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Extractivismo y educación: la disputa por el contenido en las escuelas

Virginia Pescarmona

María Marengo

PEDAGOGÍA

Extractivismo y educación: la disputa por el contenido en las escuelas

Virginia Pescarmona

María Marengo

Ideas de Izquierda

Los compromisos con el FMI y el carácter de país dependiente, aunque hablen en nombre del “cuidado del ambiente”, implican una ofensiva extractivista en todo el país. Los proyectos que se impulsan son de gran impacto sobre el medio ambiente y además también pasan por encima de las comunidades. No tienen licencia social, pero las empresas nativas y extranjeras, con la colaboración de los gobiernos, pretenden, por distintas vías, conquistarla. Esta ofensiva en lo económico y el modelo productivo impregna la ofensiva sobre la educación para configurarla a favor de ese modelo.

La disputa por el contenido

Según Henry Giroux –considerado uno de los fundadores de la pedagogía crítica norteamericana–, las políticas educativas implican definiciones sobre qué formas de autoridad, tipos de conocimiento, regulación moral e interpretaciones del pasado y del futuro deberían ser legitimadas y transmitidas a los estudiantes [1]. Son muchos los autores que, particularmente en el siglo XX, han desarrollado teorías críticas sobre el rol de la escuela en la sociedad capitalista, los contenidos y métodos. Por ejemplo, Pierre Bourdieu planteó que

… todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características específicas de su estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por los medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia (auto reproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su función propia de inculcación como para la realización de su función de reproducción de una arbitrariedad cultural de la que no es el productor (reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos o las clases, o sea la reproducción social [2].

En este sistema, las políticas educativas, su diseño, ejecución y la diagramación de los contenidos curriculares, son potestad del Estado (capitalista). Desde ya que son una construcción histórica, determinada por las relaciones sociales y las relaciones de fuerza. Pero los contenidos se deciden desde los gobiernos y, en Argentina, a la sumo se discuten en el Consejo Federal de Educación, integrado por los 24 ministros de educación del país, que además son cargos políticos, que responden a la gestión de cada provincia. La política educativa, los contenidos básicos, la visión sobre la construcción de conocimiento, no es algo que se vote, ni se revise, ni se defina democráticamente. No participa la docencia ni los y las estudiantes. El pueblo que defiende sus bienes comunes naturales y enfrenta las consecuencias del extractivismo y la especulación, mucho menos.

Según el profesor Gimeno Sacristán, especialista en Didáctica, y en particular en estudios sobre el curricular, este último “no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la existencia de la experiencia humana” [3]. Es decir que a través de él se expresan procesos sociales y relaciones de fuerza. La lucha socioambiental, como la educación y también los cambios curriculares, son políticos. La escuela y el currículum son un terreno de disputa. Implican distintos posicionamientos teóricos, políticos, ideológicos y momentos del debate político público. Las peleas dadas pueden habilitar que posiciones críticas queden incluidas, medianamente contempladas, en la letra de las leyes, pero sabemos que lo que predomina es el discurso oficial, hegemónico.

Un repaso por cualquier diseño curricular da cuenta que los aspectos ambientales no se conforman como eje transversal; que los manuales y propuestas sobre “Ecología” carecen de perspectiva social; que los temas que se abordan sobre contaminación son ahistóricos, sin intereses económicos en juego, sin conflictos, sin extractivismo ni cambio climático. Sin embargo, hay determinados lobbies extractivistas, como el de las megamineras en Mendoza, que les parece demasiada concesión algunas perspectivas y quieren ir por más.

El lobby extractivista en Mendoza

Mendoza es sinónimo de cordillera, vino, sol y defensa del agua y el medioambiente. Algo que a las mineras y sus lobbies molesta por demás. También a sus políticos y funcionarios aliados.

La defensa de la Ley 7722, “Guardiana del Agua”, es un emblema de las luchas populares en Mendoza y el país. Fue producto de un largo proceso de lucha y organización que logró, en junio 2007, que se aprobara en una histórica sesión legislativa colmada de manifestantes y con cortes de ruta en toda la provincia durante 15 días. Desde entonces, y bajo gobiernos de distintos signos políticos, hubo intentos de anular o modificar la ley, a través de pedidos de inconstitucionalidad, frenados una y otra vez por la enorme resistencia popular.

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Los intentos de avance, por parte de las cámaras empresariales y sindicales vinculadas a la actividad minera, es permanente, fuerte y amenazante. Actúan del mismo modo que vemos hoy con la presión de otros sectores extractivistas ante el proyecto de Ley de Humedales.

La lucha por la defensa de la Ley 7722 dejó planteada una relación de fuerzas y un conocimiento y convicciones instaladas desde la primera infancia, que las cámaras empresarias, los funcionarios y hasta la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) pretenden cambiar. En este sentido se enmarca la última noticia acerca de la aprobación de una capacitación para docentes sobre minería. Quieren dar la pelea ideológica, dicen. Quieren dar batalla por sentidos comunes ligados a la “producción”, “desarrollo”, “creación de empleo”, etc. En todo esto, Malargüe es uno de los casos más paradigmáticos en la provincia. No responde a la imagen publicitaria típica mendocina de producción: viñedos esplendorosos creciendo al sol. Allí hay explotación minera, petrolera, producción de papa, cebolla y ajo, y cría de ganado con la tradicional práctica de la trashumancia. Zona minera y petrolera, pero que vive con gran parte de su población sin gas natural ni electricidad y con producciones locales amenazadas permanentemente. En este sentido, Gabriel Jofré, integrante de la organización mapuche “Malalweche” expresaba en 2019:

Las explotaciones de hidrocarburos están afectando a 25 comunidades en la zona sur de Mendoza. En esa zona se produce el 95 % del gas y el 75 % del petróleo de la provincia. ¿Las consecuencias? Los animales empetrolados y demás desastres, con el abandono que dejan en la zona. En Malargüe apenas hay dos rutas asfaltadas, y en el resto del territorio (departamental) –42.000 kilómetros cuadrados, que es casi el tamaño de la provincia de Tucumán– no hay una sola ruta asfaltada […]. Ya con la extracción convencional hubo casos de bebés que nacieron con deformaciones, disminución de la masa cerebral, alguna invalidez o cuestiones físicas directas, partes de sus cuerpos que no se desarrollaban, y diferentes problemas motrices.

El argumento para justificar la extracción de combustibles fósiles es el “progreso”, entendido como trabajo, como rutas, como asfalto, como dinero, como educación, como comida, como pueblos sin hambre. Pero nada de eso sucede [4].

El canto de sirenas de “progreso”, “productividad”, “empleo”, se quiere imponer, en el marco de un proceso de profundización de la crisis económica y la necesidad de dólares requeridos por los organismos de crédito internacionales –en particular el FMI–, como fundamento de los gobiernos –tanto el nacional del Frente de Todos, como el provincial de Cambia Mendoza y demás provincias– para avanzar sobre la cordillera y los bienes naturales comunes con cualquier método y a cualquier costo.

Las reformas curriculares, que en Mendoza también fueron enfrentadas en las calles [5], los cambios en las orientaciones de los Institutos terciarios (con cierre de carreras a favor de otras prioritarias), se proponen para disputar el sentido común –profundamente arraigado en la población– que se expresa en ese canto que dice que “el agua de Mendoza no se negocia”. Ellos han definido a la escuela como un campo más en esta batalla. Y claro que lo es. La educación no es neutral.

La nueva avanzada sobre esta cuestión es la resolución 216/22 de la DGE: el Instituto Superior Técnico 9-019 (INSUTEC) dictará una capacitación impulsada, directamente de la Cámara de Empresarios Mineros y otras entidades empresariales y sindicales que buscan imponer contenidos pro megamineros en las escuelas. Este curso, según ellos mismos, sería el prólogo para el gran objetivo minero: que los contenidos se sumen a la currícula escolar, tanto en primaria como en secundaria y “terminar así con los falsos discursos contra la minería”. Como informa la propia DGE, “El ciclo de formación incluye temas como geología, economía e impacto social de la minería en Mendoza. Fue un pedido de Asinmet y otras cámaras empresarias”. El curso fue denominado “El suelo que pisamos”.

La propuesta fue diseñada por el geólogo Eddy Lavandaio, activo militante a favor de la megaminería en Mendoza y en contra de la Ley 7722. Nada tiene de neutral, objetiva o científica, si consideramos que Lavandaio, en 2021, expresaba que: “con una enmascarada hipocresía la ley dice que tiene por objeto ‘garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico’. En realidad la ley fue resultado de una campaña de activismo antiminero muy bien organizada y financiada por intereses a los que les convenía impedir la concreción de proyecto mineros, que incluyó la ‘concientización’ de niños y adolescentes en escuelas, colegios y parroquias de la provincia, y que indujo a parte de la población a rebelarse en contra de la actividad” [6].

Como se ha expresado aquí: “la iniciativa comenzó en mayo pasado, durante el Foro Metalmecánica y Minería [7], y se terminó de concretar esta semana con la publicación de la resolución de la DGE”. El propio Director General de Escuelas, José Thomas, defendió la realización del curso, asegurando que “Hay que saber de todo. Y en una provincia que tiene una superficie en la que se puede hacer minería de tamaño es importante conocer lo que dice la ciencia sobre la minería”. Allí, concretamente se acusó a las Asambleas de “adoctrinamiento” y se solicitó que, esta vez, se escuche “la otra campana”. Dejaron bien en claro, así, a dónde apuntan.

La DGE, lejos de abrir el necesario debate acerca de los contenidos de la educación y las formas de enseñanza en las escuelas, impone un curso que responde a los intereses de un sector, mientras deja afuera a los demás actores sociales involucrados en la problemática que no ven posible el acceso a dar cursos u ofrecer formación dentro del ámbito escolar. El proyecto es rechazado por docentes y organizaciones socioambientales que explican que

… hay un total desconocimiento de los Diseños Curriculares, porque los contenidos sobre minería se dan, tanto en Primaria, como en Secundaria. En la Primaria se dan en el marco de temas como procesos productivos y las características de la economía de Mendoza. Es un contenido curricular. En el tema circuitos productivos se habla de explotación minera. En la Secundaria también, y también ligado a Historia. También es contenido curricular la educación ambiental. El cuidado del agua, el cuidado del planeta, sobre todo en una provincia como Mendoza, es importante.

Desde la AMPAP (las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) denunciaron inmediatamente en un comunicado público este planteo de impulsar la incorporación de contenidos de minería en las escuelas: "La integralidad de los contenidos escolares (que sí incluyen minería, señores) no puede estar atada a intereses económicos corporativos. La educación y el agua de Mendoza no se negocian".

En esta lucha desigual contra funcionarios y legisladores, monopolios, trasnacionales, legislaciones nacionales y provinciales, tenemos en nuestra historia triunfos importantes como en Mendoza o Chubut contra la megaminería, experiencias de asambleas, organización de los pueblos originarios y campesinos que frenan la usurpación de las trasnacionales y gobiernos, luchas organizadas a favor de los humedales, contra los agronegocios y la actividad petrolera. Pero también experiencias de retrocesos y adversidades como los derrames criminales contaminantes, récord de actividad sísmica en zonas que no lo son naturalmente, expulsión de comunidades de sus tierras, quemas de extensas zonas de humedales y montes nativos, muertes y enfermedades crónicas por agrotóxicos, entre otros.

El de Mendoza es un caso, de todos los diversos de avance en su discurso de “adoctrinamiento” y construcción de consenso social a favor del saqueo.

¿Educación al servicio de las megamineras?

A nivel nacional, además de leyes y resoluciones que favorecen la actividad extractivista de las megamineras, existe el aval para su injerencia en el ámbito educativo. Por un lado, la Ley de Educación Superior [8] habilita que en las universidades públicas se resuelva el déficit presupuestario con formas de financiamiento “alternativo” a cambio de prestar servicios a empresas. Con este mecanismo el gobierno no invierte, las empresas ahorran y se legaliza el saqueo desde el CONICET y los centros de investigaciones de las universidades nacionales, en los cuales muchos/as investigadores/as tienen sus cerebros al servicio de las mineras y petroleras. Al respecto, María Marta Bernabeu, profesora de Geografía de Mendoza, expresó que

…no solo en las universidades, sino también en el sistema científico nacional (CONICET) se promueven acuerdos y financiamientos con el sector privado, así como "temas estratégicos” para dicho sector, lo que lleva a que se subsidien investigaciones al servicio de las empresas. Incluso desde las autoridades se cuestionan las miradas ambientalistas, el mismo Lino Barañao que fue ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación entre 2012 y 2019, dijo que el glifosato no causa daños. Pero, a pesar de esta orientación, hay resistencias en el mismo sector, donde se han demostrado no solo el impacto en el medioambiente de actividades extractivas como la minería o del uso de agroquímicos, sino también la conflictividad que se genera en las comunidades.

En 2017, el Acuerdo Federal Minero, habilitó desarrollar la minería “con el debido cuidado ambiental” en áreas anteriormente prohibidas, como pueden ser los glaciares, pero también incluye un apartado titulado “Aspectos educativos y formativos”. Allí expresamente habilita a los Ministerios de Educación a incorporar contenidos, metodologías y formación para los niveles primario, secundario y terciario de aspectos relacionados con la minería. La fundamentación es la misma que escuchamos en estos días en Mendoza: que en las escuelas se enseña la minería como una actividad contaminante.

Los cuentos del pequeño minero

Hablar de adoctrinamiento de por sí abre la polémica. Pero en este caso, espanta. El sustento ideológico de la visión pedagógica es una nueva versión de la expresión “tábula rasa” que, de Aristóteles hasta acá, se utiliza para dar la idea que las personas no construyen conocimiento, sino que son “llenados”, como pizarra en blanco, por las ideas de otros. Pero todo esto merece un artículo aparte. Lo que sí vale aclarar aquí es que, aunque mucho se habla desde algunos sectores reaccionarios sobre “adoctrinamiento en ideologías de géneros”, o “adoctrinamientos políticos”, nada tienen para decir que una cámara empresaria, con intereses propios, de lucro y codicia, incida en los contenidos de niños, niñas y adolescentes.

La que es “paradigma minero” y ejemplo del “adoctrinamiento minero” en las escuelas, es la provincia de San Juan. Allí, más cerca de la propaganda que de la literatura, en 2016 y a poco de conocerse el segundo derrame de la Minera Barrick Gold, vecinos/as de Jáchal denunciaron el reparto gratuito de miles de libros para niños/as, con cuentos abiertamente a favor de la minería, con el auspicio del gobernador, del ministro de Minería Valentín Hensel y de la Cámara Minera de San Juan.

Con contenido simple, sin mucha calidad ni literaria ni gráfica, en sus páginas se puede leer, por ejemplo, que “Carlota visitó a los mineros de la cordillera que la cuidaron muy bien, bajó por las laderas del cerro y fue a parar al valle donde regó un parral de ricas uvas” (“La Gota Carlota”), o que la “Montaña respiró profundo y respondió: –Sí, es verdad. Pero sólo así podrás transformar el mundo y beneficiar a mucha gente convirtiéndote en autos, casas y juguetes. Medicamentos, aviones, celulares. Todo lo que rodea al hombre es minería, Piedra amiga” (“Piedra y Montaña”). Estos fueron escritos por Alejandra Araya, pareja, (no) casualmente de Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan. No podemos esperar rigor científico del mismo funcionario, que, tras el derrame de 2015 en Jáchal, dijo “podés tomar medio vaso de agua con cianuro que no te va a hacer nada”.

En función de reforzar esos mitos se pretende con estos cuentos librar una batalla por el discurso, por los significados, por la hegemonía. “Mis entrañas están llenas de riqueza para que los hombres se beneficien conmigo. No hay nada que temer”, le dice una montaña a una piedra, pero nada dicen acerca de los peligros de la contaminación, de la degradación ambiental y social. Nos preguntamos: ¿es realmente fortuito el temor cuando se habla de triturar una montaña y todo el ecosistema circundante? ¿Podemos seguir conviviendo con esta visión de que los minerales están allí, sin más, como “recursos económicos” para que el ser humano explote?

La “batalla cultural”: ¿hay lugar para todos en las escuelas?

Desde esta perspectiva pedagógica también hay que denunciar a esos sectores que reclaman el derecho a las “dos campanas” y la objetividad, pero en la práctica persiguen, amedrentan y sancionan a docentes que presentan contenidos considerados críticos y temáticas distintas a las planteadas desde las cúpulas educativas, por ejemplo, alrededor de las actividades extractivistas, o sobre Educación Sexual Integral (ESI), e incluso sobre hechos de la realidad. Es el caso, por ejemplo, de la docente de Ciencias Naturales de una escuela primaria de Trelew (Chubut) que fue acusada de “adoctrinamiento”. También han sido denunciadas docentes en Esquel por advertir sobre los riesgos para la salud de la megaminería a cielo abierto. Una docente de La Matanza fue sancionada por haber pedido a sus estudiantes una tarea de investigación sobre las consecuencias medioambientales de la megaminería. En Mendoza, desde hace años se les han cerrado las puertas a las Asambleas por el Agua para dar talleres o debates en las escuelas y también se han sancionado y amedrentado docentes por hablar del cuidado del agua y de los efectos negativos de la megaminería metalífera en el ambiente y en la población [9].

En estos momentos, lo que se pone en juego es si la educación ambiental y los contenidos sobre Geología, Mineralogía, ecosistemas, agua, etc., quedan en manos de quienes impulsan políticas extractivistas o si se puede y debe apelar a una forma de una educación y un conocimiento científico puestos al servicio de las mayorías, cuestionando, debatiendo, construyendo un saberes en forma colectiva y donde necesariamente tendremos que cuestionar e indagar causas profundas y, por lo tanto, estructurales.

Los nuevos “espejitos de colores”

Estos proyectos impulsados por las Cámaras y empresarios mineros ponen en evidencia los viejos-nuevos mitos acerca de la actividad y su “impacto social”. Por un lado, el mito de la “sustentabilidad”. Por otro, el argumento trillado de la posibilidad de generación de puestos de trabajo y el “progreso” para la zona.

Sin embargo, la realidad que experimentan los pueblos que conviven con la actividad minera desmiente en gran medida estos argumentos. Tal y como han expresado los y las Trabajadorxs de la Ciencia, la Educación y la Salud de Chubut en una carta abierta “Desde la Ciencia, la Educación y la Salud de Chubut”, en enero del 2021:

La expresión “minería sustentable” es falaz, ya que tal calificación no puede aplicarse a una actividad que utiliza explosivos para detonar millones de toneladas de tierra, emplea químicos contaminantes, demanda millones de litros de agua potable, contamina el aire, provoca cambios irreversibles en el ecosistema y en la sociedad, y se desarrolla hasta agotar los minerales que busca.

Nada menos que en Chubut, la cuarta provincia más exportadora del país (petróleo, pesca, lana y aluminio), y sin embargo la crisis social y económica que lleva años no se resuelve,con el 1,2 % de la población del país no puede garantizar ni salud ni educación a sus habitantes.

Según los datos actualizados de la Dirección de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación, Marcelo Giraud (geógrafo y miembro de las Asambleas por el Agua) manifiesta que es mentira que las regalías mineras sean significativas para la economía de San Juan. Señala que desde que empezó la explotación de la mina Veladero en 2007 hasta 2021 han representado en promedio 2,3 % del total de ingresos corrientes del Estado sanjuanino, período en el cual las regalías por hidrocarburo han sido en promedio el 8 % del presupuesto mendocino [10].

¿Sustentabilidad? ¿Progreso? ¿Trabajo? La sed de lucro inmediato del extractivismo no repara en daños. La megaminería destroza partes enteras de cuencas hídricas, que en zonas áridas y semiáridas como Mendoza, La Rioja o San Juan son vitales. La Rioja o Catamarca son las provincias con índices más altos de analfabetismo. Y Cuyo es la región con los índices más altos de pobreza del país. Fin del mito.

Claramente la cuestión ambiental no solo no puede invisibilizarse, sino que no puede reducirse al estudio geológico del suelo, o pensar los ecosistemas desde una perspectiva puramente biológica; sino que debe estar articulada, combinada, en interacción dialéctica con problemas estructurales como la falta de vivienda, los problemas alimentarios, la dificultad de acceso al agua, el problema de la basura, los desechos, etc. Pero además con las luchas y resistencias en los territorios, de las comunidades originarias y campesinas con sus conocimientos.

“Por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería”, sostuvieron investigadoras de la Universidad Nacional del Comahue, en su artículo “La megaminería y su avanzada en el campo educativo argentino” (10 de julio, 2017). Poner al descubierto las bases falsas de la “sustentabilidad” y el “progreso” ligado a la megaminería es una gran tarea pedagógica.

Ante esto las aulas no pueden estar ajenas. Los niños, las niñas, los/as jóvenes tienen derecho a ejercer su participación, ya que hablamos de sus condiciones de vida. El derecho a vivir en un ambiente sano, escrito en la Constitución Nacional (Art. 41), es una frase vacía si no se lucha por una relación más amigable y vinculante con el medio ambiente. En ese sentido, vale la pena el esfuerzo de construir puentes entre la escuela y quienes están pensando y diciendo qué mundo quieren, con quienes reclaman que no les roben el futuro.

¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? ¿Tienen derecho a dar su perspectiva aquellos que contaminan y se apropian de lo que es de todos y todas? ¿O acaso no tenemos derecho a debatir democrática, con fundamentos científicos y honestamente cómo queremos vivir? La Educación Ambiental Integral tendría que constituir un paso importante en la necesidad de hacer frente a la catástrofe socio ambiental que, a escala planetaria, estamos viviendo. Una necesidad y un derecho que parte de las propias luchas de los pueblos contra la destrucción del planeta. La que han votado, la Ley Nacional de Educación Ambiental (N.° 27621), es una verdadera hipocresía. Es un texto en el que no se menciona, ni siquiera en los fundamentos, por ejemplo, la Ley 7722. Allí, además, eliminan el Consejo Consultivo donde deberían participar organizaciones sociombientales, pueblos originarios y gremios docentes.

Es que estamos presenciando un intento de avanzada muy peligroso que nos obliga a prender alarmas y alertas. Sabemos que hay intereses y que toda educación es política. Los y las trabajadoras de la educación hemos sido partícipes de la construcción de los argumentos y el conocimiento que construyó y defendió la Ley 7722, “guardiana del agua”. Hay distintas formas de resistencia, difusión, pelea por la información, de elaboración de propuestas incluso pedagógicas, como, por dar un ejemplo, el Manual de Educación y Difusión sobre las implicancias de la megaminería, elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH, 2018). Es necesario multiplicarlas, articularlas. O la iniciativa del Observatorio Petrolero Sur para hacer comprensible para niños y niñas qué es el fracking y sus consecuencias. También la actividad política y educativa encarada por la Cooperativa Madygraf y su propuesta de reconversión ecológica y los lazos con la comunidad, como el proyecto “La experiencia de la cooperativa gráfica recuperada MadyGraf” que “tiene entre sus objetivos generales visibilizar el extractivismo y mostrar otros modos de relacionarnos con la naturaleza en los procesos productivos”. Ellos y ellas demuestran que la clase trabajadora (en toda su heterogeneidad) es la única que puede pensar y planificar, cuestionando las formas en que se produce bajo el capitalismo, una alternativa a esta lógica que lleva a la destrucción sistemática y creciente del planeta.

La escuela debería ser un ámbito de debate y creación de pensamiento crítico. Pero también sabemos que la escuela sola no puede. La experiencia nos lleva a concluir que debemos encaminarnos hacia una transformación social profunda, y que nos enfrentamos a sectores muy poderosos e impunes. Esto no va más. Por eso, junto a la juventud que se levanta, a las asambleas socioambientales y distintos movimientos independientes de lucha por el cuidado del medioambiente y los bienes comunes, junto a los y las trabajadoras que luchan y cuestionan este sistema, decimos que, si el capitalismo destruye el planeta, hay que destruir al capitalismo.


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NOTAS AL PIE

[1Giroux, H., Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje, Barcelona, Paidós, 1990.

[2Bourdieu, P. y Passeron, J. C., La reproducción: Elemento de una teoría del sistema de enseñanza, Barcelona, Laia, 1977.

[3Sacristán, G., El currículum: Una Reflexión Sobre la Práctica, Madrid, Morata, 2007.

[4Fue también en Malargüe donde las firmas Odebrecht y Techint construyeron la empresa Vale en la mina de potasio de Río Colorado con promesas, mucha expectativa, pocos requisitos, escasos estudios ambientales plagados de fallas y omisiones. Pero de un momento a otro, abandonaron el proyecto por no lograr a futuro la rentabilidad deseada dejando directa o indirectamente, más de seis mil familias sin trabajo. Desde el gobierno y las empresas responsabilizan a las organizaciones socioambientales por defender la Ley 7722 y ahuyentar inversiones. Pero lo que no quisieron ni quieren discutir es la lógica de una sed de ganancias ilimitada para unos pocos.

[6Esto se suma al fuerte reclamo del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para que sectores del departamento queden exceptuados del cumplimiento de dicha ley reguladora de la actividad minera, y de los pronunciamientos acerca de una posible explotación de Minera San Jorge en Uspallata “respetando la 7722”. En otras palabras, hay una fuerte presión, nuevamente, para modificar la “Ley Guardiana del Agua” y zonificar la provincia de Mendoza dejando ingresar la actividad megaminera, y también el fracking.

[7Dicho Foro se realizó el 17 de mayo de 2022 en el lujoso Hotel Hyatt de la ciudad de Mendoza.

[8Sancionada durante el menemismo, en 1995, con curiosa vigencia. Se puede leer sobre la el financiamiento e ingerencia de las mineras acá.

[9Adolfo Pérez Esquivel le dirigió una carta al entonces Ministro de Educación Esteban Bullrich, en el que le cuestionaba que: “plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer” (31 de mayo del 2017).

[10Es decir, que entre 2007 y 2021, y expresadas en dólares deflactados a junio 2022, Mendoza recaudó por regalías un monto total 6 veces mayor que San Juan. Agrega que el Estado sanjuanino no se financia básicamente con regalías ni impuestos provinciales, sino en aproximadamente 70 % con transferencia de fondos nacionales según la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos y complementarias. Por ese régimen, San Juan recibe, por cada habitante, más del doble de recursos nacionales que Mendoza, y con eso, no con minería, pudo construir diques y pagar salarios (un poco) mayores que Mendoza.
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Virginia Pescarmona

@virpes
Docente de la Corriente 9 de abril/Lista Bordó del SUTE

María Marengo

Historiadora. Asamblea Maipucina por el Agua, Mendoza.