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Red Internacional

En la mañana de hoy desde el Observatorio Mumalá Jujuy, en la Facultad de Humanidades se presentó el Registro Provincial de Femicidios, relevados desde Enero de 2015 a Diciembre de 2020. Participaron de la presentación las madres de Iara Rueda y Nahir Álvarez. Denunciaron la falta de presupuesto y la responsabilidad del Estado frente a la violencia de género.

Andrea GutiérrezConcejala del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy

Viernes 30 de abril | 20:19

En la mañana de hoy en la Facultad de Humanidades, se presentó el Registro Provincial de Femicidios impulsado desde el Observatorio Mumalá Jujuy. Los datos fueron relevados desde enero de 2015 a diciembre de 2020 a partir de los medios de comunicación gráficos y digitales provinciales y nacionales.

En estos últimos años, Jujuy llegó a tener la tasa más alta de femicidios en el país, en 2020 esta cifra fue de 2.6 cada cien mil habitantes. La información recabada por el observatorio mostró que desde enero de 2015 a diciembre de 2020 se registraron en la provincia 47 femicidios. El 72% ocurrió en el interior de la provincia, 13 en departamento Dr. Manuel Belgrano, 9 en San Pedro, 7 en El Carmen, 5 en Ledesma, 3 en Palpalá, Humahuaca y Yavi; 2 en Cochinoca, 1 en Tilcara y Santa Clara.

60% de las víctimas eran madres, producto de su asesinato 44 niñes y adolescentes se quedaron sin sus madres. Un 8% fueron femicidios en mano de un miembro de las fuerzas de seguridad y en estos casos el 50% usó su arma reglamentaria. Sobre las víctimas además se conoce que el 26% estuvo desaparecida; el 25% había realizado denuncias previas, aunque sólo el 16% había conseguido una restricción de acercamiento o una perimetral. El 51% de los femicidios sucedieron en la vivienda de las víctimas.

Desde Mumalá señalaron que se presenta este registro para ayudar al Estado, que buscan que se use como una herramienta más que esté orientada a impactar e incidir en las políticas públicas; y por ello consideraron preocupante que no se haga efectivo el presupuesto de la Ley Iara. Además exigieron que los organismos estatales trabajen en común con las organizaciones de mujeres que intervienen territorialmente acompañando casos de violencia. "No cambió nada desde que se declaró la ley Iara, necesitamos que el Estado se ponga al frente de tomar las medidas necesarias para que podamos vivir sin miedo" declararon.

La conferencia de prensa finalizó con los testimonios de Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda; Julia Álvarez, tía de Nahir Álvarez y Roxana Cruz, víctima de violencia laboral.

"Como decían acá falta presupuesto, esta clase de femicidios pasan en la provincia hace muchísimo tiempo, yo era una más de esas de la sociedad que pasaba por la Vereda del frente, hoy me tocó estar del otro lado. Lo único que me queda claro es que esto tiene que cambiar. No me voy a cansar, voy a salir a las calles" dijo Mónica

"Uno va y hace una denuncia y no sirve para nada, te toman como si no fuera nada; «después de 24 horas la vamos a buscar», «Ah, seguro se fue con el noviecito» te dicen" denunciaba respecto a la actuación del Estado. "Se ha hecho una ley Iara, ¿para qué?; para calmar a la sociedad, para que salga en la prensa que tienen una ley, pero una ley que no tiene presupuesto no nos sirve." sentenció.

"En el caso de Marina Patagua, ¿dónde estaba el presupuesto para que tengan un psicólogo que esté formado en violencia de género, para que vean que no se le puede echar la culpa a Marina Patagua por lo que le pasó? El Estado tiene la culpa porque no le dio lo necesario a ella."

"Como decía Mónica los padres del dolor no hemos fijado una meta que es luchar para despertar al gobierno. O mejor dicho hacerlo trabajar, porque está despierto; está despierto para cobrar. Tanto el gobierno como el Superior Tribunal de Justicia y la Policía son corruptos, en lugar de cuidar a nuestros hijos los están matando." relató Julia cuando fue su turno al micrófono.

"Los padres del dolor no nos callamos más porque son muchas las víctimas que no tienen respuesta del Estado. Y la única forma de que el Estado nos escuche es estando en las calles, pidiendo justicia" afirmó con fuerza, la propia experiencia le enseñó esas lecciones".

Roxana, cerró con su testimonio. Ella unió su lucha contra la violencia de género en el trabajo a la de las madres y familiares de las víctimas de femicidio. "Yo sé que hay que luchar, yo sé que las leyes están; pero detrás de todo esto también hay cómplices. Cómplices a los que muchas veces cubre el Estado, como a mi jefe. Pero la lucha está en la calle, y al poder político le molesta la calle porque le molesta que no nos callemos más."

Una vida libre de violencia machista se conquista organizadas y en las calles

Desde Pan y Rosas acordamos con la necesidad de que se destine el presupuesto necesario para que la Ley Iara se aplique, pero siempre resaltamos que tal cuál la votaron era poco más que una declaración de buenas intenciones, sin claridad en cuántos refugios, en qué condiciones trabajaría el personal volcado al acompañamiento, los montos de las ayudas sociales, cómo se garantizará el acceso a los planes de vivienda. En fin, intentar "ayudar" al Estado que es patriarcal, pero también capitalista es una utopía; porque frente a cada piba desaparecida, frente a cada femicidio el Estado no estaba ausente, sino que se encotraba cumpliendo con "su responsabilidad": la de legitimar y reproducir la violencia contra las mujeres. Lo hace a veces de manera directa y brutal a través de su brazo armado, ese 8% de efectivos de las fuerzas de seguridad; en otras ocasiones es más indirecto, a través de jueces que emiten dictámenes plagados de prejuicios patriarcales que revictimizan a las víctimas o que encubren a femicidas garantizando la impunidad.

Y también el Poder Legislativo mostró en Jujuy cómo actúa el Estado, cuando no deja dormir los proyectos de ley relacionados a prevenir y erradicar la violencia de género, impulsa leyes que no son reglamentadas, a las que no se les destina presupuesto, son sólo fotos para la prensa y las redes sociales, pero nadie se responsabiliza por su inoperancia.

Las comisiones, coordinaciones y programas que inventan los gobiernos provincial y nacional son palabras vacías si el presupuesto se destina a pagar al Fondo Monetario Internacional. Las comisarías "de la mujer" y los cursos de Género a las fuerzas represivas son una medida "para la foto" para lavarle la cara a instituciones odiadas por la juventud y el pueblo pobre que permanentemente sufre el gatillo fácil y la represión cuando sale a luchar por sus derechos.

Por eso decimos que mientras el Estado capitalista reproduce y legitima la opresión patriarcal contra las mujeres, es garante de que la violencia contra las mujeres siga ocurriendo sin que ninguna institución haga nada para evitar que esa violencia llegue a convertirse en letal y tengamos otro femicidio que sumar a las estadísticas. El Estado es también capitalista, defiende, sostiene, legitima los intereses de la parasitaria clase de los explotadores, los empresarios, los terratenientes, los bancos que en medio de la pandemia siguen acumulando millones mientras las condiciones de vida de las familias trabajadoras se recrudecen, y con ello la violencia hacia las mujeres.

Conquistar una vida libre de violencia machista requiere entonces de una lucha revolucionaria, una lucha que se plantee acabar, de raíz, con este régimen social y su Estado fundado en la violencia de la explotación y la opresión de la inmensa mayoría. Es el único camino realista para conquistar una vida que merezca ser vivida.




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