Sociedad

IMPUNIDAD

Hace veinte años la Policía de Salta asesinó a Anibal Verón en un corte de ruta

Verón, de 37 años, aquel 10 de noviembre se encontraba reclamando por sueldos adeudados de la empresa de transportes Atahualpa, quien lo había despedido luego de 17 años de trabajo.

Martes 10 de noviembre | 14:25

Foto ilustrativa

El 10 de noviembre de 2000 a la madrugada, Anibal Verón era asesinado en un corte de la ruta 34 mientras peleaba junto a desocupados y trabajadores de Atahualpa y Edesa (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta). Entre 1999 y 2000, en la provincia los planes que otorgaba el Gobierno nacional se habían reducido a poco menos de la mitad y la desocupación superaba ampliamente el 50 % en el departamento de San Martín.

A lo largo de los 2 años de la Alianza en el Gobierno se desarrolló un largo proceso de protesta obrera y popular. Como en el resto del país, el corte de ruta se había convertido en la herramienta de lucha de amplios sectores de la sociedad, en su mayoría desocupados en un contexto de crisis económica y social. Por eso, en noviembre de 2000 llegaron a producirse 14 cortes en diferentes localidades provinciales.

Salta

El 30 de octubre se había iniciado un corte en la ruta 34 a la altura de Tartagal, en rechazo al recorte de $30 del monto de los planes trabajar que por ese entonces equivalía a $120, y en reclamo de mayor cantidad. A la protesta se sumaron trabajadores de una contratista de Edesa y de transportes Atahualpa, e integrantes de pueblos originarios. La empresa Atahualpa estaba ligada a la familia Romero, gobernador por ese entonces y actual senador nacional, y adeudaba entre seis y once meses de salarios. Además, había producido despidos como el de Verón, luego de 17 años de servicios.

El 9 de noviembre el gobierno provincial logró dividir la protesta. El sector de manifestantes decididos, junto a la UTD y la CTD, se trasladó al paraje Cuña Muerta, sobre la misma ruta 34. Horas después, llegó la orden del Juez Federal Abel Cornejo que habilitó la represión con balas en el acceso sur de Mosconi. Cornejo, quien a su vez tuvo a su cargo la investigación por la muerte de Verón, es el actual Procurador General de la provincia. Uno de los pilares de la represión y la impunidad en Salta, siendo juez y parte, que hoy persisten.

Luego del asesinato en manos de la Policía, se produjeron nuevas puebladas en Mosconi y Tartagal, después de las de mayo de ese mismo año. Miles salieron a las calles de ambas localidades contra la represión, con saqueos y atacando edificios públicos y de las empresas Edesa, Atahualpa y El Tribuno. En Mosconi la municipalidad ya había sido arrasada en mayo y esta vez se copó la comisaría y se tomó de rehenes a los policías. En Tartagal se reforzaron los piquetes y la movilización en el centro fue atacando la comisaría y a símbolos del poder político y económico.

Si bien el 13, finalmente, se levantó el corte tras mínimas concesiones del gobierno provincial, a nivel nacional las centrales sindicales llamaron a un paro general de 36 horas para el 23 y 24 de noviembre con un acatamiento altísimo.

Impunidad

Mientras el secretario de Seguridad de ese momento Daniel Nallar, actualmente funcionario de Bettina Romero en la Intendencia de Salta capital, manifestó que Verón fue víctima de “una riña entre piqueteros”, Romero sostuvo aquel día que la Policía no estaba armada con balas de plomo. Nada que envidiarle al discurso de Sergio Berni y Axel Kicillof por estos días respecto al brutal desalojo de las familias en Guernica, Buenos Aires.

Desde el entorno de Verón manifestaron que el 10 de noviembre de 2000 “uno de los uniformados se levantó el protector del casco, apuntó con un arma corta hacia adelante, disparó y en el acto cayó Aníbal, que estaba al lado mío”. Por su parte, la esposa de Verón, Enriqueta Gómez responsabilizó al Gobierno de Romero, el juez Cornejo “que fue anoche (9 de noviembre, NdR) a decir que no iban a reprimir. Y también Sonia Escudero de todo los que sucedió porque ayer nos dividió de los aborígenes”. Todos impunes.

La represión como sello

Mario Ojeda y Francisco Escobar, asesinados en el puente que une Chaco y Corrientes, habían sido las primeras víctimas de la represión del gobierno de la Alianza, llegado al poder a fines del 99. Las grandes expectativas de recambio frente a su antecesor Carlos Menem fueron disipadas a punta de fusil en tareas conjuntas entre las Policías locales y la Gendarmería con un avance en la criminalización de la pobreza y la protesta social.

En el año 2000 hubo intensificación en los cortes de ruta, producto de la pelea por trabajo genuino contra los intentos del Gobierno de cooptar al movimiento piquetero por la vía de planes sociales (promesas que además incumplían). Durante uno de esos piquetes, el 9 de mayo, mueren los piqueteros Orlando Justiniano y Matías Gómez, en un supuesto accidente cuando iban buscar gomas para quemar, versión de la policía provincial que las organizaciones siempre desconocieron. Mientras continuaban los piquetes, Romero comenzó por abajo una campaña de demonización hablando de “piqueteros infiltrados”. Finalmente, en Mosconi y Tartagal se desarrollaron nuevas puebladas, con unas 20.000 personas en las rutas y el Gobierno debió negociar una tregua.

El asesinato de Aníbal Verón, las anteriores represiones brutales en la propia Salta, y las venideras como en junio del 2001 cuando la Gendarmería asesina a Carlos Santillán y el adolescente José Barrios, también en cortes de ruta, son muestra de una época bisagra entre el fin del menemismo que no terminaba de irse y lo que fueron las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre, que provocaron la renuncia de De la Rúa.

En el gobierno de la Alianza estaban De la Rúa y la UCR, pero también Patricia Bullrich como ministra de Trabajo y Carlos Chacho Alvarez del Frepaso como vice presidente, quien apenas días antes de la brutal represión en la ruta 34 había renunciado a su cargo tras el escándalo de la "Banelco".

El expresidente tuvo que huir en helicóptero dejando 39 muertos un año después, aquel 20 de diciembre de 2001. Bullrich fue parte del Gobierno Mauricio Macri, con muertes y desapariciones a cuestas, y encabeza las manifestaciones de derecha como referenta del PRO.

Chacho Alvarez, por su parte, fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y tras asumir en diciembre de 2019 Alberto Fernández lo propuso como embajador argentino en Perú, cargo que finalmente rechazó hace unos meses.

Anibal Verón

Tras su asesinato, el nombre de Verón resonó como bandera de lucha, así como el de Teresa Rodriguez, asesinada en el marco de la represión en Cutra Có y Plaza Huincul, en Neuquén, en 1997. El 26 de junio de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la Bonaerense asesinó a Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, integrantes del CTD Anibal Verón, en la masacre del Puente Pueyrredón, un crimen de Estado con la mayoría de sus responsables libres. Entre ellos el actual canciller Felipe Solá, funcionario del Gobierno de Fernández.

En las asambleas barriales de la Ciudad de Buenos Aires, posteriores a diciembre de 2001, resonó una y otra vez “La muerte de Anibal Verón”, del grupo Santa Revuelta.

A veinte años de su asesinato, estamos transitando los contornos de una crisis económica y social enmarcada en el régimen del FMI, institución que hoy está de visita en la Argentina. Con una desocupación en ascenso y una pobreza que supera el 40 %.

Son 3.700.000 los puestos de trabajo perdidos a nivel nacional en el segundo trimestre del año que lejos están de recuperarse, mientras las formas de precarización se multiplican a la vez que la fuerza de un sector que hoy está al frente de las peleas por tierra para vivir.

Anibal Verón presente, ahora y siempre.







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