Internacional

LA PREPOTENCIA DE ZUCKERBERG

Facebook bloqueó las noticias en Australia porque no quiere pagar por ellas

Facebook bloqueó desde este miércoles la publicación de noticias dentro de Australia bajo la excusa que una nueva reglamentación parlamentaria no dejaba claro la definición de qué es una noticia. En realidad la empresa de Zuckerberg no quiere pagar a los medios por los artículos que publica en su red.

Jueves 18 de febrero | 08:56

El primer ministro australiano, Scott Morrison, advirtió este jueves a Facebook de que su Gobierno no se va a dejar intimidar, después de que el gigante tecnológico bloqueara la publicación de noticias en Australia.

"Las acciones de Facebook en Australia, cortando información esencial de servicios de salud y de emergencia han sido tan arrogantes como decepcionantes (...) No seremos intimidados por grandes empresas tecnológicas que intentan presionar a nuestro Parlamento", criticó el primer ministro en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.

La decisión de Facebook de bloquear la publicación de noticias en Australia se produjo después de que la cámara baja del Parlamento australiano aprobara este miércoles el código de negociación de noticias impulsado por el Gobierno, que plantea a las tecnológicas que alcancen un acuerdo con los medios para remunerarles por la creación de noticias.

El proyecto de ley, que llegará la semana que viene al Senado, estima que en el caso de que compañías y medios no alcancen un acuerdo comercial en el monto a sufragar, la cifra será decidida por un tribunal que actuará como intermediario.

El mandatario recalcó que las acciones de Facebook, que eliminó momentáneamente las páginas en la red social de varios servicios de emergencia, "confirman la preocupación que un número creciente de países están expresando sobre el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas que creen que son más grandes que los gobiernos y que las normas no les atañen".

"Puede que estén cambiando el mundo, pero eso no significa que lo gobiernen", afirmó.

Facebook y otras de las principales empresas tecnológicas han atravesado juicios y demandas en diferentes países por conductas monopólicas tanto en el uso de aplicaciones propias y ajenas, como así también contra terceros que utilizan sus plataformas. Este es el caso de la mayoría de los medios de comunicación que son los que producen las verdaderas noticias e informaciones que empresas como Facebook utilizan en forma gratuita para nutrir su red social.

Ya hace un tiempo que la discusión sobre la relación de estas con los medios y periodistas, y la necesidad de que Facebook, Google y otros paguen por las noticias que publican en sus plataformas empezó a tomar cuerpo. Pero a medida que algunos países empiezan a tomar medidas a pagar a estas empresas por el uso de productos de terceros, la empresa de Zuckerberg muestra toda su prepotencia. Como en este caso decidiendo sin más cortar y bloquear la publicación de noticias dentro de Australia.

La empresa dice que tuvieron que hacerlo porque la legislación aprobada por el parlamento es muy laxa y no se entiende claramente cual es la "definición de noticia", por lo que tienen que ajustar su algoritmo. Un argumento que nadie se cree, ni el primer ministro, y que constituye los métodos de apriete, ultimátum y chantaje a los que ya se han acostumbrado las grandes tecnológicas.

A estas acciones permanentes, en las pujas con los diferentes países, las tecnológicas sumaron en los últimos meses y en torno a los acontecimientos de la toma del capitolio el 6 de enero en EE. UU. la potestad de decidir qué se puede publicar y qué no, y por ende el "derecho" a censurar y clausurar cuentas en forma definitiva, en base a estándares propios definidos desde cada una de las gerencias de estas empresas. Se trata sin duda de un precedente peligroso que hoy se aplica a lo más rancio de los sectores de extrema derecha pero con argumentos tan "laxos" como el ataque a la constitución o las instituciones, que mañana pueden ser aplicados contra cualquier sector que salga a pelear por sus derechos.
El última instancia se trataría de una suerte de correlato de las leyes antiterroristas votadas en varios países y que se destinaron a criminalizar la protesta social, pero ahora administrada por empresas privadas.







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