Política

NOTA DE TAPA

Festival de “carpetazos”

Ayer el gobierno denunció penalmente a Antonio Stiuso por contrabando de mercaderías importadas y evasión de impuestos. Así busca dejar fuera de juego al ex hombre fuerte de la SIDE, en medio de la crisis abierta tras la muerte de Nisman y al tiempo que intenta poner un “punto final” con una reforma en Diputados a la Ley de Inteligencia.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 25 de febrero de 2015 | Edición del día

Ayer por la mañana el titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, informó en conferencia de prensa que el lunes presentó una denuncia penal por “contrabando” y “evasión impositiva” contra el ex hombre fuerte de esa secretaría, Antonio “Jaime” Stiuso. En su presentación Parrilli dice que se detectó que en 2013 y 2014 Stiuso y otros funcionarios del organismo importaban en secreto toneladas de mercadería que eran derivadas a empresas propias y eran ingresadas al mercado legal sin pagar impuestos.

Además del exjefe de Operaciones de la SI, el gobierno denunció a Osvaldo Patrizio y Nicolás Gastón Mercado, con quienes Stiuso estaba asociado en la empresa. Según Parrilli, se cruzó información relevada por su gestión con otra que tenía la Aduana y se determinó que en esos dos años se importaron 94 toneladas de mercadería a nombre de la SI pero que “no estuvo destinada a la SIDE ni a cumplir una función de la Secretaría”. La mercadería importada era de la más variada, iba de equipos médicos hasta Play Sations, y para consumar su ingreso secreto Stiuso y compañía usaron los permisos que por ley se le permiten al organismo de espionaje. De hecho los cargamentos llegaban a Argentina a nombre de Stiuso o de la SI, indistintamente.

Además de la denuncia, Parrilli y su subsecretario Juan Martín Mena dijeron que ordenaron sumarios administrativos y suspendieron por sesenta días a los funcionarios involucrados que continúan en la Secretaría. Y, desafiante, aseguró que de ahora en más ellos mismos fiscalizarán las importaciones para la SI y que "esto (el contrabando) no ocurrirá más".

La denuncia presentada ayer se relaciona con otra causa contra Stiuso, iniciada a principios de febrero, por enriquecimiento ilícito. En ambas se mencionan las empresas American Tape SRL, Construcciones y Tecnologías SA, Establecimiento El Peregrino SA, Avícola de la Cruz SA, distribuidora Hobar SA e Indian Wells SA; un conglomerado industrial y comercial en el que aparece como socio y hasta fundador el mismo personaje que desde 1972 y hasta enero de este año ocupó lugares estratégicos en el área de espionaje estatal. Quien, vale mencionar, oficialmente tenía un sueldo no superior a los 15.000 pesos.

Espías espiados

El ataque contra Stiuso de parte de quienes hasta hace meses eran sus superiores y aliados sólo se explica por la gravedad de la crisis institucional desatada tras la muerte violenta, el 18 de enero, del fiscal Alberto Nisman. Justamente el ex hombre fuerte de Inteligencia es el personaje más nombrado por los funcionarios nacionales como sospechoso, sino de haber asesinado directamente, al menos de haber inducido al suicidio del fiscal de la causa AMIA.

Pero el gobierno no presentó aún ninguna denuncia formal ni prueba contra Stiuso en la causa en la que se investiga la muerte de Nisman, pese a que Aníbal Fernández y Jorge Capitanich todas las mañanas le dedican alguna nueva frase acusatoria ante las cámaras y los micrófonos. Por el contrario, parece haber preferido ir por el lado de los negocios sucios que “Jaime” y compañía desarrollaron en tantos años de secreto de Estado y vía libre para cuanta ilegalidad se le ocurriera.

Lo paradógico es que la importación de mercadería de contrabando por parte de Stiuso y otros espías de la SI el gobierno la sabía desde hace al menos dos años y nunca antes la había denunciado. Y no sólo el gobierno la sabía. Fue el propio diario Clarín, y nada menos que con la firma de Jorga Lanata, quien en julio de 2013 y como parte de su guerra contra antikirchnerista sacó a la luz que Stiuso y Patrizio estaban asociados para el ingreso “al país mercadería de contrabando” que “se distribuyen a través de American Tape, en la calle Jujuy al 200”.

La denuncia de Clarín contra “el Stiuso k” dejaba en evidencia la trama sucia de los negocios millonarios que son regenteados desde los sótanos del Estado. Recordemos que en julio de 2013, en un operativo realizado por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense, fue asesinado de ocho balazos en su casa de Moreno el espía de la SIDE Pedro Tomás Viale, “El Lauchón”, un estrecho colaborador de Stiuso que terminó arrinconado en puja feroz por el manejo del narcotráfico en el Conurbano con la policía de Scioli. Un hecho que pasó al olvido rápidamente en los diarios pero no en los pasillos oficiales.

Con Stiuso “jubilado” de prepo por Cristina y Parrilli, y ante la crisis desatada por la muete de Nisman, el “carpetazo” por contrabando y evasión impositiva intenta neutralizar al exespía colaborador de todos los gobiernos que pasaron desde 1972, tanto dictatoriales como constitucionales. Un intento que, huelga decirlo, bien puede fracasar.

En busca de un “punto final”

El gobierno quiere cerrar cuanto antes una crisis que, desde el fallecimiento de Nisman, lo tiene en el ojo de la tormenta. Una crisis que sacó a la luz nada menos que aquello que todos los gobiernos quieren y deben ocultar. La relación entre los servicios de inteligencia, los funcionarios, los jueces y fiscales y las mafias empresarias que operan en las sombras todos los días es relatada ante los ojos del pueblo trabajador. Así, la podredumbre que durante décadas se fue reproduciendo en los “sótanos de la democracia” queda expuesta en toda su crudeza.

Por eso hoy, con una votación en la Cámara de Diputados, se apresta a reformar la Ley de Inteligencia buscando mostrar un cambio en la política sobre las áreas de espionaje y servicios secretos. Pero a pesar de haberse sacado de encima a Stiuso y (según anunció) a otros 180 agentes de inteligencia, el gobierno no hará más que cambiarle el nombre y algunas funciones formales al mismo personal, a la misma logística, al mismo instrumental y a los mismo archivos que conserva el Estado desde hace décadas.

Como viene denunciando el Frente de Izquierda, la nueva reforma de la Ley de Inteligencia no sólo no cambiará nada en lo esencial, sino que significará la legalización de un aparato de espionaje e infiltración incluso más robusto que el anterior, que seguirá siendo puesto al servicio de la persecución y represión de las organizaciones de trabajadores, populares y de la izquierda. Que además mantendrá oculto el grueso de los archivos de ese aparato criminal que viene operando en las sombras desde hace décadas, incluidos los años de dictadura.

Es revelador, en este sentido, que en lo que va del año el gobierno nacional ya lleve gastados más de $184 millones en “información e inteligencia”, a razón de $3,4 millones diarios, según lo publicado por la propia Secretaría de Hacienda de La Nación. Una cifra que se desdobla entre lo gastado por la SI de Parrilli y por el Ministerio de Defensa, que es dirigido en materia de “inteligencia” por César Milani, el general partícipe del genocidio y elevado por el kirchnermismo a la categoría de militar nacional y popular. Una cifra que no contempla, claro, los millones de pesos que se generan desde esos sótanos estatales y que no son volcados en los presupuestos oficiales.

Cabe preguntarse qué destino tuvo esa fortuna en manos de los miles de espías que siguen actuando, sea bajo las órdenes de Parrilli o de Milani. Y cabe responderse que no será, para nada, un destino a favor de los intereses de los millones de trabajadores y trabajadoras de este país.







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