Durante el día de ayer, la APDH Rosario denunció que el genocida Roberto Pellegrini, además de tener el beneficio de la prisión domiciliaria, recorre libremente las calles de la ciudad.
La ciudad del Villazo tiene una enorme tradición de lucha obrera como así también de asesinatos y desapariciones tanto en la última dictadura militar como durante el gobierno democrático de Isabel Perón. Acindar, como tantas otras grandes empresas en el país, es uno de los ejemplos mas contundentes de responsabilidad empresarial en la entrega, desaparición y tortura de obreros. Se comprobó que Acindar confeccionó listas de personas para detener, dispuso espacios físicos de la fábrica para alojamiento de oficiales y vehículos y permitió el acceso de grupos de tareas para detener a los obreros, además de contar con un Centro Clandestino de Detención dentro de las instalaciones de la planta.
Estas patronales nunca abandonaron estos métodos, hoy también recurren a la persecución, el espionaje y el intento de criminalizar la protesta de los trabajadores que reclaman por sus derechos, contando para ellos con todo el aparato judicial y mediático a su favor.
Te puede interesar: Villazo, genocidio y responsabilidad empresarial
Te puede interesar: Villazo, genocidio y responsabilidad empresarial
Tras décadas de lucha de los familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas, se logró condenar a una parte los responsables civiles, ejecutivos y miembros del directorio de Acindar. Uno de ellos, Roberto Pellegrini, se encuentra procesado y próximo a ser sometido a juicio. A pesar del pedido de los familiares y las organizaciones de cárcel común y efectiva para los genocidas, Pellegrini obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria que se convirtió además, en vía libre para transitar las calles de la ciudad.
En estos últimos días vimos que las practicas de desapariciones forzadas y asesinatos por parte de las fuerzas represivas siguen vigentes aún en gobiernos democráticos como lo demostró el caso de Facundo Astudillo Castro, asesinado por la Policía Bonaerense. La misma impunidad a la que se enfrenta hoy la familia de Facundo es la que enfrentan hace décadas los familiares de las victimas del terrorismo de Estado y las organizaciones de DD.HH.
En el día de hoy, la APDH presentará formalmente el pedido de prisión común para que estos atropellos no vuelvan a suceder. La lucha no termina, no solo porque los genocidas siguen obteniendo beneficios como estos, sino también porque muchos de ellos aun se encuentran libres y sin condena.