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Red Internacional

Extractivismo. Gobierno de Guatemala desconoció una consulta popular contra la minería a cielo abierto

El proyecto de una empresa minera canadiense que dejará sin recursos a miles de campesinos fue rechazado el último domingo en una consulta popular del municipio de Asunción Mita. El Gobierno guatemalteco lo declaró ilegal y lo desconoció, el mismo argumento que utilizó la empresa.

Martes 20 de septiembre | 09:47

El Gobierno de Guatemala desconoció por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) una consulta de vecinos del municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador, en el que sus habitantes el pasado domingo rechazaron por una abrumadora mayoría del 87,98% la posibilidad por razones ambientales de que una minera canadiense de oro y plata opere en ese municipio.

El argumento del Gobierno y la empresa, que actuan en común tras una política abiertamente extractivista, es que la consulta había sido declarada ilegal, aún cuando los pobladores denuncian que la mina contaminará los afluentes que utilizan miles de campesinos de la zona.

Es así que el MEM dijo en un comunicado que "se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso", porque el tema minero es exclusivo del Gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

"Manifestamos que la celebración del referido evento no fue un proceso avalado por este ministerio, al considerar que el mismo carece de fundamento legal", indica el comunicado.

El domingo, habitantes de Asunción Mita rechazaron en una consulta la extracción de oro y plata a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá en una consulta para la que estaban habilitadas a votar 30.465 personas, de acuerdo con el padrón electoral.

El delegado de la comisión electoral, Armando Teo, detalló que 13 votos fueron en blanco (0,15%), 105 nulos (1,23%), 904 apoyaron el sí a las operaciones (10,63%) y 7.481 votaron no a la mina (87,98%).

El alcalde del lugar, René Francisco Ruano, explicó que la consulta se realizó a solicitud de un grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros del Concejo Municipal.

Al dar a conocer los resultados, la comisión organizadora aseguró que la consulta "es vinculante para el Concejo (municipal) y el señor alcalde e indicativa para el Gobierno central de la República de Guatemala".

La operación minera es rechazada por un grupo de pobladores, además de grupos ambientalistas de Guatemala y El Salvador al considerar que dañará los recursos naturales en ambos lados de la frontera, una situación que descarta la empresa.

Los activistas celebraron el veredicto del referendo, aunque Nelly Rivera, de la Asociación Ambientalista de El Salvador, había advertido que de ganar el proyecto minero acudirían "a todas las instancias internacionales porque esta minería no va".

El MEM insistió en que el "Concejo Municipal de Asunción Mita está impedido legalmente para tomar una decisión relacionada con la instalación y operación de un proyecto minero en su jurisdicción, por lo tanto, consultar a los vecinos respecto de este tema, deviene improcedente".

Cínicamente, Bob Gill, director gerente de Elevar Resources, filial guatemalteca de la minera canadiense, dijo que "estamos decepcionados con las acciones de estos grupos que utilizan referendos sesgados para crear dudas e incertidumbre en torno a proyectos de minería responsable como Cerro Blanco".

Bluestone Resources compró en 2017 a la también canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9% del capital de Bluestone. Sin embargo, la mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

Los ambientalistas aseguran que las operaciones de la mina contaminarán los cursos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña. Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.

Como ocurre con muchos otros países, la complicidad entre los gobiernos y los intereses de las empresas mineras aparecen por arriba de las necesidades y de la salud de las comunidades. Para garantizar las ganancias de las empresas se valen de todo tipo de artilugios, incluidos los legales, y también el amedrentamiento, para entorpecer o frenar los reclamos sociales, mientras que las compañias avanzan en la contaminación de los suelos y las aguas. Es por esto que las protestas contra la minería contaminante y las actividades extractivistas son cada vez más generalizadas en todo el mundo.




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