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Red Internacional

Los cuatro bonaerenses más comprometidos en el crimen del joven de Pedro Luro entregaron en la causa teléfonos rotos o con mensajes eliminados. De lo poco recuperado por los peritos salen a la luz más muestras del encubrimiento oficial. ¿Quiénes son Roberto Berrios y Federico Montero? ¿Germán Sasso sólo es un periodista aficionado a las fake news? Aquí algunas respuestas.

Daniel Satur@saturnetroc

Sábado 24 de julio | 00:41
Mario Sosa junto a Facundo Castro | Federico Montero y Sergio Berni | Abogado Sebastián Martínez

Jana Curuhinca, Siomara Flores, Mario Sosa y Alberto González son los policías bonaerenses más comprometidos en la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida el 30 de abril de 2020. El cuerpo del joven de 22 años fue hallado 107 días después, esqueletizado, en un cangrejal de Villarino Viejo.

¿Cómo se conectan esos cuatro agentes, fuertemente sospechados de haber cometido un crimen atroz propio de la dictadura, con funcionarios de la gobernación de Axel Kicillof y de la gestión massista de la intendencia de Villarino?

¿Qué papel juega en el pérfido entramado de encubrimiento Federico Montero, delegado de Sergio Berni en la zona de Bahía Blanca y nexo del Ministerio de Seguridad con la Bonaerense?

¿Qué "arreglo" hubo entre la gestión provincial del Frente de Todos y Germán Sasso para convertirlo en el mayor operador mediático de esa trama perversa?

¿Quién paga los honorarios del abogado Sebastián Martínez, defensor de los cuatro policías bonaerenses y servidor del poder político encabezado por los hermanos Gustavo y Carlos Bevilacqua, exintendente de Bahía y actual de Villarino, respectivamente?

La Izquierda Diario tuvo acceso a parte de las pericias que se realizaron a los teléfonos de los cuatro policías. El contenido de esos celulares, cotejado con información que consta en el expediente y con datos de otras fuentes, permite responder, si no todas, al menos buena parte de esas preguntas.

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Teléfonos descompuestos

Seis meses después del hallazgo del cuerpo de Facundo, a mediados de febrero de este año, la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar a parte de los reclamos de la familia Castro y ordenó secuestrar y peritar los teléfonos de Curuhinca, Flores, Sosa y González.

El pedido llevaba meses, tanto por parte Cristina Castro y sus abogados como de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin y de la Comisión Provincial por la Memoria (querellante institucional), pero la jueza María Marrón lo ignoró sistemáticamente.

Una semana después de la orden de la Cámara Federal, los cuatro policías fueron a la sede de Gendarmería de Bahía Blanca (Alem 1352) y entregaron algunos celulares. Los acompañaba el abogado Sebastián Martínez. Curuhinca entregó un Samsung y un Xiaomi, Sosa un Samsung, Flores un Xiaomi y González un Samsung.

“Ese mismo día (jueves 18 de febrero) estábamos en el allanamiento a la comisaría de Origone”, diría luego Cristina Castro a este diario sobre lo que consideró “una falta de respeto. Entregaron teléfonos destrozados, decían que se les habían caído al agua, al inodoro, completamente destruidos”.

Vale recordar que en ese allanamiento se encontró un segundo trozo de piedra turmalina (el primero había sido encontrado en septiembre en una comisaría de Bahía Blanca), compatible con el que el joven colgaba en su cuello al momento de desaparecer.

Recién el 9 de marzo Gendarmería envió los aparatos al Cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal. El 15 de marzo el Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones de la misma Datip elaboró un informe técnico de lo extraído y el 22 de junio el informe final de las pericias se incorporó al expediente que tramita en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca.

Tal como había anticipado Cristina Castro, el informe oficial dice que del Samsung de Curuhinca “no se pudo realizar ningún tipo de extracción ya que se verificó que la pantalla del dispositivo no funcionaba”. Y del Xiaomi tampoco se pudo extraer “toda la información” por falta del software correspondiente, con lo que no se pudo obtener el WhatsApp, llamadas entrantes y salientes ni la agenda de contactos. Por ello aún siguen sin ser halladas las fotos que esa policía le sacó a Facundo y a su DNI el 30 de abril. Solo se conocen las que la Bonaerense filtró entre periodistas amigos.

Del Samsung de Mario Sosa tampoco se pudo realizar “ningún tipo de extracción de información dado que no se pudo conectar el dispositivo a la PC Forense ya que se encontraba dañado”. Sí pudieron realizar una extracción de la Tarjeta SIM Claro.

Del Xiaomi de Flores sí se pudo extraer la información que tenía, al igual que del Samsung de González. El tema es que ambos realizaron muchas maniobras de borrado y eliminación de datos antes de entregar esos dispositivos.

Alberto González, Mario Sosa, Jana Curuhinca y Siomara Flores
Alberto González, Mario Sosa, Jana Curuhinca y Siomara Flores

El “amigo” Berrios

De la tarjeta del teléfono de Mario Sosa (quien junto a Curuhinca detuvo a Castro la mañana del 30 de abril en Mayor Buratovich) se extrajo la agenda de contactos. Entre los 99 números se destaca el del subteniente Roberto Carlos Berrios, policía muy conocido en Villarino. Ambos compartieron “tareas” en la sede de Buratovich. Berrios estuvo allí desde 2011 hasta, curiosamente, julio de 2020 (cuando todo el país hablaba del caso y lo trasladaron a Bahía Blanca).

Si a Berrios todo el partido de Villarino lo conoce, mucho más saben de él en la localidad de Pedro Luro. Incluso hace unos años Cristina Castro lo denunció ante Asuntos Internos por ser la cara visible del hostigamiento policial a los pibes del pueblo, con especial saña hacia el grupo del Semillero Cultural y la batucada que integraba Facundo.

Ella recuerda que Berrios arremetía con el patrullero en la vieja estación ferroviaria mientras los pibes pasaban la tarde entre mate, lectura y juegos. Al grito de “negros chorros, drogones” el subteniente los golpeaba con regularidad. Cuando Cristina y otras madres se enteraron lo denunciaron, pese a lo cual nunca dejó de hostigar a los pibes. Berrios solía “sortear” un lugar en patrullero y Cristina más de una vez debió ir a buscar a Facundo a la comisaría. Berrios se ensañaba especialmente con menores de edad.

Por eso cuando Cristina lo vio aparecer en medio de un rastrillaje en el que buscaban a Facundo, le cayeron varias fichas. Ese 17 de junio estaban con su abogado Luciano Peretto en un rastrillaje en Mayor Buratovich a cargo de la propia Bonaerense. La causa estaba caratulada como “averiguación de paradero”, se tramitaba en el fuero provincial y las diligencias ordenadas por la Ayudantía Fiscal de Villarino las ejecutaban la misma tropa de Berni.

Vale recordar que en aquel “rastrillaje” apareció el oficial González y le dijo a Cristina que él había cruzado a Facundo en la ruta y éste se había ido caminando rumbo a Bahía (ya nos ocuparemos de González). También rondaba por el lugar Siomara Flores, quien dijo que llevó a Facundo hasta Teniente Origone (lejos de allí). Pero lo que más impactó a Cristina fue la llegada de Berrios.

“Aparece un móvil policial que venía desde Médanos. Era el comisario Navarrete, pero no venía solo. Venía con el oficial Berrios. Cuando lo vi le dije a Luciano ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del semillero cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”, dijo en septiembre Cristina ante la Fiscalía Federal, cuando ya se investigaba la “desaparición forzada”.

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Berrios es, además, pareja de la oficial Paola Aguilera, que hace seis años revista en la Unidad de Policía de Prevención Local de Bahía Blanca, seccional a la que pertenece el patrullero Toyota Etios patente OMP782 (registro policial 20610), que el 8 de mayo de 2020 (a una semana de desaparecido Facundo) se pasó de jurisdicción y anduvo por Villarino Viejo, muy cerca del cangrejal. El mismo móvil en el que los perros del perito Marcos Herrero encontraron el primer trozo de turmalina.

Patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca donde se halló un trozo de turmalina
Patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca donde se halló un trozo de turmalina

La victimización de Flores

Siomara Flores el 8 de mayo, con excusas impresentables para una agente policial (tenía miedo a amenazas de “ladrones”), desinstaló de su teléfono el Whatsapp y sus redes sociales. Sin embargo algunas de los chats posteriores a esa fecha revisten un gran interés.

La Datip menciona en el informe pericial la existencia de largas conversaciones de Flores con Germán Sasso, el periodista de La Brújula encargado de difundir cada fake news sobre el caso al servicio de Berni y Kicillof. Aunque gran parte de esas conversaciones (todos los audios e imágenes y algunos textos) no pudieron recuperarse tras ser eliminadas, sí se comprobó el contacto cotidiano, virtual y presencial, entre los policías y Sasso.

También se destacan conversaciones de Flores con el comisario inspector Marcos Navarrete, padre de su hijo, Jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino y “socio” de Berrios. A él le dice, entre otras cosas, que las desinstalaciones de Whatsapp y redes las había hecho “por miedo” y le pide que le saque el arma a Jana Curuhinca (su hermana) porque “no la veía bien” y temía por ella.

También le reprochó a Navarrete que “la superioridad” estaba dejándolas solas, que no les informaban nada ni les prometían defenderlas. El comisario reiteradamente le sugirió que no hablara con ningún periodista, que no usara las redes sociales (“Cuanto más ocultas estén mejor”) y que siguiera “las directivas” recibidas por los jefes.

Casi como si estuviera guionada, entre los mensajes no eliminados por Flores figuran muchos del estilo “no entiendo a Dios, hacemos el bien y nos pasan cosas malas”. La policía les decía a sus interlocutores que estaba al borde de lo soportable y que creía que no iba a poder seguir viviendo si la campaña contra ella continuaba. Pese a todo, no esgrimió ninguna prueba que permita comprobar su inocencia.

Entre los mensajes más reveladores de Flores se encuentra el chat con su hermana Jana, ambas sospechosas del crimen. Lo único que pudo recuperarse es una conversación en la que le dice que la madre de Facundo “sólo quiere plata”. El resto de los cientos de audios, imágenes, videos y textos figuran eliminados.

Por último con Sosa se dan fuerzas mutuamente, diciendo que todo es una mentira y que “los medios son un cáncer” (menos La Brújula y Sasso, claro).

Mario Sosa detiene a Facundo Castro el 30 de abril | Foto sacada por Jana Curuhinca, nunca hallada en sus teléfonos
Mario Sosa detiene a Facundo Castro el 30 de abril | Foto sacada por Jana Curuhinca, nunca hallada en sus teléfonos

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El capitán González

En el teléfono de Alberto González también aparece con regularidad Germán Sasso. En noviembre de 2020 incluso coordinaron una reunión en la casa del policía, en el barrio Patagonia Norte de Bahía Blanca. Fuentes conocedoras de los protagonistas del caso aseguran que las visitas del operador mediático a la vivienda fueron varias.

González habló mucho con Sasso. Entre otras cosas, le relató parte del contenido de la libreta en la que había anotado los datos del encuentro con Facundo en la ruta. Pero hay información dada a Sasso que difiere de lo que efectivamente aparece escrito en la hoja que entregó en sede judicial.

Lo que se escribió en esa hoja fue fundamental para hacer “encajar” en el relato a E.R., la testigo plantada por la propia Bonaerense para desviar la atención bien lejos del lugar de los hechos. La presunción de las querellas de que la libreta fue intervenida por varias manos y “tuneada” no es descabellada. El mismo González da la pauta de su verosimilitud.

El policía le contó a Sasso a mediados de diciembre que una vez el comisario Navarrete los citó, a él y al resto de los jefes de dependencias de Villarino, a una reunión en Médanos. Que los empezó “a cagar a pedos” y que se la agarró con él en particular. “Me dijo que yo tenía que saber, porque que él (Facundo) había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto”, dice González.

Y le cuenta que en esa reunión le mostró su libreta a los superiores. “Tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía”, dice González que le dijo a Navarrete. “Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido”, le dice el policía al operador mediático.

Juan Carlos Reynoso al momento de la desaparición de Facundo era el jefe de la comisaría de Médanos. A él lo llamó González el 30 de abril a las tres y media de la tarde para preguntarle qué debía hacer con el joven al que minutos antes había abordado en la ruta 3 tras el llamado de un vecino. “Dejalo seguir”, le dijo Reynoso, que ya sabía que horas antes Sosa y Curuhinca habían tenido el primer “encuentro” con Castro.

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Hoja de la libreta de Alberto González | R, E y H son las iniciales de la testigo "plantada"
Hoja de la libreta de Alberto González | R, E y H son las iniciales de la testigo "plantada"

E.R. y la libreta

González le dijo a Sasso que, cuando les mostró la libreta a sus superiores, enseguida le pidieron que fuera a declarar a la Ayudantía Fiscal de Médanos. Y recordó lo que le dijo el ayudante Dimas García cuando lo recibió: “con todos los datos que usted tiene, con la libreta, la foto (del carnet de conducir de Facundo) y toda la historia, con esto salvó a toda la Policía de Villarino. Lo único que hubiera faltado es la patente del vehículo que sería la frutilla del postre”.

Esas palabras de González abren un gran interrogante. Porque cuando declaró el 2 de julio en esa sede judicial entregó su manuscrito y, entre las anotaciones, sí figura una patente, como se puede ver en la imagen e más arriba. ¿De qué vehículo era la patente? Del de la “testigo” E.R. Pero si, como él dice, ese número originalmente no estaba en el papel, ¿entonces cuándo fue anotado?

Eso no es todo. La pericia al teléfono muestra una conversación de González con el Sargento Dmitrij Janovskis, con quien compartían servicio en Origone, donde le decía que él nunca había dicho que la camioneta en la que “vio irse a Facundo” tras pararlo en la ruta era una Honda HV-R gris sino una Renault Duster Oroch.

Esto último es importante. Por un lado, el 17 de junio González le había dicho a Cristina durante el rastrillaje que Facundo se había ido caminando, no en un auto. Por otro lado, es muy sospechoso que él le diga a un “colega” de confianza que nunca había mencionado una marca, un modelo y un color que sí aparecen en la libreta.

Y si todo eso no es suficiente, como se ve en la hoja tanto la inscripción “HR-V GRIS” como la patente aparecen en la hoja, una arriba del otro, dentro de un mismo recuadro hecho a mano. ¿Fue González quien anotó esos datos por una orden recibida? ¿O lo agregaron más tarde otras manos?

Cuando finalmente la testigo E.R. apareció en escena, Berni, La Brújula y algunos periodistas porteños lanzaron una rabiosa campaña para desviar la atención de las denuncias de Cristina y sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. Eso ayudó, sin dudas, a tranquilizar a los bonaerenses.

El 14 de julio, mientras la mujer de 72 años declaraba por primera vez en la causa ante la Policía Federal, González habló con Reynoso. “Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros (la Bonaerense), para que después no digan que la salimos a buscar”, le dijo el comisario. Y remató con “un gracias a Dios apareció”, en referencia a lo que presumía el testimonio clave para darle un cierre a la causa.

Pero luego se demostraría que E.R. en verdad fue “aportada” a la causa por la misma Bonaerense, a través nada menos que de Sosa y Flores. ¿Para qué le iban a tomar declaración desde la fuerza provincial si era mucho mejor armale el relato y que se la tomaran otros?

Cristina Castro sigue exigiendo verdad y justicia por Facundo
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¿Y Martínez? ¿Y Montero?

A mediados de febrero de este año, según consta en el informe pericial de la Datip, González se comunicó con Sosa y le pasó dos números de teléfono. El primero es el del abogado Sebastián Martínez. “Nos va a representar a todos juntos”, le decía. Lo que parecía una sugerencia en verdad terminó siendo una orden. González le estaba diciendo a Sosa que lo iban a llamar para firmar su conformidad y así el doctor Martínez se haría cargo de su defensa.

Como ya se dijo en otro artículo, la llegada de Martínez a la causa fue un triple mensaje del poder político. Primero, al ponerlo como abogado los cuatro policías asumen como un hecho su imputación, aún sin haber sido indagados y con todas las dilaciones de la jueza Marrón (en un contexto donde casi ningún policía criminal va preso, con muchas menos pruebas que las que pesan sobre ellos algunos policías terminaron con preventiva). Segundo, con el ingreso de Martínez a la causa la Bonaerense busca acceder de lleno al expediente. Y tercero, Martínez no es cualquier abogado.

El defensor de los policías es un ladero de Carlos Bevilacqua, el intendente de Villarino acusado de encubridor por la familia Castro. De hecho el letrado ya había intentado intervenir en la causa el año pasado en nombre de su jefe político.

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Montero (izquierda) en uno de sus tantos encuentros con Berni (izquierda) | Foto Twitter Federico Montero
Montero (izquierda) en uno de sus tantos encuentros con Berni (izquierda) | Foto Twitter Federico Montero

El segundo número de teléfono que González le pasó a Sosa es el de Federico Montero. “Llamalo, les va a conseguir un psicólogo gratis”, le dice. Y no es que Montero sepa mucho de psicología, sino que como “delegado” del Ministerio de Seguridad en la región es el nexo político entre Berni, los destacamentos locales de la Bonaerense y los intendentes del sur de la provincia.

Entre muchas cosas que Montero les “consiguió” a los cuatro policías sospechados de la desaparición de Facundo, lo del psicólogo a cargo de la Gobernación fue un mero trámite.

¿Quién es Montero? Además de ferviente peronista, maradoniano y ricotero, es uno de los personajes de la región que más saben de negocios ilegales, clandestinidad y mafias.

Antes de ser nombrado por Berni (en febrero de 2020) director de Seguridad de la Sexta Sección de la provincia, Montero dirigió durante cuatro años Defensa Civil en Bahía Blanca y fue subsecretario de Seguridad de Villarino. En el primer caso durante la intendencia de Gustavo Bevilacqua. En el segundo con la gestión de Carlos, hermano de Gustavo y actual jefe comunal del distrito donde vivía, desapareció y fue hallado muerto Facundo.

Hace rato que Montero debería haber explicado en sede judicial todo lo que les consiguió a González, Sosa, Curuhinca y Flores. Además debería aclarar hasta dónde intervino en el caso, sabiendo que maneja los hilos del accionar de la Bonaerense en la región y su relación con el Poder Judicial y las fuerzas federales. Pero sobre todo debería explicar si actúa totalmente bajo las órdenes de Berni o bien goza de cierta autonomía.

De todos modos, más allá de lo que pueda decir o callar Montero, es evidente la cercanía entre Berni y los policías implicados en la desaparición y muerte de Facundo. Montero, en todo caso, es un esmerado intermediario entre el ministro, los policías, la intendencia de Villarino, el abogado Martínez y demás funcionarios. Y eso Kicillof lo sabe y lo avala.

Aún hay quienes insisten (incluso en espacios progresistas) en desligar a los policías sospechados de un crimen tan atroz de sus jefes políticos. Y a su vez intentan separar las posturas y acciones del ministro Berni de las políticas de su jefe Kicillof. Pero cada vez queda más claro que esa es una operación político-ideológica para, en un contexto electoral, seguir apostando por el Frente de Todos sin hacerse cargo de personajes nada dirigibles como el excarapintada.

Pero no se puede tapar el sol con una boleta. Si el frente es "de todos", Berni también lo es.

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