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Red Internacional

Régimen en crisis. Guerra de servicios: el Gobierno denunció penalmente a D’Alessandro por los chats filtrados

La presentación fue hecha por el ministro Martín Soria por instrucción de Alberto Fernández. Se incluye el pedido de entrega del teléfono celular del ministro de Seguridad porteño, en uso de licencia tras el escándalo. La movida del Gobierno se da en el marco del impulso del juicio político contra los integrantes de la Corte.

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Viernes 6 de enero | 18:22
Foto: Télam

"Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros", tuiteó en su cuenta de la red social, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

La denuncia incluye el pedido de entrega del teléfono celular de D’Alessandro, al igual que quienes resulten relacionados con la investigación.

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Esta presentación del Gobierno se da luego de la filtración de presuntos chats entre el ministro de seguridad de Larreta y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También, en los chats difundidos, aparecen conversaciones con el empresario del cuestionado servicio de acarreo en la Ciudad, Marcelo Violante. A la vez, esta iniciativa de Fernández se produce en el marco de su embestida contra los jueces de la Corte a través del impulso del juicio político, que busca tratar en la Comisión de Juicio Político y que el miércoles pasado presentó a la presidenta de ese organismo, Carolina Gaillard.

Vale tener en cuenta que la denuncia penal realizada por el Gobierno es en base a tareas de espionaje y escuchas ilegales, de las que es difícil pensar que aparezcan por casualidad en medio de las disputas del oficialismo con el poder judicial, a poco del fallo contra Cristina Kirchner –que continuará en distintas instancias-, y en inicios de un año electoral. Esos métodos deben ser rechazados porque son los mismos que se usan contra organizaciones de trabajadores y populares para armar causas y atacarlas.

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Ahora bien, el repudio de esos métodos no lleva a aceptar el papel de víctima que D´Alessandro intenta mostrar. Los vínculos entre los partidos tradicionales, en este caso el PRO, y distintos sectores del poder judicial son una cuestión estructural en el régimen político argentino. Un poder judicial siempre ligado a los grandes grupos económicos y a que se acomoda según los vaivenes de la política.

Hasta el momento el ministro de seguridad, sólo se escudó en ese aspecto pero no dio ninguna explicación del contenido de las conversaciones, tanto las que desnudaron su viaje a Lago Escondido, como las que muestran vínculos estrechos con Robles y Violanta.

En la conversación con el vocero del presidente de la Corte, éste le recomendaba como manejarse al Gobierno de la Ciudad, para que el expediente por la coparticipación saliera a su favor. Por otro lado, los presuntos chats con Marcelo Violanta, desnudarían el pago de coimas para mantener el servicio de acarreo de la Ciudad, que había sido duramente cuestionado por el legisladores del Frente de Izquierda Unidad entre otros, junto a organizaciones de consumidores. En las líneas del chat filtrado se habla de dónde dejar "sobres de 50 mil" y de proponerle "negocios a Horacio".


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