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Red Internacional

Perú. Fiscalía investiga a Dina Boluarte y sus ministros por genocidio y homicidio calificado tras represión que dejó 47 muertos

La violenta represión policial-militar, que a la fecha ha causado la muerte de 47 civiles y ha dejado cientos de heridos y detenidos, al parecer, empieza a pasarles factura a la presidenta Dina Boluarte y a algunos miembros de su consejo de Ministros. ¿Qué hay detrás de esta denuncia por genocidio llevada adelante por el bonapartismo judicial expresado en la Fiscalía de la Nación?

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Viernes 13 de enero | 13:20

El pasado martes 10 de enero, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, acordó iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa, Jorge Chávez.

El Ministerio público señaló que: “La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

Desde que se inició el levantamiento popular en diciembre de 2022, el cual cuestionaba el nombramiento de Boluarte como presidenta de la República tras el golpe parlamentario, las fuerzas represivas, actuando bajo las órdenes de la presidenta, el Premier Otárola y los Ministros del Interior y Defensa, arremetieron violentamente contra la población, lo cual generó el fallecimiento por impacto de bala de 47 civiles, quedando así mismo cientos de heridos y detenidos.

Todo esto se dio en el marco de la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional, acción que estuvo orientada desde el ejecutivo a favorecer el accionar represivo de los miembros de la policía nacional y el ejército quienes, a decir de muchos expertos, hicieron uso excesivo y abusivo de sus armas de fuego.

Estos hechos, por la forma brutal como han actuado las fuerzas represivas y por su impacto en la vida, la salud y la libertad de cientos de peruanos, han generado una conmoción a nivel mundial.
Es por esto que organismos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se han hecho presentes en el país para tomar declaraciones a los heridos, a los familiares de los fallecidos y, ante la contundencia de los sucesos, han decidido constituir una comisión técnica para profundizar en las investigaciones de estos hechos.

Así mismo, organismos nacionales vinculados a la defensa y promoción de los Derechos Humanos como la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH), junto a otras instituciones de esta naturaleza, están solicitando al Ministerio Público que se constituyan Fiscalías especiales de Derechos Humanos para que se encarguen de investigar de manera exhaustiva todo lo relacionado a estas masacres llevadas adelante por las instituciones represivas, ya que se han reportado casos donde la Fiscalía estaría tratando de buscar criminalizar a los heridos que son llevados a los hospitales y a los dirigentes sociales, contra quienes se ha iniciado una persecución que se estaría expresando ahora en detenciones arbitrarias.

Sin embargo, ni las muertes, ni los heridos y detenidos, han podido doblegar a la población, sobre todo del sur peruano, quienes ahora vienen llevando adelante diversas acciones de protesta que -a través de paros regionales, tomas de carreteras y movilizaciones masivas- rechazan categóricamente al gobierno de Dina Boluarte y exigen su renuncia inmediata, ya que lo consideran responsable directo de los 47 fallecidos y los cientos de heridos y detenidos.

Es en ese contexto de deslegitimación social del gobierno, que la Fiscalía de la Nación a través de la Fiscal Patricia Benavides, ha iniciado el pasado 10 de enero las investigaciones preliminares por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Recordemos que esa misma fiscalía de la Nación, con la misma Fiscal Benavides a la cabeza, fue la encargada de llevar adelante todo un operativo judicial para arrinconar al ex presidente Pedro Castillo, a quien acusaron sin pruebas concretas de actos de corrupción. De esta manera, terminaron jugando en pared con los sectores más conservadores del Parlamento quienes, el pasado 7 de diciembre de 2022, terminaron por consumar el golpe parlamentario que depuso a Castillo y llevó a la presidencia a Dina Boluarte.

Esta investigación en curso llevada adelante por la Fiscalía de la Nación, podría hacer parte entonces de toda una estrategia montada por los grupos de poder para –en primer lugar- lavarle la cara a una institución como esta, en la cual han recaído, en estos últimos tiempos, responsabilidades dirimentes relacionadas al poder político en el país. Se trata de un bonapartismo judicial que es el que, en última instancia, ha contribuido a sacar y poner presidentes, siempre en función de los intereses de las clases dominantes.

Otro elemento que podría estar detrás de esta maniobra de la Fiscalía de la Nación, es que, al parecer y ante la profundización y prolongación de las medidas de lucha que han incluido paralizaciones de la casi totalidad de las actividades económicas en gran parte del sur peruano, un sector del empresariado ya esté pensando en la posibilidad de deponer a Dina Boluarte y, con esta iniciativa de la Fiscalía, busquen presionar a la mayoría parlamentaria que hasta ahora apoya a Boluarte a cambio de mantener sus privilegios y sus curules a pesar de su impopularidad, que llega al 95%.

De ser correctas estas hipótesis, lo que buscarían los sectores que estarían pensando en bajarle el dedo a Boluarte, es presionarla para que renuncie, lo cual permitiría la asunción del presidente de la mesa directiva del Congreso, responsabilidad que hoy recae en el ex militar ultraderechista José Williams Zapata, quien, según lo establece la norma, se vería obligado a convocar elecciones generales, las mismas que deberán llevarse a cabo en un plazo no mayor de 5 meses. De esta manera, una caída de Boluarte bajo estas condiciones y un adelanto de elecciones generales en el marco del actual régimen político, podrían ser utilizados como válvula para descomprimir y desviar institucionalmente el gran descontento social que hoy se manifiesta en las potentes luchas sociales que han paralizado el sur peruano. De esta manera, la burguesía buscaría también sacar de la discusión la demanda por el cambio del régimen político expresada en la lucha por la realización de una Asamblea Constituyente.

No será pues, de la mano de una Fiscalía de la Nación coludida con los poderes fácticos o a través de un adelanto de elecciones, por más anticipado que este sea, que las grandes mayorías que hoy se movilizan, alcanzaran sus anhelos de empezar a cambiarlo todo.

Solo la fuerza de la movilización y la lucha, además de la autoorganización obrera, campesina y popular, son garantías de victoria. Solo a través de ellas, y valiéndonos de la huelga general, podremos derrotar al gobierno asesino de Dina Boluarte, estableciendo así un gobierno de transición sostenido en las organizaciones de los sectores que hoy están en pie de lucha. Solo de esa manera podremos sancionar como se debe a los responsables políticos y materiales de los 47 muertos civiles y los cientos de heridos, además que nos permitirá la liberación de todos aquellos que fueron injustamente detenidos por luchar. Solo de esa manera podremos implementar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana la cual nos permitirá, en primer lugar, acabar con el nefasto régimen del 93 y avanzar de mejor manera hacia la constitución de un gobierno de las y los trabajadores y los sectores populares con perspectiva socialista.


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