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Red Internacional

Esta nota fue publicada el 4 de marzo. La Izquierda Diario vuelve a publicarla en el marco del debate abierto por la demonización contra una campaña de consumo responsable por parte de un municipio.

Rosa D'Alesio@rosaquiara

Lunes 25 de abril | 18:00

Gustavo Zbuczynski es licenciado en psicología, preside la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, con una larga trayectoria en la práctica profesional en adicciones.

ARDA trabaja hace más de 25 años en programas de Reducción de Daños y Riesgos, así como en la promoción de la salud y prevención frente al consumo de drogas. Bajo esta perspectiva, impulsan y realizan intervenciones en los más variados escenarios en los cuales se encuentran las diferentes poblaciones que consumen sustancias psicoactivas. Sobre esto, el licenciado Zbuczynski sostiene: "Si hubiera intervenciones desde la reducción de daños podríamos avanzar en, por ejemplo, testear las sustancias que en Puerta 8 hubieran evitado la cantidad de intoxicados".

Esta Asociación, además, organizó las primeras tres ediciones de la Marcha Mundial de la Marihuana en la ciudad de Rosario y en Buenos Aires. La primera en el año 2002. Desde entonces, ARDA reclama la derogación del artículo 14 de la ley nacional 23.737 de control de drogas. Así mismo adhiere y apoya la total implementación de la ley de Salud Mental y Adicciones.

-¿Qué consecuencias tiene las políticas policiales en el consumo de sustancias y cómo vienen trabajando en este sentido ARDA?

  •  Hace 25 años que venimos trabajando en políticas de disminución de riesgos y de daños. Para nosotros es importante sacar el eje de las drogas, si es buena o no, que llevan a posiciones maniqueas donde alguien decide que es lo bueno y lo malo.

    Desde los años ’80 lo que se viene haciendo desde las políticas de disminución de riesgo y de daños, es descentrar este lugar preponderante que tienen las sustancias, y armar programas para aquellas personas que no podían o no querían dejar de consumir. Para esto no se ocupaban de las drogas, sino de disminuir las consecuencias negativas que las drogas pueden generar.

    Desde entonces se fue avanzando en esta mirada, opuesta a la que llevan adelante desde el prohibicionismo-abstencionismo.

    Pensar este ideal de un mundo libre de drogas es negar la realidad, cuando todas las civilizaciones tuvieron una relación con el consumo de drogas. Cuando Nixon, Reagan, Thatcher, declararon la guerra contra las drogas, desató este desastre que vemos hoy.

    -Desde ARDA plantean la derogación de la ley de drogas, contanos un poco sobre esto

  •  ARDA nace con la propuesta de modificar el artículo 14 de la Ley 23.737, conocida como “Ley de Estupefacientes”, que penaliza hasta la tenencia para el consumo personal. Es un planteo inicial de ARDA de finales de los años ’90. En aquel entonces plantear la derogación de la penalización por tenencia personal, era una cuestión absolutamente revolucionaria. Eran años donde se difundía muy fuerte la propaganda contra las drogas. Incluso crean la Sedronar como instancia represiva, la ejecución plena del abstencionismo bajo el paradigma de la guerra contra las drogas.

    Hoy nosotros vamos por otros ítems. Hoy hablar solo de despenalización creo que atrasa veinte años. En Argentina tenemos la ley más represiva de la región que penaliza al consumidor. Esto lo podemos ver en las cárceles llenas de usuarios de drogas.

    Lo que se mostró es que las políticas abstencionistas, que sostenían la teoría de perseguir al consumidor para atrapar a los peces gordos, son una total mentira, porque, que yo conozca, no hay ningún “pez gordo” en las cárceles argentinas. No vi ningún gerente de un banco internacional, ni nadie que lavase dinero del narcotráfico en las cárceles.

    Es decir que la despenalización del consumo es algo de mínima, pero en más de 30 años no hemos logrado que se derogue ni siquiera ese artículo. Aún hay un status quo sobre la penalización del consumo.

    Tenemos que ir a una regulación estatal de todas las sustancias, que significa el monopolio estatal de la circulación de sustancias.

    Así lo demostró la ley seca en los Estados Unidos, que ilegalizar una sustancia produce como resultado el aumento de todas las consecuencias negativas que una sustancia puede producir: adulteraciones y por ende intoxicaciones. A esto se suma la corrupción de jueces, policías, políticos que, tentados por el formidable negocio pasan a formar parte del mercado negro.

    Cuando el Estado toma el control sobre lo que se consume, podes comprar vodka y no te vas a intoxicar porque sabes que tiene 40 ª y es apta para consumo humano. Te pueden vender de mala calidad, pero apta para consumir.

    La regulación estatal, tal como es hoy con el alcohol, tampoco resuelve todos los problemas porque no se trabaja bien para evitar las consecuencias negativas que tiene el consumo excesivo, así como otros problemas evitables.

    Por ejemplo, a los chicos adolescentes no se les informa que no deben mezclar alcohol con otras sustancias, como los energizantes, cuya mezcla provoca riesgos altos.

    -Desde ARDA vienen trabajando sobre las políticas de disminución de riesgo y de daños, ¿nos podés contar las leyes que disponen estos abordajes?

  •  En Argentina tenemos una “esquizofrenia” jurídica imposible de entender. Conviven dos legislaciones que hablan de lo mismo y son contrapuestas. En estos 25 años venimos trabajando con una reglamentación de la Sedronar, porque el sociólogo Alberto Calabrese, fue responsable de armar una resolución que nos permitió desarrollar, a quienes venimos trabajando sobre esto, algunas campañas pilotos y mostrar que se podía hacer política de drogas de otra manera.

    Hasta ese momento -algo que continúa con la vigencia de la ley de drogas-, se penaliza otorgar información sobre el consumo de drogas. Podés ser penalizado por dar información sobre cómo usar las jeringas y esterilizarlas. Esta ley prohíbe testear las sustancias. Amparados en la resolución del Sedronar, es que pudimos hacer algunas pruebas piloto.

    Así y todo, hoy no podemos informar, por ejemplo, que en una fiesta electrónica vamos a realizar testeos de las pastillas que se suelen consumir en estos eventos, porque tendríamos a la Policía esperándonos. Una actividad que es de salud pública, y sin embargo no lo podes hacer.

    Hubo un período larguísimo hasta que se promulgó la ley de Salud Mental y Adicciones en el 2010, que en el artículo 4 define a los problemas con el consumo de drogas como problemáticas de salud mental y plantea una política más inclusiva en términos sociosanitarios. Los usuarios dejan de ser tratados como delincuentes en la ley de salud mental, mientras que en la ley de drogas los criminaliza.

    En todo sistema jurídico si se promulga una ley que cuestiona una anterior, la primera tiene que ser derogada.

    La implementación de políticas de reducción de daños se incorpora en la reglamentación de la ley de salud mental en 2013, y un año después en la Ley 26.934 que dispone el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP).

    Desde entonces no la han implementado. También, hay que decir, es cómo se interpreta las políticas de disminución de daños. Cuando estas leyes hablan de disminución de daños, no especifican desde dónde se están parando. Por ejemplo, la Sedronar te puede responder que ellos trabajan desde esta perspectiva porque tienen trabajo territorial, pero no ha quitado la mirada moralista sobre el consumo. De ahí a hacer reducción de daños hay una distancia enorme.

    Si hubiera intervenciones desde la reducción de daños podríamos avanzar en, por ejemplo, testear las sustancias que en Puerta 8 hubieran evitado la cantidad de intoxicados. Con un programa de este tipo no se hubieran sufrido las consecuencias trágicas de estas adulteraciones.

    Si bien hubo cambios en la política de drogas y las políticas de drogas comienzan a estar atravesadas por concepciones de derechos humanos, no han abandonado el ideal de la abstinencia. Antes te pegaban con un palo para que no consumas, ahora te mandan al cura para lograr lo mismo. Son intervenciones atravesadas por una mirada moralista y religiosa. Si vos te fijas en la página de Sedronar te lleva al Cofedro, que te dice en su página que aplican políticas de disminución de daños, pero ahí es donde te das cuenta que la definición que utilizan no tiene nada que ver con ninguna de las definiciones y políticas de disminución de riesgos y daños de ningún país del mundo que aplica estos programas.

    No aceptan el consumo de drogas como un hecho, sino que lo hacen desde una perspectiva determinada por un ideal de abstinencia.

    -¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió hace un mes atrás con la cocaína adulterada en la localidad de San Martín, en Puerta 8?

  •  Todavía no sabemos bien qué pasó en Puerta 8, en principio se conoce que se mezcló cocaína con opiáceos. Tampoco sabemos si fue una guerra entre bandas, y no me interesa saberlo, pero sí sé que es una consecuencia de la prohibición. Si tuviéramos una política de regulación legal todo esto se cae. O si por lo menos tuviésemos una ley que no penalice a los usuarios y si se desarrollaran programas de reducción de daños el resultado hubiera sido otro.

    Aunque la ilegalidad de la comercialización continuará, si al menos tuviéramos algunos operadores en Puerta 8 y en cada barrio, con distintas estrategias como el testeo, entre otras, podríamos haber evitado las más de veinte muertes y las decenas de intoxicados que tuvimos.

    Estrategias simples como informar que consuman de a poco, y ver cómo les “pega”, y según esto si continúan consumiendo, resultan de fundamental importancia. Los que hicieron eso se salvaron de las consecuencias trágicas y se quedaron en sus casas con una intoxicación leve.

    Si desde estas leyes, se permitiera tener contactos con los consumidores, con los recursos del Estado podrías haber evitado o reducido las consecuencias. ¿Cuántos de los que consumieron no se acercaron al sistema de salud por miedo a que se los detengan?

    En Time Warp tuvimos otra tragedia, con muertos e intoxicados, sin embargo duró un par de días el tema en los medios, y no cambió nada.

    Las fiestas existen, el consumo de drogas existe, y las intoxicaciones también. Si implementas políticas públicas, disminuimos los riesgos de ese consumo.

    Con los avances tecnológicos actuales tenés las posibilidad de testear un montón de sustancias. Podemos seguir haciéndolo en la clandestinidad, como lo venimos haciendo quienes trabajamos con esto, o hacerlo de forma legal que permita que la gente venga con su pastilla, que la compró y la tiene en la mano, y que antes que se la lleve a la boca conozca qué tiene. Esto es lo que haría un programa de salud pública en las fiestas.

    No es que nosotros salimos a vender, sino que las pastillas que ellos ya compraron en el mercado ilegal, que no saben qué tiene, le damos ciertas garantías, porque en 5 minutos no podemos hacer un examen profundo, pero si decir, por ejemplo "esto no es éxtasis", así como informar que puede contener elementos nocivos.

    Además, si en una fiesta detectamos una adulteración de pastillas que están circulando, por ejemplo con fentanilo, a los dos minutos tenés en todas las pantallas de toda la fiesta, una alerta de que no lo consuman. Así evitás o reducís las consecuencias trágicas.




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