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Red Internacional

La Justicia local obliga a dos escuelas a brindarles materiales necesarios y clases presenciales a cuatro hermanas en situación de vulnerabilidad, mientras avala el ajuste y la desidia del Estado, principal responsable de garantizar el acceso a la educación.

Iván MoyaCongresal SUTEBA

Viernes 18 de junio | 16:56

La medida cautelar fue dictada por el Juez en lo Contencioso Administrativo, López Cóppola. La abogada María de los Ángeles Rosón (ex candidata a concejal de Integración Ciudadana) en representación de la ONG “Hogar, Mamá y Yo” había dirigido la demanda a la Dirección General de Escuelas, aunque finalmente el fallo desvía la responsabilidad directamente hacia las trabajadoras y trabajadores de las dos escuelas.

Las Escuelas Primarias 65 y secundaria 43, del barrio San Martín, donde asisten estas cuatro hermanas, deberán proveer de "material impreso, vinculación de estudiantes con los establecimientos, establecer horarios de encuentro presencial y otras medidas necesarias para resguardar el derecho a la educación", dice el fallo.

Desde que se suspendió la presencialidad escolar, por la virulencia de la pandemia, la vinculación pedagógica se desarrolló en la virtualidad. Además de las clases virtuales, las trabajadoras y trabajadores de la educación concurrieron a los establecimientos a entregar bolsones de comida, dejar y recibir tareas escritas. Con múltiples problemas, y carencia de medios, la comunidad educativa, docentes, padres, madres y alumnos hicieron lo imposible para mantener este vínculo.

Pero cientos de familias en la ciudad no disponen de los adecuados medios tecnológicos, o solo tienen un dispositivo con una limitada conectividad. Estas dificultades se incrementaron con la crisis económica, la inflación, la falta de trabajo y vivienda que golpea a los más vulnerables. Este fallo sólo muestra una de esas situaciones.

Mientras que los gobiernos nacional y provincial recortan las ayudas sociales, eliminando el IFE para asistir a los sectores más vulnerables durante la pandemia, y los presupuestos de salud y educación se recortan para pagarle a los buitres internacionales y al FMI, la justicia legitima el ajuste y el desentendimiento del estado del derecho a la educación, y responsabiliza a los docentes y directivos de sostenerla con sus propios bolsillos, ante la crisis sanitaria y social.

En contraposición a este fallo, y cuando los primeros fríos fuertes ya se sienten en la ciudad, la comunidad educativa de la escuela 43 se organiza desde abajo y apuesta a desarrollar la solidaridad organizando una colecta de alimentos no perecederos, pañales, ropa de abrigo y útiles escolares.

En medio de la disputa electoral del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, “…los gobiernos provincial y local se pelean por ver quién garantiza la vuelta de las clases presenciales en escuelas que se caen a pedazos, en las que no invirtieron un peso durante toda la pandemia, desestimando el trabajo virtual de la comunidad educativa. Con total cinismo argumentan que un gran porcentaje de los alumnos no poseen acceso a la conectividad, cuando son ellos los máximos responsables de no haber garantizado este derecho”, escribió Daniela Rodríguez, referente del PTS en el FITU en la ciudad, que además es docente en ese colegio.

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Desde La Marrón y el PTS sostenemos que el máximo responsable de garantizar los medios para la educación es el Estado, nacional y provincial y no los trabajadores de la educación, por lo que exigimos al mismo que destine recursos y un presupuesto adecuado para el sostenimiento de la educación pública, al tiempo que ponemos todos nuestros esfuerzos en función de fortalecer la organización de las comunidades educativas en asambleas, para hacer frente al ajuste en curso.

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