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Red Internacional

En conferencia de prensa con la CTA Bahía Blanca, delegadas de la toma de tierras dicen "hay gente que sí empezó a edificar, con lo poquito que tiene". Así, desmienten las acusaciones del abogado de la UF, que reclama las tierras, quien negó la necesidad que pasan las familias y habló de construcciones "de lujo". Silencio del Municipio y de la Jueza Marrón, fuertemente cuestionada por su rol en la causa de Facundo Castro.

Martes 17 de agosto | 16:28
Conferencia de prensa Flias toma Don Bosco al 4000 junto a la CTA Bahía Blanca - YouTube

En la mañana de este martes 17, delegadas de las familias de la toma de Don Bosco al 4000, junto a la CTA Bahía Blanca, realizaron una conferencia de prensa en el Juzgado Federal N° 2.

Respondieron así las declaraciones del abogado de la Unión Ferroviaria, Maximiliano Görg, que durante la semana previa se paseó por las empresas de medios de la ciudad hablando de construcciones de material a las que "solo le faltan el quincho y la pileta", desconociendo la crisis habitacional de la ciudad y las necesidades de estas familias. También apuntó contra las organizaciones que apoyan la pelea por tierra y vivienda, sugiriendo que serán denunciadas, y hablando de "autos de alta gama" que van a la toma y serían de quienes "engañan" a las familias, quién sabe con qué intereses oscuros.

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Karina, delegada de manzana y vocera de las familias de la toma en la conferencia, explicó que están exigiendo a la jueza que "nos atienda y escuche el reclamo".

"Tenemos muchas familias que realmente necesitan. Las que ya están viviendo en ranchitos de chapa, muy precarios, están viviendo ahí porque están en situación de calle, no tienen donde vivir, hay chicos... A la municipalidad fuimos varias veces a ver si podían intervenir por nosotros, siempre se negaron diciendo que no tienen nada que ver con el tema, hasta que la jueza supuestamente nos diga si [los terrenos] son realmente nuestros o si se los deja a Ferro." señaló Karina.

Se trata de la jueza María Gabriela Marrón, denunciada por la querella y los fiscales en la causa por la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, (donde se pide su apartamiento por impedir medidas de prueba que permitirían avanzar en la investigación del accionar de la Bonaerense de Berni y la Policía Federal en el crimen y posterior encubrimiento de los responsables).

En este caso, quienes deberían dar explicaciones en realidad son las autoridades de la UF, que reclaman como propias tierras que son fiscales, y que según explicaba Dante Patrignani, secretario de DDHH de la CTA:

"La Unión Ferroviaria las tiene con un contrato de uso precario, firmado en el año 2010, lo firma José Pedraza, con la condición de realizar un barrio de viviendas. En diez años ese barrio de viviendas no se realizó, ni siquiera hay un proyecto, ni un ladrillo pegado. Con lo cual entendemos que ese acuerdo está caído, y las tierras son tierras ociosas como tantas que hay en Bahía Blanca alrededor de las vías del ferrocarril."

También explicó que "ya se hizo el registro ante el Renabap [Registro Nacional de Barrios Populares], fue tomada la inscripción, falta solamente que haya una inspección para que esto sea reconocido".

El accionar de la burocracia sindical ferroviaria (la misma responsable del asesinato de Mariano Ferreyra) resulta exactamente el opuesto al que debería llevar adelante una central de trabajadores. Opera mediáticamente, criminalizando a familias trabajadoras que exigen su derecho elemental a una vivienda, en lugar de solidarizarse y acompañarlas.

El contrato del año 2010 en el que se amparan, en palabras de Patrignani, "es una estafa para los propios afiliados de la UF que pensaron que iban a tener su vivienda gracias a este plan y no la tienen. A diez años de eso, las tierras están ociosas, son fiscales, y están en condiciones de ser entregadas a la gente que realmente las necesita".

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