Economía

PANORAMA ECONÓMICO

Furia patronal por el maíz mientras la inflación carcome los salarios

Tras la medida de fuerza anunciada por la Mesa de Enlace ante el cierre temporal de la exportación de maíz, el Gobierno negoció un acuerdo con el sector que los beneficiaría. De fondo está la creciente suba de precios. De lo que nadie habla es de la erosión del poder de compra del pueblo trabajador.

Viernes 8 de enero | 21:43

La semana pasada el Gobierno decidió suspender el registro de exportaciones de maíz de la campaña 2019-2020 hasta el 1 de marzo con el argumento de garantizar el abastecimiento interno y proveer a sectores relacionados con la producción de carne aviar, porcina y vacuna (el cereal es la materia prima para alimentar a los animales). Según el oficialismo, la medida apuntaba a reducir los precios y estabilizar los valores de los productos finales como la carne.

Sin embargo, la mayor parte del maíz ya se vendió al exterior. Un comunicado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, indicó que hasta el momento se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que ya se concretó el 89 % del mismo.

Las patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace (CRA, Sociedad Rural y Federación Agraria) a excepción de Coninagro en respuesta anunciaron un cese de comercialización de granos de 72 horas, que comenzaría el próximo lunes.

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El Ministerio de Agricultura oficializó este jueves un acuerdo que negoció con los exportadores y productores de maíz y analiza si reabre la exportación. Según el comunicado “las partes acordaron un acta de trabajo donde expresan el compromiso de garantizar el abastecimiento interno y mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo". También el Gobierno ofrecería al sector un mecanismo de financiamiento y compensación para productores que abastecen al mercado interno, similar al que se acordó para el girasol. Más beneficios para las patronales agrarias. ¿Y la supuesta pelea?

El problema de fondo es la creciente inflación. Los perdedores en este lío son los salarios, que si bien en octubre (último dato publicado por el Indec) registraron una ínfima suba, el derrumbe de los últimos años no se recuperó.

¿Quiénes son los dueños del maíz?

El maíz ocupa el segundo lugar en la producción de granos argentinos después de la soja. Según un informe elaborado por el Ministerio de Economía, “la alta participación de las exportaciones de granos de maíz muestra un desarrollo relativamente bajo de la molienda”. Una parte importante del procesamiento se realiza en otros países como grano forrajero o se industrializa para obtener distintos productos de la molienda.

Los precios internacionales de los principales granos que produce la Argentina registraron importantes aumentos en 2020, con la soja liderando el alza. Esto encendió las alarmas oficiales porque aumenta el incentivo a vender en el exterior.

En tanto, en el mercado interno, “el consumo animal tiene una participación del 39 %, donde el segmento de alimentos balanceados (aves, vacuno, cerdos, etc.) ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años”, añade el informe. Este es el sector a que el Gobierno pretendía garantizar la materia prima con el argumento de que no aumenten los precios de las carnes.

Gran parte de la producción de maíz se concentra en un grupo pequeño de grandes productores. En la etapa del procesamiento del maíz, controlan el negocio 16 empresas entre las que están Ingredion Arg. SA, Arcor SA, Glucovil –Ledesma, Cargill y Glutal SA.

En el caso de la exportación de maíz si se consideran las ventas al exterior de los últimos cinco años, cinco empresas concentraron el 62 % de las exportaciones, si se amplía a diez empresas, estas controlaron el 84 % de las ventas. ¿Cuáles son las empresas? Cargill, ADM Agro, Cofco, Bunge, y LDC Argentina.

Entre enero y noviembre de 2020 (último dato disponible oficial) Cargill exportó maíz por U$S 906 millones, ADM Agro por U$S 943 millones, Cofco U$S 909 millones, y Bunge U$S 685 millones. El total de exportaciones de maíz en ese período fue de U$S 5.802 millones. Es decir, que en 2020 dichas cuatro empresas concentraron casi el 60 % de las exportaciones del producto.

Esto no ocurre solamente con el maíz. En la actualidad existe un monopolio privado del comercio exterior, donde unas pocas empresas concentran entre la mitad y dos tercios de las exportaciones del país. Se encuentran las comercializadoras de cereales y derivados, petroleras y mineras, y en el sector manufacturero algunas grandes empresas de la agroindustria, las automotrices, el aluminio y otros metales. Esto son los intereses que hay que afectar. La medida del Gobierno de suspender la exportación de maíz, no modifica esta estructura concentrada y extranjerizada que incide en los precios, además que son los mismos sectores que operan y controlan las divisas del país, que sigue siendo un problema en la economía.

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Una medida elemental es el monopolio estatal del comercio exterior que permitiría administrar los dólares que provienen de las exportaciones en función de las necesidades del pueblo trabajador y no que lo decidan los exportadores que especulan con un tipo de cambio más alto para liquidar, así como también administrar las importaciones priorizando la compra de lo necesario.

Precios sin frenos: los salarios corren por detrás

En el Gobierno hay tensiones por los aumentos de precios y las consecuencias del impacto de la inflación en el humor social en un año electoral con una situación social grave.

Este año ya se autorizó el incremento de combustibles, YPF subió el precio de la nafta y gasoil un 2,9 %. Un alza que incide en el resto de la economía. También el oficialismo habilitó un 5 % para las tarifas de telecomunicaciones. En tanto, el Gobierno negocia con las grandes empresas la actualización del programa Precios Cuidados que tendrá un aumento de 6,5 % promedio.

La semana pasada, en menos de 24 horas, por decisión de Fernández retrocedieron con el incremento de las prepagas del 7 %. En el mismo sentido, los tarifazos de los servicios públicos se postergaron hasta marzo.

La inflación de noviembre fue de 3,2 % y acumuló un alza de 30,9 % durante los primeros once meses de 2020. El acumulado en el mismo período de los precios de los alimentos y bebidas fue mayor al nivel general y trepó al 36,1 %.

Se calcula que la inflación de diciembre alcanzó el 4 % y sería la suba más alta del año. La semana próxima el Indec publicará los datos del último mes del 2020.

Este viernes el ministro Guzmán en una charla en la Universidad Nacional del Comahue sostuvo que “buscamos que la inflación se vaya reduciendo 5 puntos porcentuales año a año, con una estrategia que se enfoca en alinear precios clave de la economía y tener una política fiscal consistente". Sin embargo, para este año hay estimaciones que ubican la inflación en casi un 50 %, como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido el mismo viernes por el BCRA.

Una medida para enfrentar la inflación son los comités de trabajadores y usuarios para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las firmas que exigen ajustar sus precios. También control de los stocks porque las empresas muchas veces desabastecen para presionar e incrementar los precios.

La suba de precios golpeó el poder de compra de los salarios. Esta semana el Indec publicó el índice de salarios correspondiente a octubre. En ese mes los salarios de los trabajadores registrados subió apenas un 0,8 % con respecto a septiembre, pero en el caso de los no registrados hubo una caída de 1,5 %. Pero esta leve mejora para un sector solo es una foto de lo que sucede con el salario.

El poder adquisitivo de los trabajadores registrados privados se desplomó un 19 % en octubre en relación a diciembre de 2015, para los trabajadores públicos la caída fue superior, un 26 %. En el caso de los trabajadores no registrados el descenso fue del 23 % en relación a octubre de 2016 (no hay registros oficiales para comparar con 2015).

Ante esta pérdida salarial es urgente la recomposición del salario. Es necesario un salario mínimo equivalente a la canasta de consumos mínimos estimada en $ 78.800 por la Junta Interna de Ate Indec, y la actualización automática de salarios en función de la inflación. Los dirigentes sindicales, que siguen de cuarentena, tienen que ponerse al frente de las medidas de lucha en defensa del salario y de los puestos de trabajo.

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