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Funcionario de Gerardo Morales festeja multa a estudiantes por defender la educación pública

La Justicia jujeña avanza en confirmar la condena a estudiantes que en protestaban en 2018 en defensa del derecho a la educación.

Viernes 15 de enero | 11:55

La justicia de Jujuy condenó a pagar una multa a un grupo de estudiantes que protestaron en marzo de 2018 frente a la Casa de Gobierno de esa provincia contra el cierre de los Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos (CEIJA). El martes 12 se hizo pública la ejecución de la misma. El Ministro de Gobierno de la provincia festejó este hecho en los medios locales.

El 19 de diciembre de 2019 el Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena que sentenció el Dr. José Matías Ustárez Carrillo del Juzgado Contravencional N°1. Este martes 12 según medios nacionales y provinciales se conoció que este mismo Juez solicitó la ejecución de una multa de $16.870 “a causa de los incidentes ocasionados por los CEIJA, conforme lo dispuesto por el Artículo 113 del Código Contravencional”. De esta forma los condenados deberán pagar la multa de $16.870 pesos más intereses y costos.

Está ratificación se suma a la reciente condena, mediante la cual impusieron multas millonarias a dirigentes de organizaciones sociales, políticas y sindicales que manifestaron en casa de Gobierno contra las políticas de hambre de Gerardo Morales.

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El día de hoy en medios locales, Agustín Perassi, Ministro de Gobierno declaró que es "un buen precedente" ya que "a partir de ahora se podrá continuar trabajando, poniendo límites a aquellas violaciones a los derechos del resto de la comunidad." Este funcionario del ala massista del gobierno de Morales se vanaglorió también de ser parte de la discusión del Código Contravencional y se aprobó.

“Espero que las organizaciones y los que reclaman entiendan la finalidad del código y podamos vivir en paz como debe ser” fue otra de sus afirmaciones ratificando la decisión del gobierno de pasar por arriba del derecho constitucional a la protesta. En el mismo sentido, Ustárez agregó además que “es la primera vez que se falla de esta manera en la provincia. Es un fallo muy importante porque no hay muchos antecedentes de esto en el país”.

Ambas declaraciones expresan que la decisión del Juez Matías Ustárez, como denunciaron un amplio arco de organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales, de mujeres, de derechos humanos y políticas, es un ratificación de que la justicia de Gerardo Morales tiene por objetivo legitimar la represión y criminalización a estudiantes, trabajadores y sectores populares como se vio durante todo su gobierno.

Respecto a esto el docente y diputado electo Gastón Remy declaró que “no es casualidad que el Ministro de Gobierno, y el Juez del Juzgado contravencional festejen sentar un precedente nefasto contra el derecho a protestar. No olvidemos que hace poco se designó como Juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a Ekel Meyer quién impulsó la detención de dirigentes sociales apenas asumió el cargo, pero también es responsable de la detención ilegal de estudiantes en la Facultad de Agronomía, y la represión de obreros de La Esperanza y la ocurrida en la apertura de sesión de 2018. El objetivo del gobierno es amedrentar a todos los sectores que quieran organizarse y pelear por sus demandas, la única forma de hacer pasar el ajuste que a nivel provincial y nacional impulsan a pedido del FMI”.

Mientras esto se conocía, en diferentes medios se podía ver al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta junto a su par jujeña, Isolda Calsina, y el gobernador Gerardo Morales anunciaban la vuelta a clases en la provincia sin mencionar las pésimas condiciones de infraestructura que atraviesan la mayoría de las escuelas, y sin hablar del riego para la salud de estudiantes y docentes ya que no están garantizadas las inversiones mínimas en seguridad e higiene para contar con los insumos y condiciones adecuadas. Nada más y nada menos que un nuevo ataque a la educación pública acorde a las medidas nacionales de desfinanciar el presupuesto educativo para privilegiar la fraudulenta deuda externa con el FMI.

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Los hechos y el juicio

El jueves 29 de marzo de 2018 por la noche, mientras un pequeño grupo de estudiantes se encontraba sobre la vereda de la Casa de Gobierno acompañando a los estudiantes solicitando ser escuchados por algún funcionario del gobierno, a pedido del gobernador Gerardo Morales se montó un enorme operativo policial, integrado por una gran cantidad de efectivos, agentes de brigada de investigaciones y siete patrulleros, con el objetivo de detener ilegalmente, sin orden judicial, a todas las personas que se encontraban en el lugar, manteniéndolos incomunicados.

Allí también se hallaban presentes la concejal del PTS-FIT Andrea Gutiérrez y el abogado Héctor Huespe, quienes fueron también detenidos violentamente, violando en el caso de Gutiérrez sus fueros como concejal.

Valentina Melo imputada en la causa es estudiante de Trabajo social en la UNJu y militante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y del PTS/ Frente de Izquierda manifestó: “No es casual que en este contexto de ajuste avancen en efectivizar la condena; quieren avanzar contra el derecho a la protesta. Pero las mujeres que venimos de organizarnos y conquistar el derecho al Aborto Legal probamos que si salimos a pelear en las calles junto a las y los trabajadores podemos derrotar sus planes para descargar la crisis sobre nuestras espaldas y las de nuestras familias".

Esta noticia renueva la necesidad de, en conjunto con organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales, de mujeres, de derechos humanos y políticas, llevar adelante una gran campaña por la derogación del Código Contravencional.







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