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Frente a la crisis sanitaria: ¿qué rol pueden jugar las universidades?

El escándalo del vacunatorio VIP abrió la pregunta en todos lados ¿dónde se dirigen los recursos públicos en medio de una pandemia? Las universidades, sus instalaciones y sus desarrollos científicos también son parte del debate.

Eugenia Lugones

Estudiante de Historia UNQ | @eugetulu

Martes 23 de febrero | 13:58

Esta última semana, con el escándalo relacionado al ahora ex Ministro de Salud Ginés, se reveló cómo los recursos públicos -en este caso las vacunas adquiridas por el Estado- son dirigidos a discreción a funcionarios y amigos del poder. Una lista reducida de privilegiados que sólo deja en evidencia que son millones los trabajadores esenciales y personas de grupos de riesgo que siguen a la espera. Mientras el personal de salud y de servicios básicos continúan aguardando turnos, los docentes y trabajadores de la educación que se están reincorporando a la actividad presencial no tienen siquiera fecha estipulada de vacunación.

Los aportes y desarrollos provenientes de universidades e instituciones públicas que se han destacado durante la pandemia no están fuera del debate. Los kits de detección rápida ELA-CHEMSTRIP y el barbijo ATOM-PROTECT son los ejemplos más destacados de la ciencia al servicio de combatir el coronavirus. Sin embargo, estos avances de científicos e instituciones públicas (principalmente de la UNSAM, CONICET y la UNQ) están en manos privadas. Incluso el suero hiperinmune en desarrollo (el primer tratamiento contra el COVID-19 totalmente elaborado en el país), quedaría en manos del Grupo Insud, propiedad de Hugo Sigman, empresario farmacéutico y séptima fortuna más importante del país.

Estos desarrollos son una parte del rol progresivo que están jugando las universidades para enfrentar la pandemia, que también incluye la puesta a disposición de sus instalaciones para centros de aislamiento y laboratorios para análisis de tests PCR. Sin embargo, tests y tratamientos, al igual que las vacunas en todo el mundo, terminan en manos de laboratorios y farmacéuticas privadas que engrosan sus fortunas especulando con la salud y la vida de millones de personas.

Ejemplo de esto es la vacuna racotumomab, desarrollada por científicos de la Universidad Nacional de Quilmes y otras instituciones públicas. Esta vacuna funciona como tratamiento para el cáncer de pulmón y es reconocida a nivel internacional. Sin embargo, su patente se encuentra en manos del mismo Grupo Insud, es producida por Laboratorios Elea y su precio está por encima de los $330.000 en nuestro país, alimentando la sideral fortuna de 1.600 millones de dólares de sus dueños.

Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, a su vez, generan ganancias extraordinarias acaparando sus patentes y son distribuidas de manera brutalmente desigual en el mundo. Los principales países imperialistas ya han firmado contratos para adquirir dosis por cantidades que superan entre 3 y 7 veces su población, mientras países de África y América Latina sólo reciben algunos miles de dosis. En aquellos donde llegan, como Argentina, se privilegia a funcionarios y amigos del poder.

Ante la catástrofe de la pandemia, la lucha por la liberación de patentes y vacunas para todos es una necesidad urgente. Las universidades pueden, a su vez, no sólo aportar grandes desarrollos y avances científicos que beneficien a la población en su conjunto, sino también funcionar como centros vacunatorios gratuitos donde los trabajadores, ancianos y personas de grupos de riesgo puedan recibir las dosis. Los estudiantes de salud pueden aportar con su conocimiento a que esto suceda, aplicando vacunas de manera masiva en forma de becas remuneradas.

Como venimos proponiendo desde el principio de la cuarentena, los laboratorios y las instalaciones de las universidades tienen la capacidad de elaborar alcohol en gel y sanitizantes, recursos hospitalarios, alimentos para paliar la crisis económica y la pobreza en que se encuentran millones de personas que perdieron sus trabajos durante el último año.

Las universidades tienen que poner a disposición todos los recursos y abrir sus puertas a docentes y estudiantes voluntarios en estas tareas, coordinando con trabajadores de la salud, de industrias y servicios junto a la comunidad en general. Para eso es necesario que se anulen todas las patentes y que los aportes de la universidad estén íntegramente al servicio de las necesidades e intereses del pueblo. Que todo el desarrollo intelectual y de recursos que producen las universidades tengan ese destino y no la ganancia privada.

Desde las Secretarías que dirigimos como Juventud del PTS en Zona Sur, le exigimos a cada Centro de Estudiantes que se pronuncien frente a los hechos nacionales y que se pongan a la cabeza de esta pelea para que no haya más vacunación de privilegio.







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