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Red Internacional

En horas de esta mañana se dio a conocer la búsqueda del paradero de una niña quien se había acercado a un efector de salud a solicitar la interrupción legal de su embarazo junto a su madre, tras estar varias horas desaparecida, y en medio de un allanamiento,fue encontrada en una institución de la ONG católica, Grávida.

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Miércoles 4 de enero | 11:26

Una niña de 12 años que solicitó la interrupción legal del embarazo luego de denunciar que sufrió reiterados abusos por parte de su padre, permaneció desaparecida durante más de 24 horas, tras no presentarse al Hospital Iturraspe para la interrupción voluntaria del embarazo. En el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre y la niña, iba a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27.610, sin embargo esto se vio obstaculizado por la intervención de la asociación civil Grávida.

Tras un requerimiento de la fiscalía interviniente, confirmaron que la niña y su madre estaban en una institución de Gravida, una reconocida agrupación católica , entidad vinculada a la iglesia que tiene como una de sus actividades principales el intento de disuadir a personas gestantes de abortar si así lo desean.
Estos grupos Provida intervienen en las instituciones de salud pública mediante mecanismos de persuasión para que las personas no accedan a su derechos sexuales y reproductivos, puntualmente extendiendo los plazos de los embarazos lo que genera que dichas dilaciones lleven a termino los mismos. Una vez que ese niñe nace, se les garantiza desde gravida la coordinación con organismos estatales intervinientes, por ejemplo, el trámite de adopción si la persona aún no desea maternar.

Es de amplio conocimiento el accionar de los grupos “objetores de conciencia” en los efectores de salud públicos que interponen sus creencias religiosas para imposibilitar el acceso a un derecho tan elemental como la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy es ley. El caso emblemático de Ana María Acevedo quien fue víctima de estas prácticas negacionistas de derechos, cuando en 2007 desde el Comité de bioética del hospital Iturraspe le negaron un aborto terapéutico para poder continuar su tratamiento contra el cáncer que atravesaba.

La legalización de la IVE es una conquista importante y facilita el acceso a soluciones de un problema de salud pública y de derechos pero no elimina el accionar de los grupos antiderechos. Es por esto que desde el movimiento de mujeres también se reclama por la necesidad de la Separación de la Iglesia del Estado, porque desde diversos grupos religiosos han construido y sostienen a través de los mismos, prácticas en contra del acceso de mujeres y niñas a derechos elementales.


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