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Guerra de Malvinas: continúa el juicio contra militares que torturaron a soldados

Continúa el juicio contra integrantes de las Fuerzas Armadas que torturaron a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982. Serán indagados seis imputados.

Miércoles 1ro de julio | 19:13

A cargo de la causa se encuentra Mariel Borruto, jueza Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, quién dispuso la modalidad con la que serán indagados otros seis exintegrantes de las Fuerzas Armadas acusados de torturar a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982.

La jueza citó a declaración indagatoria, a los exmilitares: Omar Edgardo Parada, Jorge Anibal Santiago Cadelago, Horacio Francisco Vlcek, Jorge Raúl Masiriz, Emilio José Samyn Duco y Jorge Guillermo Díaz.

Debido a las restricciones que impone la cuarentena, la magistrada todavía no tiene fecha ni procedimientos a seguir, por eso envió un exhorto a las cámaras federales de Capital Federal, San Martín y La Plata, “a los fines de que comuniquen a los juzgados federales de cada jurisdicción, para llevar adelante las audiencias indagatorias”, según informó Télam.

La causa por las vejaciones que los soldados argentinos sufrieron durante la Guerra de Malvinas, en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas, comenzó en los Tribunales fueguinos, en 2007. La causa se inició con la denuncia de 25 soldados que se animaron a contar lo sucedido durante la guerra, y que en la actualidad, el expediente acumula más de 120 denuncias similares.

Los ex conscriptos aseguran haber sido víctimas de tormentos como estaqueamientos y enterramientos a la intemperie, entre otros.

En febrero de este año, fueron procesados cuatro oficiales por torturas. Ellos son los militares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino.

En esa oportunidad, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), querellante en esta causa, sostuvo"para la magistrada, los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, período en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales”.

Según explicó el abogado, en su sentencia la magistrada sostiene que hubo un “despliegue” por parte del “Estado terrorista de acciones de inteligencia y psicológicas contra las víctimas de torturas, por medio de los que montaron el aparato de impunidad”.







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