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Este último viernes, a través de la resolución 142/2021 el Ministerio de Trabajo volvió a hacer concesiones al empresariado con la ley de Teletrabajo, que a estas alturas es más lo que no abarca, que lo que sí, mientras la realidad de miles de empleados bajo esta modalidad empeora.

Juan Pablo AguilarIntegrante del CeProDH y de la Juventud del PTS

Sábado 20 de marzo | 20:29

Una vez más la ley de teletrabajo sufrió modificaciones en beneficio de las empresas, esta vez producto de una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación publicada en el boletín oficial.

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En dicha resolución, a través de un tecnicismo jurídico, se logra excluir de la aplicación de dicha ley a miles de trabajadores, producto de considerar que su situación es excepcional en el marco de la pandemia y el régimen de trabajo se podría modificar una vez finalizada la misma (algo que al día de hoy es imposible de saber cuándo sucederá).

Esto se da a pocos días de la entrada en vigencia de la ley (el 1 de abril) que recordemos ya había sufrido modificaciones a la hora de su publicación, achicando su margen de acción y reduciendo cargas para las empresas. Gracias a esta modificaciones, quienes hayan sido contratados bajo esta modalidad en pandemia o hayan estado trabajando de forma presencial y tuvieron que continuar desde sus domicilios producto de la misma (el ejemplo más claro son los trabajadores de call center) no se verían alcanzados por este marco jurídico.

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La mención a los alcances en cuanto a call centers no es menor, ya que el rubro se amplió producto de la pandemia y las posibilidades de las empresas de que la actividad se desarrolle en los domicilios. Así, con muchas empresas cerrando sus sedes total o parcialmente y sin brindar condiciones mínimas de higiene o de salubridad (como elementos básicos ya sean computadoras, vinchas, sillas, etc) y con los empleados garantizando el pago de los servicios de sus domicilios (internet, que en muchos casos debió aumentar en su velocidad por los requerimientos técnicos, aumentando el costo, además de pagar la luz) el panorama es de puro beneficio para los empresarios que no han dejado de facturar en ningún momento de la pandemia, incluso aumentando los flujos de llamada y de contactación, producto del aislamiento domiciliario algo que bien sabemos quienes atendemos diariamente.

Ahora esos mismos que ganaron tanto zafan incluso de la más mínima regulación y la ley quedará reservada para quienes pacten esta modalidad “voluntariamente” con todas las dificultades que hay para establecer que tan voluntario es tener que aceptar condiciones o no trabajar.

Cabe mencionar oportunamente que estas empresas han intentado burlar cualquier regulación, como la de prohibición de despidos, cerrando sedes y dejando cientos de trabajadores en la calle. Por ejemplo, el caso de la ex Hey Latam en Rosario, hoy REC-TUEL, donde sus trabajadores redoblaron la apuesta y luego de acampes y resistencia a los ataques de la patronal, han logrado poner en pie una cooperativa para mantener los puestos de trabajo y han puesto a funcionar nuevamente el call center brindando asistencia a jóvenes para el acceso al PROGRESAR, mientras reclaman poder colaborar con servicios básicos de telecomunicaciones como 0800 de asistencia por COVID, o 144 contra la violencia de género entre otros.

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Cabe mencionar que estas empresas de telecomunicaciones que impunemente incumplen leyes, han tenido ganancias exuberantes durante todo el año de cuarentena. Solo Telecom en el primer semestre de 2020 tuvo ganancias por U$$ 26,8 millones.

Si se discutió algún marco de regulación del teletrabajo no fue por una necesidad de contemplar una nueva modalidad en auge, como lo presentan algunos sectores, sino justamente por su aumento producto de la pandemia, por lo cual este nuevo decreto viene a desconocer desde el origen esta realidad.

Con un costo de vida en aumento, con paritarias salariales en el sector cada vez más a la baja, la nueva resolución viene a confirmar que para el lobby empresarial el gobierno está dispuesto a hacer todas las concesiones necesarias y para los trabajadores nada. Luego de haber anunciado con bombos y platillos la regulación de una actividad que siempre estuvo marcada por el trabajo irregular, en pésimas condiciones, lo único que hemos escuchado los trabajadores es como cada vez más se acorta el alcance de la ley.

Desde las conducciones gremiales se mantienen en un silencio y una complicidad absolutas, que no se rompe para nada y que garantizó que a un año del comienzo del ASPO la realidad de quienes trabajamos en call centers sea cada vez peor. Nada podemos esperar de esos burócratas que nada saben de lo que es mantener mes a mes a nuestras familias con sueldos miserables y costear absolutamente todo lo relativo a nuestras herramientas de trabajo, además de vivir en muchos casos en la incertidumbre de si mes a mes nuestros contratos a plazo fijo, por un mes (que están de moda en los call centers) van a ser renovados o no, con la permanente incertidumbre de encontrarnos de un día para otro sin trabajo.

La organización de los trabajadores de call centers es urgente, por eso ejemplos como los de RECTUEL, donde la Red de Trabajadores Precarizados ha jugado un rol importante, muestran un camino frente a la desidia del gobierno y la complicidad del mismo junto a las conducciones sindicales con las empresas. Necesitamos organizarnos en cada lugar de trabajo, con delegados elegidos entre nuestros compañeros de forma democrática no solo para barrer con las conducciones sindicales, si no también para luchar por todas nuestras condiciones de trabajo, que como se desprende de esta noticia, no van a venir de la mano de ningún gobierno dispuesto a conceder siempre lo que los empresarios necesitan. Hoy el festejo de los empresarios tiene que ser una alerta para todos los trabajadores de que estos ataques deben enfrentarse para que nuestras condiciones de vida, ya precarias por demás, no sigan empeorando.




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