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Red Internacional

Historia de represión e impunidad que se sostiene desde el fin de la dictadura a la actualidad, de la mano de las políticas neoliberales. ¡Justicia para Lucas González!

Juana Galarraga@Juana_Galarraga

Jueves 18 de noviembre | 21:28
Foto: Matías Baglietto

Este jueves se confirmó la muerte de Lucas González, víctima de gatillo fácil baleado por un efectivo de la Policía de la Ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta. Tenía 17 años y salía de entrenar en el club Barracas Central con sus amigos.

Lucas es otra víctima de la violencia sistemática que el Estado capitalista descarga contra los sectores populares, sobre todo, contra la juventud pobre. Los números demuestran esta sistematicidad. Según el informe anual de la situación represiva de La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), 7.587 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado en todo el país desde el fin de la dictadura hasta 2020.

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“El origen del gatillo fácil se remonta a principios del Siglo XX y pega un salto enorme a nivel mundial, con el surgimiento del llamado Estado neoliberal, en el que un sector importante de la sociedad se convierte en precaria, en desocupada o directamente en pobre urbana. A este sector de la sociedad se le ofrece, en el mejor de los casos, asistencia social y en el peor de los casos, directamente violencia policial, gatillo fácil. Esta es la explicación del crecimiento de los casos y por la cual se aumenta la presencia de las fuerzas represivas en las barriadas del pueblo trabajador”, sostuvo Carla Lacorte, sobreviviente de gatillo fácil y autora del libro “La disciplina de las balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en Argentina”.

El aumento del gatillo fácil a la par del avance neoliberal se observa en los gráficos del informe de Correpi. Los casos no dejan de aumentar desde 1983. Pegan un salto en los 90, bajo los gobiernos menemistas que profundizaron fuertemente las políticas neoliberales que había empezado a implantar la dictadura genocida de 1976. Esto implicó un salto en los niveles de desocupación y pobreza. En aquel contexto se dieron los casos de Walter Bulacio (1991) y Miguel Bru (1993).

El gatillo fácil pega otro salto a partir del 2000, en el marco de una profunda crisis económica que llevó al estallido del 2001 y la caída de De la Rua. El 26 de junio de 2002 el gobierno interino de Eduardo Duhalde asesina a los manifestantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en lo que se conoce como la Masacre del Puente Pueyrredón.

Además, en su último informe Correpi sostiene que “desde 1983, 91 compañeros y compañeras cayeron en la represión a manifestantes, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra, y vivienda. El mayor número corresponde al gobierno de De La Rúa, que durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, asesinó a 39 personas”.

Los gobiernos kirchneristas tuvieron que adoptar un discurso de defensa de los derechos humanos y de no represión a la protesta, como forma de recomponer la legitimidad del régimen capitalista después del “que se vayan todos”. Además, como forma de dar respuesta al movimiento democrático que luchó por juicio y castigo, contra la impunidad de los genocidas y nunca dejó de denunciar en las calles la continuidad de la impunidad represiva.

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A pesar del relato kirchnerista, el gatillo fácil, la represión a la protesta y la impunidad se sostuvieron con el paso de los años. La desaparición de Jorge Julio López en 2006, el asesinato de Mariano Ferreyra y los asesinatos durante el desalojo de la toma del Parque Indoamericano en 2010, lo demuestran. Según Correpi, al gobierno de De la Rúa, le sigue el de Cristina Fernández de Kirchner con 20 caídos por la represión.

Luciano Arruga, asesinado en 2009 por la Bonaerense por negarse a robar para la policía, fue un claro ejemplo del rol que cumple ese mismo aparato represivo en la organización del delito.

La cifra de casos de gatillo fácil pega otro salto a partir de 2018, en el contexto de la doctrina Chocobar del gobierno de Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En 2018 Correpi sostuvo que “por primera vez en 27 años” no pudo cerrar su informe anual a tiempo, debido a “la enorme cantidad de datos a procesar y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos”. Según el organismo “durante tres años, el Gobierno elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado: de una cada 29 horas en 2015, a una cada 21 horas a finales del 2018”.

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Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel bajo el macrismo, aún impunes, mostraron el accionar del aparato represivo del Estado en defensa de los intereses de los grandes terratenientes, que desplazan a las comunidades originarias de los territorios. Pero el odio racista no es exclusivo de Bullrich. El pueblo mapuche sigue sufriendo ataques permanentes y la criminalización actualmente, bajo el gobierno del Frente de Todos.

Entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020 según Correpi hubo 411 casos de gatillo fácil. El discurso del actual oficialismo envalentonó a las fuerzas represivas al comienzo de la pandemia, con el pretexto de que había que garantizar el aislamiento. La presencia policial aumentó en los barrios. Incluso, hubo barrios pobres militarizados por el covid, como Villa Azul, provincia de Buenos Aires. Ante la ausencia de respuesta sanitaria y de infraestructura, la respuesta del Frente de Todos fue desde el comienzo represiva. Es la misma respuesta que recibieron las familias de Guernica.

La desaparición de Facundo Astudillo Castro a manos de la Bonaerense, y Luis Espinoza en la Tucumán de Manzur, son otros ejemplos de las consecuencias que tuvo la política del Gobierno en la pandemia.

A Berni tampoco le tiembla la mano

“Hay un mandato a veces explícito y a veces implícito de los gobiernos, la derecha y los medios para amedrentar y hasta para asesinar a pibes en las barriadas populares. Pienso en este momento en Ruckauf, en el año 2001, que hablaba de ‘meter bala’ y decía que así había que combatir a la delincuencia. Ahí tuvimos una cantidad enorme de casos de gatillo fácil, en el año 2001 fue el año en que a mí me disparan”, cuenta Carla, quien es militante del PTS y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, (CeProDH) desde antes de ser baleada por el oficial de la Bonaerense, Salmo.

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“Meses antes de mi caso Ruckauf decía estas cosas, que con bala había que combatir a los delincuentes y por eso hubo un pico de casos como el mío, en 2001. Después pienso, otro punto importante fue la doctrina Chocobar de Patricia Bullrich. Apenas salieron a avalar el accionar de Chocobar, los casos no paraban de incrementarse. Con las arengas de Berni, cuando empezó la cuarentena, tuvimos de vuelta muchísimos casos de gatillo fácil y de violencia policial. Esto siempre se da alrededor de declaraciones de algún ministro o funcionario. Y eso es lo que envalentona a las diferentes fuerzas”, explica Lacorte.

Los últimos debates de candidatos mostraron la derechización del discurso de las fuerzas políticas tradicionales. Se apoyaban en una fuerte campaña mediática pro mano dura, montada en torno a los mapuches en la Patagonia y el asesinato de un quiosquero en el conurbano bonaerense.

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Salvo el Frente de Izquierda, el resto de las fuerzas proponen más mano dura, más cárceles y más policía en las calles. Es lo único que tienen para ofrecer a las mayorías populares en un contexto en que la pobreza ronda el 40 %, la desocupación se acerca al 10 % y la informalidad alcanza al 44 %. Esta situación de las mayorías populares se agravará con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a cambio de renegociar los pagos de la deuda pide más ajuste. Así lo muestran los ejemplos de otros países que pasaron por procesos parecidos. O como en Argentina en 2001, el ajuste para pagarle al FMI no pasa sin represión.

Alberto Fernández iba a recibir a los familiares de Lucas, pero el encuentro se suspendió al conocerse la noticia de su muerte. A través de las redes sociales, el mandatario escribió: “Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso. Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia”. “No es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas, terminen con la vida de gente inocente”, agregó el mandatario.

La presencia de personajes como Aníbal Fernández en su gabinete, responsable político de varios de los crímenes represivos mencionados más arriba, permite dudar de la solidez de este compromiso del presidente. Por otra parte, el discurso que alienta la mano dura, proviene del propio Frente de Todos: "Créame que a mí no me tiembla la mano a la hora de enfrentarnos con estos delincuentes. No quiero cometer un exabrupto ni una mentira, pero si no me equivoco, desde que empecé la gestión, tenemos casi 150 delincuentes abatidos en enfrentamientos", dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el 9 de noviembre.




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