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Red Internacional

Emergencia socio sanitaria. Falleció otra niña wichí en Salta

La crisis social persiste en el norte provincial y ya son cinco los niños y niñas de las comunidades wichí que fallecieron en diciembre de 2022. Mientras Sáenz piensa en las elecciones, se agrava la crisis alimentaria, sanitaria e hídrica.

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Sábado 7 de enero | 14:18

Según difundió el medio Salta12, el pasado 29 de diciembre falleció, en el departamento de San Martín, una niña de 2 años y siete meses perteneciente a una comunidad wichí de General Mosconi. Si bien en el registro hospitalario figura como “muerte súbita”, nueve días antes la pequeña ya había sido derivada desde el servicio de Atención Primaria de Salud (APS) al Hospital por disminución de peso. Además, según el medio en cuestión, la niña ya había sido internada a los 7 meses de vida a causa de su bajo peso.

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A pesar que desde el 20 de enero de 2020 fue declarada por el Gobierno provincial la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán, tanto las muertes de niños y niñas de la comunidad wichí no se detienen. Así como las causas que generan la desnutrición avanzan.

En agosto de 2022 se publicó el segundo informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, en el que se señala que "estas comunidades, en su mayoría tradicionalmente cazadoras recolectoras, han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva (principalmente de hidrocarburos), con consecuencias en la deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y un severo impacto social y cultural hacia los pueblos indígenas que han visto trastocado su modo de vida y medios de vida”. Según el mismo informe, la desnutrición afecta al 18% de los niños indígenas en la provincia de Salta (34% en zonas rurales) y la mortalidad infantil superaba los 10 por cada mil nacidos vivos en 2018, números que casi se duplican en el caso del departamento de Rivadavia.

Sáenz "combate" le desnutrición con desforestación y ampliación de la frontera agrícola

Mientras se publicaba el citado informe, donde se señalan la falta de acceso al agua potable y el desplazamiento de las comunidades de sus territorios como unas de las causas de las altas tasas de desnutrición en el llamado Chaco Salteño, el gobernador Gustavo Sáenz comenzaba una batalla denodada contra la Ley de Humedales, defendiendo el extractivismo del litio y el avance de la frontera agrícola en esa zona, y dando lugar a rediscutir las categorizaciones de la Ley de Bosques para permitir el avance de la deforestación.

De esta forma, Sáenz se muestra continuador de las políticas de los gobiernos de Urtubey y de Romero, que permiten que apenas 200 familias controlen más del 80% de las tierras en la provincia. Esas 200 familias vienen siendo favorecidas con todo tipo de beneficios fiscales y monetarios, como es el caso del “dólar soja”, mientras que las comunidades wichí de Salta ya no reciben siquiera los suplementos de leche con nutrientes, dado que fueron cambiados por dinero en las tarjetas Alimentar, por montos inferiores al valor de la leche, que además no es de fácil acceso en esas zonas. Encima, la crisis hídrica que sufre la provincia es particularmente grave en el departamento de San Martin y Orán, donde desde hace meses convive la falta de agua potable con incendios forestales.

A la política económica llevada adelante por los Gobiernos, se le agrega el racismo y la xenofobia que va desde la práctica del “chineo” (la caza y el abuso de mujeres wichí), hasta los desplazamientos territoriales y la represión. Sin ir más lejos, en el día de ayer la policía de Salta reprimió una protesta en la localidad de Tartagal, que reclamaba por el despido de una mujer originaria que era empleada municipal por el simple hecho de reclamar agua para su comunidad.

Hacen falta medidas de urgencia para terminar con la desnutrición

La crisis sociosanitaria, y particularmente la desnutrición en el Chaco Salteño, no es posible abordarla solo desde las “células de contención” que implementó el Gobierno de Sáenz que consiste en el recorrido de agentes sanitarios por las diversas comunidades de la provincia, que a lo sumo pueden tratar algunos de los casos de desnutrición y en la mayoría de los casos se limita a llevar un control de peso de los niños.

Muchas de las comunidades wichí realizaron protestas y cortes de ruta durante el año pasado reclamando derechos elementales, como acceso al agua potable, salud intercultural, mejor accesibilidad en caminos y rutas y terminar con los desplazamientos territoriales que sufren cotidianamente. Medidas que llevan adelante año tras año y resultan urgentes si no se quiere que esta situación se siga agravando.

Esto debe ir acompañado con una política social que incluya no sólo la restitución de las tierras despojadas sino de rediscutir la producción agropecuaria de la provincia, destinada principalmente a la exportación de soja y porotos, y no a la producción de alimentos. Que permitiría terminar con las muertes de niños y niñas por causas tan evitables como la desnutrición.


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