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Explosión en Córdoba: desidia empresarial y complicidad estatal

Martes 11 de noviembre de 2014 | Edición del día

La explosión en Alta Córdoba deja al descubierto la complicidad del Estado en este siniestro

La explosión en la empresa Raponi Industrial Química, ocurrida el jueves último en Córdoba, puso nuevamente en el tapete el rol del Estado y los gobiernos en cuánto a habilitaciones y permisos para la instalación de industrias.

Ya se corroboró que la fábrica Raponi almacenaba en sus galpones sustancias altamente inflamables como alcohol etílico y butanol, entre otros. Incluso lo publicitaba en Páginas Amarillas para venderlos libremente. Ahora, tras la explosión en Alta Córdoba, los gobiernos provincial y municipal vienen a “descubrir” que hay por lo menos 200 empresas que violan todas las ordenanzas referidas al uso del suelo y al impacto ambiental.

La Voz de Interior, como era de esperarse, aborda el tema de la explosión dedicándole varias páginas de análisis. A través de sus columnistas, este domingo, el periódico cordobés pretende igualar la responsabilidad de los vecinos a la de los Estados provincial y municipal. Edgardo Litvinoff nos dice que “nos duele admitirlo, porque somos parte de eso: ayudamos cada día a la degradación de esta ciudad, tenemos los controles y las autoridades que nos merecemos…”

Tenemos que recordarle a Litvinoff que los vecinos de Alta Córdoba vienen denunciando desde hace trece años la Química Raponi por el manejo de productos tóxicos, como relata Alejandra en esta nota de La Izquierda Diario.

En la misma sintonía, Eduardo Bocco en su columna, se lamenta de la “desidia” y afirma que no hay control ni autocontrol. A continuación sentencia: “es el Estado, y somos nosotros cada vez más cautivados por mirarnos el ombligo, sin ver lo que pasa más allá de nuestras narices… Es estéril seguir ejerciendo la práctica de pararse en las esquinas a despotricar contra el otro, desnudar las miserias ajenas o vapulear a los gobernantes. No sirve. Lo bueno sería empezar por uno mismo. Y ya. ”

Bocco, además, se horroriza con el hecho de que recién este lunes, la Empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cenea), Dioxitex sería clausurada por la Municipalidad. Dioxitex está ubicada a pocas cuadras de la Química Raponi, en pleno corazón del barrio Alta Córdoba, y se dedica a elaborar combustible para las centrales nucleares (tratamiento de uranio). Sobre esta empresa pesa una orden de clausura desde el año 2012, que nunca se hizo efectiva por el acuerdo entre el Intendente Mestre y el gobierno nacional, vía Julio De Vido.

Lo que se ve fatalmente es a los gobiernos de De La Sota y Mestre “tirándose la pelota” uno a otro y corriendo una carrera de velocidades para ver quién es el que muestra primero que las habilitaciones que ellos mismos otorgan, están en regla.
Que, a lo sumo, fueron engañados por un empresario inescrupuloso. Una burla hacia la población cordobesa.

Lo cierto es que ambos, helicóptero incluido a lo Berni, se hicieron presentes en el lugar de la explosión. Pero las medidas reales quedaron mucho más cerca de lo que fueron las palabras. Sólo se limitaron a ofrecer la eximición de impuestos a las familias damnificadas para el año 2015 y un irrisorio crédito de $ 20 000, a devolver contante y sonante.

Pero, muchos vecinos afectados los rechazan. “¿Por qué tengo que pagar un crédito si yo no tuve la culpa de nada?” se escucha entre los damnificados. Otros han empezado a denunciar en los medios que las medidas resueltas por los gobiernos no se aplican: no se sabe cuáles son los lugares destinados a la adquisición de materiales y hay funcionario que le informan a la gente que ella misma debe comprar los materiales para reparar sus casa, señalando que sólo les devolverán una parte de esos gastos. Como se ve, después de la desidia, vienen el abandono y la impunidad.

Nota aparte merece el cinismo de los gobernantes que eximen de impuestos a los damnificados por solo un año mientras en Córdoba se mantienen en pie los subsidios y exenciones impositivas a las multinacionales automotrices y otras empresas por diez años, según, acorde a la Ley de Promoción Industrial. Una muestra más de donde van a los recursos fiscales de la provincia. A De La Sota y Mestre no les importan las 450 familias que ven sus casas y muebles destruidos. Ellos son los garantes de las ganancias de los grandes empresarios del campo y la ciudad que gobiernan esta provincia.







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