en 2009, cuando la Bonaerense estaba bajo el mando del ministro León Arslanián y el gobernador Felipe Solá (sí, el actual canciller de la Nación).

El periodista Ricardo Ragendorfer acuñó una frase que grafica bastante la cuestión: “el gatillo fácil es el único delito sin fines de lucro que comete la Policía”. Podríamos agregar, además del gatillo fácil, las torturas, muertes y desapariciones. Sobre todo de jóvenes trabajadores y pobres.

Desde hace décadas los autores materiales de esos crímenes, quienes los inspiran y quienes los encubren los siguen ejecutando sin culpa y con convencido desprecio por la vida de sus destinatarios. Los casos actuales de Facundo Astudillo Castro, de Lucas Verón, de Alan Maidana y tantos otros jóvenes que en plena cuarentena pasaron por “las manos y las balas” de la Bonaerense, no dejan margen de dudas.

¿Hasta cuándo mantendrá la sociedad esa idea de que la Policía “nos cuida” y, si hace de las suyas, puede “reformarse” con cursos de derechos humanos y “renovarse” con caras jóvenes?

¿Hasta cuándo la creencia de que una fuerza así es necesaria para “combatir” al delito que ella misma controla, gerencia y capitaliza? No es un policía, es toda la institución, como versa otra frase acuñada por el movimiento de derechos humanos argentino.

Hoy preguntamos con fuerza y premura ¿dónde está Facundo? Pero tampoco dejamos de preguntar ¿dónde está Miguel?







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