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DECRETAZOS

Gils Carbó y el traspaso de las escuchas a la Corte: “Es inconstitucional”

Macri firmó ayer un DNU a través del cual transfiere a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, la Procuración General respondió con un comunicado institucional. La Corte definió que el traspaso se concrete recién el 15 de febrero.

Miércoles 30 de diciembre de 2015 | Edición del día

Ayer en horas del mediodía se conocía la noticia: el presidente “decretazo” había firmado dos nuevos decretos de necesidad y urgencia. Una nueva demostración de su "republicanismo".

El primer decreto (257/2015) dispone la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y el segundo (256/2015) transfiere a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), creado a partir de la reforma al sistema de inteligencia a principios de año, que había quedado bajo la órbita de la Procuración.

Al respecto la diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda, la abogada Myriam Bregman, escribió desde su cuenta de Twitter.

El segundo DNU firmado por Macri, resultó en uno nuevo cruce entre la presidencia y los funcionarios kirchneristas que aún se encuentran en funciones. En horas de la tarde la Procuración General de la Nación, conducida por Alejandra Gils Carbo emitía un comunicado institucional que rechaza la decisión tomada por el Ejecutivo.

Los argumentos

El mencionado comunicado pone el eje en la inconstitucionalidad del DNU firmado por el presidente, y fundamenta lo dicho esgrimiendo que: “El esquema de división de poderes que consagra la Constitución Nacional argentina prohíbe al Presidente ejercer funciones legislativas. Las escasas excepciones a esta prohibición exigen siempre la acreditación de situaciones de necesidad y urgencia, que no se dan en el caso”.

Y agrega “La decisión del Ejecutivo es inconstitucional pues elude el debate parlamentario sin justificación válida, mucho más cuando no se ha ejercido la facultad presidencial de convocar al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias”. Al tiempo que afirma que desde la transferencia de las escuchas al Ministerio Público Fiscal, realizada a principios de este año mediante ley 27126, no hubo acción judicial alguna con fundamento en los derechos que hoy se invocan en el DNU. También se cuestiona el traspaso de personal dispuesto en el decreto, ya que es “facultad excluyente de la Procuradora General de la Nación de administrar los recursos humanos de la institución y del respeto irrestricto por los derechos de los trabajadores”.

En lo que resta del comunicado se hace mención a como se realizó el traspaso luego de la promulgación de la mencionada ley, al tiempo que se defiende y enarbola la actuación del MPF desde que la gestión del DICOM pertenece a su órbita.

El decreto y la Corte

Por su parte la Corte Suprema de Justicia definió que el traspaso que establece el DNU se concrete recién el 15 de febrero del año próximo para poder implementarlo.
Según se indicó en una acordada firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se requiere "crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar".

En lo que refiere al plazo establecido para dar curso al traspaso indica que "el Tribunal entiende que no es posible llevar adelante de inmediato esa misión, dada su importancia especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos materiales así como una prolija tarea reglamentaria una ordenada transición".

En el texto de la acordada se deja en claro que el tiempo que se solicita para cumplir con lo encomendado y los motivos que se esgrimen lo son “sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales”. Otro guiño de la Corte al presidente.

Una nueva disputa entre el nuevo gobierno y los funcionarios designados por el kirchnerismo, se juega en los pasillos judiciales. Más allá del debate, todos coinciden en mantener un sistema de espionaje estatal para perseguir a la población y organizar operaciones de todo tipo.







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