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Fiscal de EE.UU. denuncia vínculos del gobierno de Coahuila con crimen organizado

Inadmisibles, afirmó el fiscal general Richard L. Durbin sobre documentos oficiales del gobierno coahuilense relativos al juicio en Texas contra Marciano Millán Vázquez, “Chano”, líder de los Zetas en Piedras Negras.

Martes 25 de abril de 2017 | 13:08

El fiscal Durbin planteó que los documentos no son confiables por la presunta complicidad de la administración estatal con Los Zetas. Es decir, del gobierno de los Moreira.

Millán había solicitado en mayo de 2016 que se desestimaran cargos en su contra, que incluían asesinato y tráfico de drogas, y en esa ocasión presentó documentos del gobierno coahuilense en los que se afirma que fue exonerado y que de parte del estado no existen cargos criminales en su contra.

"El documento es generado por una entidad, el Estado de Coahuila, que se cree que ha sido cómplice del Cártel de drogas Zeta en el tráfico de narcóticos. Los testigos han revelado minuciosos procedimientos relacionados de que todas las fuerzas de seguridad estatales en Coahuila están controladas por el cártel", señaló Durbin y no aceptó los documentos presentados el 31 de mayo de 2016.

Meses más tarde, en julio, un jurado de San Antonio declaró culpable al Chano Millán, líder de los Zetas, de los 10 cargos que se le imputaban, entre ellos narcotráfico y homicidio. Se espera la sentencia para el próximo 14 de junio.

Entre las acusaciones contra el líder narco están desapariciones en Allende, matanzas masivas entre 2009 y 2015 en Coahuila, y la muerte de al menos 150 personas en el penal de Piedras Negras.

Rodrigo Humberto Uribe Tapia, uno de los testigos, en el juicio contra Millán, dio detalles sobre la colaboración del gobierno de Coahuila con los Zetas, cártel del que recibió sobornos.

Uribe afirmó que auxilió a Los Zetas para lavar unos 50 millones de dólares entre 2007 y 2009 y que los líderes del cártel entregaron millones de dólares a funcionarios de alto nivel en Coahuila, entre ellos el ex gobernador Humberto Moreira.

No obstante, no hay quien se salve. Por un lado, las autoridades estadounidenses -que hoy parecen endurecer la línea contra algunos líderes del crimen organizado- han protegido por años a algunos de sus principales colaboradores, como el caso de Tomás Yarrington, ahora detenido pero que permaneció prófugo por años y bajo el manto de George W. Bush. Al mismo tiempo, impulsaron y financiaron la Iniciativa Mérida, sustento de la militarización de México.

Por otro, el escándalo de los Moreira complica aun más la crisis del PRI. El actual gobernador, Rubén Ignacio Moreira Valdez, y su hermano, Humberto Moreira Valdez, exgobernador de la entidad y expresidente del PRI, han suscitado innumerables escándalos por sus vínculos con el crimen organizado y por el creciente endeudamiento de las arcas estatales.

No es un buen escenario para Miguel Riquelme, candidato del tricolor en estas elecciones a gobernador, que tendrán lugar a inicios de junio.

Según analistas, los Moreira fueron conminados por el poder ejecutivo a ganar las elecciones, caso contrario terminarían en la cárcel. Y todos los partidos que participan en los comicios han multiplicado las denuncias contra los Moreira. Los mismos que apoyaron la militarización y la guerra contra el narco, que trajo como consecuencia cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Mientras tanto, Armando Guadiana, candidato por el Morena, afirmó “Si los Moreira tienen responsabilidad en delitos, haremos todo lo posible por meterlos a la cárcel”. Pero Guadiana en 2011 era parte del PRI, y en un video que circula en redes se le escucha “Vamos a ungir a mi buen amigo Rubén como gobernador”. Imposible que con personajes salidos del riñón de la “mafia del poder” se pueda combatir la corrupción.

Una muestra más de que esta democracia para ricos es irreformable. Por eso la clase trabajadora, las mujeres y la juventud necesitan forjar una herramienta política propia, independiente de los partidos al servicio de los empresarios.







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